viernes, 28 de mayo de 2010

La prueba de la enfermedad ocupacional en el proceso laboral

LA PRUEBA DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
EN EL PROCESO LABORAL
Carlos J. Sarmiento Sosa
IN MEMORIAM
En días recientes se marchó en camino sin retorno. Amigo de verdad, de los que se llevan en el corazón, como él llevaba a sus amigos y a quienes ahora nos toca retener su imagen en el recuerdo. Se llamaba y se llamará por siempre: Samuel Quevedo Casas.
SUMARIO
Introducción; I. Comprobación, calificación y certificación de la Enfermedad; II. El proceso administrativo; II.1. Iniciación del proceso: La declaración ante el INPSASEL; II.2 Desarrollo del proceso; II.3 Terminación del proceso; II.4. Recursos contra el Informe; II.4.1. Legitimación para impugnar el Informe; III. El proceso judicial por reclamote indemnizaciones derivadas de la Enfermedad; III.1. Prueba de la Enfermedad: El Informe; III.2. El Informe como documento; III.3. El artículo 76 de la LOPCYMAT; A. El documento público; B. El documento privado; C. El documento público administrativo; IV. Conclusiones


Introducción
Se entiende como enfermedad, desde el punto de vista médico, un proceso y el status consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. El estado y/o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: estos factores se denominan noxas (del griego nósos: «enfermedad», «afección de la salud») .
Es de suponer que en toda actividad que implicara laborar, en cualquier tiempo de lo que se llamaría antigüedad, se producirían enfermedades que flagelaban a quienes la desempeñaban; pero es con la revolución industrial, cuando comenzaron a presentarse alteraciones en la salud de aquellos que desempeñaban determinadas labores en una empresa, lo que obligó a las incipientes organizaciones administrativas estatales autoridades a estudiar la problemática que se presentaba y que podía convertir en un problema social. Así nació la denomina enfermedad profesional, entendida como una enfermedad adquirida en el puesto de trabajo por un trabajador por cuenta ajena. Modernamente, se considera que la enfermedad profesional es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentre obligado a trabajar, y aquellos estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y emocionales que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes, controlados en el ambiente de trabajo .
Esta situación dio origen a que, a raíz de su creación, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”) aprobara distintos convenios destinados a reglamentar, dentro de la normativa del derecho internacional, la enfermedad profesional que luego se someterían a la ratificación de los países afiliados a esa organización. Así, existen el “Convenio sobre las enfermedades profesionales”, adoptado el 10 de junio de 1925 y revisado a través del Convenio 42 en 1934 y el “Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, adoptado el 8 de julio de 1964.
Ahora bien, independientemente de la ratificación que pueda hacerse de los Convenios de la OIT, cada país, en uso de la soberanía está en libertad de incorporar a su derecho interno las normas contenidas en aquellos convenios de la OIT en la forma como mejor considere. En el caso Venezuela, en 1986, promulgó la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (“LOPCYMAT”) en la cual se incluyó el artículo 28, destinado a regular las enfermedades profesionales, entendidas, a los efectos de esta Ley, como los estados patológicos contraídos con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar; y aquellos estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y emocionales que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes, contraídos en el ambiente de trabajo que señalen la reglamentación de la presente Ley, y en lo sucesivo se añadieren al ser aprobada su inclusión por el organismo competente.
Posteriormente, la LOPCYMAT quedó derogada por la ley del mismo nombre promulgada en la G. O. No. 38.236 del 26 de julio de 2005 en cuyo artículo 70 se define la enfermedad ocupacional (“Enfermedad”) en lugar de la enfermedad profesional, en los siguientes términos:
Se entiende por enfermedad ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.
Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales establecidas en las normas técnicas de la presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia de salud.
Cuando se presenta una Enfermedad que afecte a un trabajador, la LOPCYMAT establece la autoridad competente para comprobar, calificar y certificar la patología y, posteriormente, se establezca el monto del resarcimiento al que es acreedor el trabajador conforme a lo dispuesto en los artículos 79 a 83 de la LOPCYMAT.
Ahora bien, ante un desacuerdo de las partes para satisfacer las aspiraciones del trabajador, éste está titulado para plantear su acción a través del proceso laboral regulado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (“LOPTRA”) ante los jueces con competencia laboral, a quienes corresponderá dirimir la controversia, por lo que, este ensayo se referirá a la prueba de la Enfermedad en el proceso, pues, siendo las lesiones que afecten al trabajador la base fundamental de su pretensión, ha demostrar en litigio la existencia de la patología que le afecta.
I. Comprobación, calificación y certificación de la Enfermedad
Conforme indica el artículo 73 de la LOPCYMAT, el patrono debe informar de la ocurrencia del accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (“INPSASEL”), el Comité de Seguridad y Salud Laboral (“CSSL”) y el Sindicato; y en el único aparte de esa misma norma se agrega que la declaración formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales deberá realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.
De acuerdo a lo expuesto, cuando se presenta una enfermedad -que es el tema al que circunscribe este ensayo- debe hacerse una declaración formal de ésta ante el INPSASEL dentro del plazo indicado, la cual, según el artículo 74, podrá ser hecha por el propio trabajador, sus familiares, el CSSL, otro trabajador, o el Sindicato, o también, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la LOPCYMAT (“RLOPCYMAT”), por el patrono, cooperativa u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al diagnóstico de la enfermedad, en formatos elaborados por el INPSASEL. No obstante, el INPSASEL podrá iniciar de oficio la investigación como indica el artículo 85 del RLOPCYMAT, norma que también faculta al trabajador, sus familiares, el CSSL, el delegado de prevención o cualquier otro trabajador para realizar la notificación.
Ahora bien, la notificación de la enfermedad ocupacional no es suficiente. En efecto, el trabajador a quien se le haya diagnosticado la enfermedad, deberá acudir al INPSASEL para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la dolencia, como señala el artículo 75 de la LOPCYMAT, con el objeto de que el INPSASEL, previa investigación, y mediante informe, compruebe, califique y certifique el origen de la enfermedad, como pauta el artículo 76. Por consiguiente, todo ello implica un proceso administrativo que culmina con el informe (“Informe”) emita el INPSASEL, por disposición del mismo artículo 76, tendrá el carácter de documento público.
II. El proceso administrativo
Como se ha mencionado supra, los artículos 75 y 76 de la LOPCYMAT encomiendan al INPSASEL la realización de las evaluaciones que, previa investigación, permitan determinar la comprobación, calificación y certificación de la Enfermedad. Por consiguiente, para iniciar el proceso administrativo que ha de concluir el Informe, ha de cumplirse con una serie de trámites que no han sido pautados por la LOPCYMAT, por lo que es preciso llenar la laguna con la normativa que, sobre el proceso administrativo, contiene la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (“LOPA”) en su artículo 47, al indicar que se aplicará el procedimiento administrativo en ella previsto cuando las leyes especiales no hayan establecido sus respectivos procedimientos.
II.1. Iniciación del proceso: La declaración ante el INPSASEL
Conforme a lo expuesto, el proceso administrativo para la comprobación, calificación y certificación de la enfermedad se inicia cuando cualquiera de los sujetos que han sido legitimados por el artículo 74 de la LOPCYMAT y por los artículos 84 y 85 del RLOPCYMAT hagan la correspondiente denuncia ante el INPSASEL, en cuyo caso deberá éste recibir la declaración y formar el expediente administrativo como ordenan los artículos 31, 32, 34 y 35 de la LOPA y, finalmente, dictar el acto administrativo contentivo de el Informe que la LOPCYMAT, en su artículo 76, denomina informe de certificación de enfermedad ocupacional, en culminación del proceso administrativo.
II.2 Desarrollo del proceso
Asimismo, las partes involucradas deben estar a derecho, es decir, notificadas de la iniciación del proceso por la interposición de la declaración, a fin de garantizar el debido proceso de los interesados, consagrado en el artículo 49 de la Constitución quienes, según el artículo 59 de la LOPA, tienen el derecho de examinar en cualquier estado o grado del proceso, leer y copiar cualquier documento contenido en el expediente, así como de pedir certificación del mismo, con excepción de los documentos calificados como confidenciales.
II.3 Terminación del proceso
Ahora bien, como se trata de un proceso administrativo que consta, como todo proceso , de las fases de inicio, desarrollo y terminación, el informe que certifique la Enfermedad, es un acto administrativo, entendido como aquella declaración emanada de los órganos del Estado actuando en ejercicio de la función administrativa y que producen actos jurídicos, como ha sostenido Eloy Lares Martínez y que ha dado origen a que el artículo 7 de la LOPA entienda por acto administrativo toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración pública.
II.4. Recursos contra el Informe
Pero si el Informe que certifique la Enfermedad es un acto administrativo, puede, por tanto, ser objeto de revisión como lo dispone el artículo 77 de la LOPCYMAT al expresar que el trabajador afectado, el patrono del trabajador, los familiares de éste establecidos en el artículo 86 y la Tesorería de Seguridad Social podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del INPSASEL, o sea:
A. Recursos administrativos:
A.1. de reconsideración.
A.2. Jerárquico.
A.3. De revisión.
B. Recurso contencioso administrativo de anulación.
Los recursos administrativos se proponen en sede administrativa, como pauta la LOPA, y el recurso contencioso administrativo de anulación se intenta ante los Tribunales Superiores del Trabajo con alzada ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (“SCS-TSJ”), hasta tanto se cree la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, como indica la disposición transitoria Séptima de la LOPCYMAT y ha sido interpretado por las Salas Constitucional (“SC-TSJ”) y Político Administrativa del Tribunal Supremo Justicia (“SPA-TSJ”) .
En cuanto a la vía a utilizar para plantear la impugnación, la SCS-TSJ ha determinado que el justiciable puede escoger entre acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o el ejercicio de los recursos administrativos “[…] por cuanto los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de sus destinarios desde que son dictados, por su carácter de ejecutividad y ejecutoriedad el interesado puede dirigirse a la sede judicial sin necesidad de agotamiento de la vía administrativa, pues esto último constituiría una interprestación contraria al principio constitucional pro actione (artículo 26 constitucional)”.
II.4.1. Legitimación para impugnar el Informe
La impugnación de la certificación dependerá del contenido de la decisión, es decir, de lo que haya determinado el Informe sobre la comprobación de la Enfermedad. En otras palabras, si la dolencia no fue comprobada, serán el trabajador afectado, sus familiares y la Tesorería de la Seguridad Social quienes deben ostentar la legitimación requerida, es decir, interés personal, directo y actual, para intentar los recursos administrativos o el recurso judicial y, hasta tanto quede firme el Informe que certifique la Enfermedad, el trabajador no podrá formular reclamo alguno de sus pretendidos derechos.
Por el contrario, si el Informe fuere impugnado por el patrono por haber comprobado y declarado la Enfermedad, la interposición de los recursos no suspenderá la ejecución de la certificación y, por consiguiente, el trabajador podrá exigir su ejecución salvo que el patrono haya solicitado y obtenido, previa constitución de caución suficiente, la suspensión de efectos del acto, de conformidad como dispone el artículo 78 de la LOPA.
Por tanto, la suspensión del acto administrativo procedería en dos supuestos, a saber: que cause un grave perjuicio al recurrente, o que la impugnación se haya fundamentado en la nulidad absoluta del acto.
A. La suspensión por causa de un grave perjuicio
Con respecto a la presunta causa de un grave perjuicio, en efecto, la ejecución del acto administrativo contenido en el Informe podría perjudicar los derechos e intereses del patrono porque éste tendría que aceptar la firmeza del acto y su ejecutoriedad y, de no hacerlo, el trabajador podría solicitar judicialmente el pago de sus derechos, con lo cual sería de esperar una sentencia judicial que, al apreciar el Informe, tendría que declarar con lugar la demanda; y podría ser que, luego de haber sido ésta ejecutada, el recurso que hubiere interpuesto el patrono contra el Informe resultara en la anulación de éste, con lo cual sus derechos quedarían definitivamente afectados. Por consiguiente, lo procedente sería que el patrono, al momento de impugnar administrativa o judicialmente el Informe, solicitara la suspensión de los efectos de ésta y, el funcionario administrativo, o el juez, racionalmente debería solicitar una caución y acordar la suspensión solicitada.
B. La suspensión fundamentada en la nulidad absoluta del Informe
Con respecto a la impugnación fundamentada en la nulidad absoluta de la certificación, habría que considerar si se dan los supuestos de nulidad contenidos en el artículo 19 de la LOPA, lo que viciaría la certificación. En este sentido, Alexis Villegas Alba plantea dos supuestos de procedencia de la nulidad:
a) Que la certificación haya sido dictada por los médicos ocupaciones del INPSASEL, quienes no tienen competencia para ello; y
b) Que en la tramitación de la certificación se obvie el procedimiento establecido por la LOPA. En estos casos y en los previstos en el artículo 19 de la LOPA, por tanto, sería procedente que la autoridad administrativa o el juez acordara la suspensión del acto administrativo de la certificación sin requerir caución previa.
III. El proceso judicial por reclamo de indemnizaciones derivadas de la Enfermedad
Con independencia de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, en el caso de la Enfermedad, el patrono deberá pagar al trabajador, o a sus derechohabientes, una indemnización en los términos establecidos en la LOPCMAT, y por daño material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código Civil, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Código Penal, tal como dispone el artículo 129 de la LOPCYMAT. Por consiguiente, en caso de desacuerdo entre las partes, el trabajador podrá acudir a los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo para proponer su demanda, como indica el mismo artículo.
III.1. Prueba de la Enfermedad: El Informe
Incumbit probatio qui dicit, no qui negat, dice la antigua máxima romana, recogida, como principio general de derecho procesal, en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y que, por razón de su especialidad, está reflejada en el derecho procesal laboral en el artículo 72 de la LOPTRA al expresar que, salvo disposición especial en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos, aclarando que el patrono, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo, mientras que el trabajador, cuando le corresponda, probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal, sin perjuicio, como ha expresado la SC-TSJ , de la potestad del juez de hacer uso de la facultad contenida en el artículo 71 de la LOPTRA, en la medida en que las pruebas aportadas por las partes sean insuficientes para generarle convicción respecto al asunto sometido a decisión, pero nunca para suplir las faltas, excepciones, defensas y/o cargas probatorias que tienen cada una de las partes del proceso.
En seguimiento de estos principios probatorios, en el caso de la acción intentada por un trabajador que pretenda ejercer sus derechos judicialmente, derivados de la Enfermedad, tendrá que probar su pretensión e incorporarla al proceso porque, como afirman Guasp y Aragoneses , las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para la emisión de su fallo. En este orden de ideas, y conforme se ha visto supra, la prueba de la Enfermedad se materializa en el Informe como documento que justifica la existencia de la patología que afecta al trabajador.
Ahora bien, siendo el Informe una prueba material, hay que hacer de ella una prueba procesal, o sea, que hay que dirigirla, como dicen Guasp y Aragoneses , a producir la convicción psicológica del juez con respecto a un dato o conjunto de datos procesales, esto es, la Enfermedad alegada como fundamento de la pretensión.
III.2. El Informe como documento
Determinado que el informe es una prueba procesal, no cabe duda de que se trate de una prueba documental porque en ella consta, por escrito, una expresión en signos materiales y permanentes del lenguaje, cuya fuente, en el derecho venezolano, se encuentra en los artículos 1355 y 1356 del Código Civil . Por consiguiente, el Informe es un documento.
III.3. El artículo 76 de la LOPNA
Determinado que el Informe es un documento o instrumento porque contiene una representación escrita, el artículo 76 de la LOPCYMAT dispone que el Informe tenga el carácter de documento público. Por tanto, es necesario constatar si, en efecto, el Informe es un documento público, para lo cual hay que recurrir a las fuentes de la prueba por escrito que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1356 del Código Civil, es la que resulta de un instrumento público o de un instrumento privado; y también verificar su carácter a la luz de la doctrina de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (“SPA-CSJ”) que definió la noción de los documentos públicos administrativos, como aquellos que conforman una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y por tanto, no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos, ni a los documentos privados, y que Luis Alfredo Hernández Merlanti ha denominado documento público de tipo estatal cerrado, en el que no participan los particulares interviniendo en un negocio jurídico.
A. El documento público.
Según el artículo 1357 del Código Civil, “instrumento público es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultades para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.
De acuerdo a esta transcripción, la doctrina ha establecido que las circunstancias necesarias para que un instrumento tenga el carácter de público y haga fe erga omnes, vale decir entre las partes y frente a terceros, son tres: a) el cumplimiento de todas las formalidades legales que la ley prescriba al efecto; b) la presencia y autorización del funcionario público competente; y c) la actuación en el lugar donde ejerza su función el expresado funcionario público.
No obstante este criterio tradicional y pacífico, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (“SCC-TSJ”) ha calificado a esta especie de documento como documento público negocial, es decir, aquel contentivo de negocios jurídicos de los particulares, que ha sido formado por un funcionario competente actuando en ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, la expresión documento público negocial se refiere al documento público definido en el artículo 1357 del Código Civil.
En cuanto a la oportunidad procesal en la cual debe aportarse los documentos públicos, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) dispone que aquellos que no sea obligatorio presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434 , podrán producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes.
En el novedoso proceso laboral venezolano, la oportunidad de promoción de pruebas para ambas partes es en la audiencia preliminar, no pudiendo promoverlas en oportunidad posterior salvo excepciones establecidas por la propia LOPTRA y, en el caso concreto del documento público o documento público negocial, nada dice este texto legal acerca de cuándo ha de aportarse a los autos, por lo que habría que aplicar supletoriamente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 y 70 de la LOPTRA, las reglas contenidas en los artículos 434 y 435 del CPC, o sea, si el documento público no es fundamental para la pretensión del trabajador, habría que acompañarlo al libelo; y si el trabajador hubiere indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o que los documentos públicos sean de fecha posterior, o que aparezca, si son posteriores, que el trabajador no tuvo conocimiento de ellos, son oponibles en segunda instancia como lo ha declarado la SC-TSJ , hasta la conclusión de la audiencia oral.
Este es, pues, el modo de proceder para promover un documento público en el proceso laboral.
B. El documento privado
Documento privado es aquel que no pertenece, por su esencia, a la esfera del ordenamiento jurídico público, sino a la del privado, pudiendo ser caracterizado, por exclusión como aquel que no ha sido autorizado por un funcionario con facultad para darle fe pública, como lo define Sarmiento Núñez , quien agrega que, conforme al artículo 1358 del Código Civil, quedan incluidos dentro de esta categoría los instrumentos que no tienen fuerza de públicos por incompetencia del funcionario o por defecto de forma, cuando han sido firmados por las partes.
La doctrina ha distinguido como documentos o instrumentos privados todo escrito, firmado o no, que pueda servir para dar constancia de algún hecho o acto y en cuyo otorgamiento hayan sido llenados los requisitos que la ley exige para los que sean públicos, distinguiendo, por consiguiente, entre documentos suscritos, o sean, los instrumentos privados propiamente dichos, y los documentos no suscritos son aquellos no firmados por las partes que pueden hacerse valer en juicio como prueba o principio de prueba por escrito, como los libros de los comerciantes, los registros y papeles domésticos, las anotaciones puestas por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de un título de crédito, de un recibo precedente o del duplicado de un título personal del deudor, y las cartas misivas y los telegramas escritos de puño y legra de su autor y enviados por éste a su destino a la Oficina telegráfica correspondiente .
La doctrina de la SCS-TSJ ha aportado una nueva clase de documento que se asemeja al privado y es aquel que emana de la administración pública pero que carece de certificación, como es el caso de los Manuales o Instructivos. Así, al apreciar el denominado “Manual del Jubilado” de la Corporación Venezolana de Guayana Electrificación del Caroní, C.A., (EDELCA), contentivo de material informativo sobre las distintas etapas del proceso de jubilación y los beneficios del personal jubilado, tanto en la etapa activa, como en la sucesoral, entre ellos, el Plan de Ayuda Económica para Estudios Universitarios, la SCS-TSJ consideró que dicha documental no está certificada por un funcionario público, ni constituye un documento público negocial -de los permitidos evacuar en el juicio civil hasta la etapa de informes, aplicado por remisión del artículo 11 de la LOPTRA-, sino que a la luz del derecho civil, reviste la naturaleza de instrumento privado.
Modernamente, habría que incluir dentro de la categoría de documentos privados la correspondencia electrónica que se rige por la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas , en cuyo artículo 40 se atribuye a los mensajes de datos y firmas electrónicas el valor probatorio que la ley consagra para los instrumentos escritos.
En cuanto a la oportunidad procesal en la cual debe aportarse los documentos privados en el proceso civil, el artículo 434 del CPC dispone que aquellos que sean fundamentales de la acción, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente la acción deducida, deben presentarse con la demanda; y los restantes, dentro de los quince (15) días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse, dentro de ese lapso, dónde deben compulsarse.
En el proceso laboral venezolano, la oportunidad de promoción de pruebas, en este caso, de los documentos privados, es en la audiencia preliminar, cuando pueden consignarse siguiendo lo pautado en los artículos 77, 78 y 79 de la LOPTRA, y, de no hacerlo así, no podrán ser promovidos en oportunidad posterior. Así se deduce de lo expresado por la SCS-TSJ al afirmar que cuando un documento, a la luz del derecho civil, reviste la naturaleza de instrumento privado, la prueba instrumental ha ser promovida en la etapa procesal correspondiente a efectos de garantizar la igualdad procesal y el debido proceso y poder obtener valor de plena prueba; y la etapa procesal correspondiente, en el proceso laboral es, como se ha visto, en la audiencia preliminar.
C. El documento público administrativo
Como se vio supra, la noción del documento público administrativo, o documento público de tipo estatal cerrado conforma una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y por tanto, no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos, ni a los documentos privados.
Para 1998, como informa Carlos Rafael Pérez Merchán , existían criterios disímiles en relación a la naturaleza de los documentos administrativos y la oportunidad en que los mismos debían ser promovidos y evacuados en juicio. Algunos los asimilaban a los instrumentos públicos, caso en el cual podían ser presentados hasta los informes; otros, por el contrario, los equiparaban a los documentos privados, por lo cual debían ser presentados dentro del lapso de promoción de pruebas. Sin embargo, la cuestión fue dilucidada por la SPA-CSJ al sentenciar que los documentos públicos “...conforman una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y por tanto, no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos, ni a los documentos privados. La especialidad de los antecedentes administrativos radica, fundamentalmente, en que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, pero tal presunción puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario...”.
La SCC-TSJ , recientemente y en seguimiento por lo asentado por la SPA-CSJ, ha definido descriptivamente los documentos públicos administrativos como aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.
En la forma expuesta, y a través de la doctrina judicial, se ha incorporado el documento público administrativo como un instrumento distinto al documento público al que se refiere el artículo 1357 del Código Civil y, por tanto, también distinto al documento privado. Esto significa que, en el derecho venezolano, coexisten tres tipos de instrumentos: el documento público, el documento privado y el documento público administrativo.
En el caso del Informe, se observa que se trata de un acto administrativo que:
a) Resuelve una controversia emanada por la declaración en un proceso administrativo.
b) Es suscrito por un funcionario público autorizado para ello.
c) Pone fin a un proceso administrativo.
Ahora bien, cuando se quiere hacer probar la existencia del acto administrativo contentivo del Informe, es preciso acreditarlo con un ejemplar del acto que lo contenga, o con una copia certificada del mismo; y cuando se pretende que ese acto surta efectos en un proceso laboral, es preciso incorporarlo a los autos de la manera que pauta la LOPTRA, pero, para ello, hay que advertir que, siendo un documento público administrativo, que no es de la misma especie que el documento público negocial, como ha denominado la doctrina judicial al documento definido en el artículo 1357 del Código Civil, hay que tomar en consideración la advertencia que al respecto ha hecho la SCC-TSJ al sostener que si bien el documento público puede producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes, no así los documentos públicos administrativos porque se crearía una desigualdad extrema para la contraparte del promovente del documento público administrativo, producido luego de precluido el lapso probatorio ordinario.
Al trasladar estos criterios, es decir, el del documento público administrativo y su forma de promoción en litigio al proceso laboral, hay que determinar la forma de su incorporación y pueda surtir sus efectos en la litis. Al respecto, hay que observar si el trabajador tiene en su poder el Informe pues, en ese caso, deberá promoverlo en la audiencia preliminar.
Si, por el contrario, el trabajador no cuenta con el físico del Informe, podrá anunciarlo en la audiencia preliminar y traerlo a juicio hasta que concluya la audiencia del juicio. Así se deduce de lo resuelto por la SPA-CSJ y la SCC-TSJ que, en resumen, concluyeron en que el documento público administrativo puede ser traído a juicio en el proceso civil durante el lapso probatorio ordinario mas no como el documento público, que puede ser opuesto hasta los últimos informes.
IV. Conclusiones
La legislación procesal venezolana garantiza la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución y demás leyes, para lo cual el juez laboral, que es el rector del proceso, debe orientar su actuación dentro de determinados principios, entre ellos el de equidad, teniendo por norte de sus actos la verdad. Así se dispone en los artículos 1, 2 y 5 de la LOPTRA.
Dentro de esas garantías que la LOPTRA confiere a los trabajadores está precisamente encuadrada la garantía de que éstos, al acudir a ejercer sus derechos derivados de la Enfermedad, gocen de las ventajas procesales que implican el que el juez garantice sus derechos y oriente su actuación dentro de los principios señalados.
De esta manera, cuando el trabajador afectado por la Enfermedad no ha logrado una solución para la satisfacción de sus pretensiones, que tiene que recurrir al proceso judicial. Sin embargo, como se ha visto en este ensayo, el trabajador, luego de diagnosticada la Enfermedad, y antes de ir a la instancia judicial debe iniciar el proceso administrativo ante el INPSASEL para que se determine y certifique su enfermedad a través de la emisión del Informe que certifique la existencia de la patología que le afecta.
Pero el Informe es un acto administrativo y, como tal, está sujeto a recursos administrativos y al recurso contencioso administrativo de anulación, que pueden terminar en una actuación confirmatoria de la administración o en una revocatoria. En el primer caso, el Informe resultaría en un acto administrativo firme, mientras en el segundo caso el INPSASEL tendría que emitir un nuevo Informe.
Ahora bien, como los actos administrativos son de ejecución inmediata, el patrono podría hacer suspender los efectos del Informe como pauta la LOPA, en cuyo caso el acto no podría ejecutarse y los derechos del trabajador estarían a resguardo con la garantía que la autoridad administrativa exija al recurrente. Entretanto, no podría el trabajador proponer su acción ante los tribunales con competencia laboral porque el acto administrativo se encontraría suspendido.
No obstante, pudiera suceder que la autoridad administrativa no suspendieralos efectos del acto, o simplemente que el patrono no recurrió de él y quedó firme. Entonces, el trabajador podría proponer su acción judicial y en la audiencia preliminar promover, como prueba, el Informe, el cual deberá ser apreciado por el juez en toda su integridad.
Si se diera el caso de que el trabajador no ha obtenido el Informe, podría anunciar su existencia en la audiencia preliminar dejando constancia de los datos que componen el acto administrativo y tendría hasta el final de la audiencia del juicio para presentarlo.
Estas son, como conclusiones dentro del espíritu de equidad y en búsqueda de la verdad, las consideraciones generales acerca de lo tratado en este ensayo, con lo cual se desvirtúa cualquier intento no ajustado a la legislación laboral de darle otra carácter jurídico al Informe, distinto al de un documento público administrativo que, en ningún caso, puede ser catalogado como otro medio de prueba de los autorizados por la LOPTRA y el CPC. Suponer, por ejemplo, que el Informe es una experticia, no pasa de ser una aberración jurídica porque si bien esta prueba habría que evacuarla en la fase probatoria del proceso administrativo, su resultado forma parte de este proceso, que culmina con el acto administrativo que es el Informe. Tampoco podría desvirtuarse la naturaleza jurídica de acto administrativo de ese informe y pretender impugnarlo, dentro del proceso judicial, a través de la tacha, porque no es un documento público ni un documento privado. Se trata de un documento público administrativo.
Caracas, Santa Fe Sur, 2009.

PUBLICADO EN “SOBRE DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL”. Editor: Fernando Parra Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos No. 23, Caracas, 2009.

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