domingo, 20 de noviembre de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE NOVIEMBRE 2016

Al doctor Pedro Manuel Arcaya Urrutia, distinguido abogado de intachable y reconocida trayectoria en el mundo financiero y de los seguros, digno heredero de su padre, el doctor Pedro Manuel Arcaya, y excelente amigo de los Sarmiento. In memoriam.

A 20 AÑOS DE TU PARTIDA A LA ETERNIDAD
Querido papá:
Debo decir a voz en cuello, y con la frente en alto, que  sigues siendo para nosotros -tus hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, familiares y amigos-  ejemplo perenne de rectitud y honestidad profesional, de hombre de bien que nos llena de orgullo cuando tu nombre es invocado como paradigma del  magistrado que no debe doblegarse ante el poder ni aun en las peores circunstancias sino  mantenerse imparcial e independiente como tú, José Gabriel Sarmiento Núñez, lo hiciste, en tu condición de magistrado de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, cuando sostuviste la preeminencia del derecho frente a la política, pese a que la República civil era acosada por la lucha armada decretada por la guerrilla castro-comunista contra la democracia venezolana nacida a raíz del 23 de enero de 1958; y adquiere más valor tu memorable conducta cuando, en estos tiempos, empíricos leguleyos capeados de toga y birrete cumplen funciones de jueces y magistrados rindiéndose ante el poder político para unirse a éste en una sola voz que se expresa a través del colaboracionismo de poderes, la antítesis de la doctrina del barón de Montesquieu que desarrolló la división de poderes como garantía de equilibrio de los mismos y que hoy conocemos como un  sistema “de pesos y contrapesos”, cuya principal característica es que preserva la libertad de los ciudadanos.
Hoy, como en ningún tiempo pasado, tu figura resplandece dentro del templo de la Justicia y encandila a esos tinterillos y mujiquitas, réplicas siniestras de los sanguinarios verdugos de la Santa Inquisición.
Lux perpetua luceat tibi.
  
ENTONAR UN MEA CULPA
Horas de horas ha dedicado el mundo a la controversial campaña electoral norteamericana en la que millones de un lado se pronunciaban por Donald Trumpp,  cuestionado y extravagante empresario de cuantiosa fortuna,  mientras otros lo hacían por Hillary Clinton, ex Fist Lady y ex Secretaria de Estado de USA, hasta que finalmente el primero alcanzó la meta en los Colegios Electorales, quedando a la segunda el premio de consolación de haber obtenido mayor número de votos directos que su contrincante.
Es natural que ese dispendio de tiempo suceda porque, se quiera o no, se trataba de las elecciones para seleccionar al Presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, admirado por unos cuantos millones y odiado por otros tantos, en medio de un ambiente que anticipaba que la desafiante dama se impusiera sobre un individuo que caía pesado por su arrogancia y planta populista, a pesar de que, para congraciarse, se pronuncie mansamente a favor de la unidad de todos los norteamericanos cuando ha sido el autor de la profundización de la división entre los ciudadanos de la gran nación del Norte, como otrora hiciera en Venezuela el comandante galáctico ya fallecido.
Pero como es hora de esperar por la toma de posesión y los expectantes primeros 100 días de gobierno del Presidente electo, a este escribidor se le ha ocurrido reflexionar sobre la candidata perdedora. En efecto, de acuerdo a la voluminosa información que sobre Hillary hay en la internet, ella ha sido una mujer que desde sus tiempos universitarios tuvo interés en la política y que tan pronto pudo se instaló en Washington para luego irse a la provinciana Arkansas donde empuja a su marido hasta colocarlo en la Gobernación del Estado, para regresar después a la capital federal con el esposo como ocupantes de la White House por dos períodos, donde disfrutó las maduras y sufrió las verdes, particularmente con el caso de acoso sexual del que fue acusado el Presidente de los Estados Unidos,  y que, con estoica actitud, no solamente soportó sino que hasta ayudó a su cónyuge a salir ileso de ese brete, manteniendo más tarde el bajo perfil hasta que los Obama desalojaran a los Clinton de la residencia presidencial por la voluntad popular de los electores, pero llevándose el trofeo de ser designada Secretaria de Estado, la máxima autoridad diplomática norteamericana.
Como se ve, una vida volcada a la política, con sus altos y sus bajos, en las buenas y en las malas, pero con una voluntad de poder que claramente dejaba expuesta que Hillary se proponía alcanzar la más alta meta: La Presidencia de América, como algunos dicen para referirse a los Estados Unidos; pero he ahí que comenzaron a verse las costuras a la férrea dama sobre todo al alcanzar la candidatura demócrata, cuando denuncias públicas dejaron ver que la aguerrida mujer tenía en su haber una serie de “lunares” que empañarían la candidatura presidencial y que, al menos para este escribidor, contribuyeron en algo en la merma de votos que la perjudicaron.
No va este escribidor a enumerar las falencias y faltas, garrafales o de buena fe, en que pudo haber incurrido doña Hillary porque ella, como mujer inteligente y sagaz, las conoce aunque las haya banalizado durante la confrontación, ni tampoco denunciarla como crudamente lo hizo la conocida politóloga guatemalteca Gloria Alvarez en la carta dirigida a Donald Trumpp (http://www.lapatilla.com/site/2016/11/10/gloria-alvarez-carta-al-presidente-donald-trump/); pero lo que sería apropiado es que ella, cuando admita en su yo más íntimo que su sueño se desvaneció, recuerde que en política no hay muertos y que si quiere volver a insistir, lo primero que debe hacer es entonar un mea culpa ante sus compatriotas y demás electores mediante el reconocimiento claro y sincero de todo lo que ha hecho mal en su carrera; y lo que no debe hacer es culpar públicamente a los demás de su derrota electoral (http://informe21.com/politica/hillary-clinton-culpa-al-fbi-de-su-derrota-frente-a-trump-en-las-elecciones).
Una admisión pública de esa magnitud, una contrición verdadera acompañada del propósito de enmienda  -aunque esto sea difícil para un político- probablemente le daría oxígeno a esta infatigable dama y pudiera ser que, con buena salud, gane la paciencia para esperar por una nueva postulación presidencial y así evite convertirse, ahora, en otro  “jarrón chino” del adornado salón del mundo del poder.
Finalmente, si usted, amable lector, desea conocer algo de los pecados que se imputan a esta aristócrata de la política, podría consultar http://www.mrctv.org/blog/10-scandals-involving-hillary-clinton-you-may-have-forgotten.


LOS CONSEJOS PRODUCTIVOS DE LOS TRABAJADORES
Con bombos y platillos ha sido publicada, en la G. O. del 8 del mes de noviembre, un decreto ejecutivo en el que, dentro del marco de la “emergencia económica”, se crean los denominados “Consejos Productivos de Trabajadores” o “CPT”, unas especies de comités  destinados a funcionar dentro de las empresas para supervisar la gestión de la empresa de acuerdo con su adecuación al modelo socialista, definidos como una organización de corte marxistoide concebida para impulsar la participación de la clase obrera como sujeto protagónico, en la gestión de la actividad productiva desde las entidades de trabajo públicas y privadas, que servirán de apoyo a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, a los fines de garantizar el acceso oportuno a bienes, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
Los CPT, siguiendo la rígida estructura marxista de control de los medios de producción, son creados y organizados a través de los Ministerios del Trabajo y  de la Defensa junto al Comando Estratégico Operación de la Gran Misión, y también regulan su funcionamiento; y, en cuanto a su integración, los  7 miembros de cada uno de los CPT son designados por medio de los Ministerios del Trabajo, de la Defensa, de la Juventud y Deporte, de la Mujer y la Igualdad de Género: 3 trabajadores de empresa; 1 representante por la juventud; 1 representante de la Unión Nacional de Mujeres, 1 representante de la Milicia Bolivariana y 1 representante de la Fuerza Armada Nacional.  
Los CPT podrán crearse en cualquier empresa, pública o privada, aunque al ser enmarcados dentro de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, da la impresión de que se circunscriben a empresas de los sectores de alimentación, salud, higiene personal y aseo del hogar.
Para este escribidor, los CPT están al margen de la Constitución de 1999 al infringir varios de sus disposiciones relacionadas con el trabajo, la libertad de asociación y la libertad de empresa; pero bien se sabe que poco importa su constitucionalidad si de lo que se trata es de campañas publicitarias destinadas a hacer creer en una supuesta eficiencia de la economía cuando la verdad es que, a medida de que se imponen más controles, se genera más ineficiencia y, por ende, se agudiza el desabastecimiento y decrece la producción, bailando ambas pegadas al son de la inflación.

BACHAQUERO Y ACAPARADOR
En pasada reflexión, este escribidor se refirió a ese fenómeno de la economía informal que desde el oficialismo se le ha dado el calificativo de bachaqueo, suerte de neo lenguaje al estilo orweliano, copiado de la famosa novela 1984; y también lo hizo en otra reflexión en la que aludía al “Chato” Puertas, un personaje imaginario creado por Juan Eslava Galán en su “Historia de España escrita para escépticos”, en la que narra cómo un delincuente fugado de la cárcel al inicio de la guerra civil se dedica al “estraperlo” (término usado en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa) y, con el apoyo de altos cargos del franquismo, se convierte en un respetado empresario con lujoso palacete en el barrio de Salamanca.
Para que se entienda mejor, en lugar de hablar de un comerciante que hace vida en la economía informal, este escribidor hará uso del término bachaqueo, comenzando por repetir que bachaquear no es más que una acción ejecutada dentro de la guerra económica desatada en el país entre la economía dirigida que mantiene el sistema político que nos rige y el libre mercado, realizada por personas que por alguna circunstancia no cuentan con los ingresos suficientes para subsistir y que han captado que comerciar ciertos productos de manera irregular o ilegal le producirá mejores beneficios económicos, arriesgándose a sufrir las consecuencias de la represión que las autoridades le aplicarán por tratarse de un comercio ilegal (cfr: “LA REPRESIÓN DEL BACHAQUEO”, en REFLEXIONES A PRIMEROS DE AGOSTO 2015).
Como se observa, un bachaquero es una persona que a) no cuenta con ingresos suficientes para subsistir; b) que se ha dado cuenta que revendiendo ciertos productos obtiene una ganancia económica y c) se arriesga a ser perseguido por las autoridades.
Desde este punto de vista, podría considerarse que el bachaquero, pese a la ilegalidad de su acción,  está prestando un servicio a todos aquellos que no consiguen los productos por distintas circunstancias; y el comprador no solamente le queda agradecido, sino que paga el sobreprecio con el mayor de los gustos.
Ahora bien, como se trata de distorsiones del mercado como consecuencia de la escasez y falta de producción ocasionadas por la política de control rígido de la economía, dentro de un ambiente general de corrupción y una ansiedad de riqueza rápida y fácil, han surgido personajes que, usurpando el mote de bachaqueros, crean redes de almacenamiento y distribución de productos alimenticios y de primera necesidad que venden libremente al precio que mejor les plazca a una compulsiva masa de compradores que ansiosamente los esperan a sabiendas de que los precios fijados exceden en mucho a los que ofrece el comercio formal cuando dispone de ellos; y, a diferencia de los bachaqueros, que son perseguidos, estos sujetos cuentan con el apoyo de ciertos sectores del poder.
Pues bien, se trata de acaparadores que valiéndose de vínculos con el poder consiguen los productos y los acopian para luego revenderlos a precios especulativos. Si no, ¿cómo se explica, que estos sujetos deambulen tranquilamente por todas las ciudades del país, cuenten con almacenes de depósito, vehículos de transporte, cuentas bancarias, etc sin que sean percibidos por las autoridades? Son copias fieles y exactas del mentado “Chato” Puertas.
Entonces, amable lector, no se deje engañar. Si necesita algo, vaya en primer lugar al comercio formal y, si no lo consigue, tiene dos opciones, conformarse, o adquirir de un bachaquero a precio razonable; pero comprar a un acaparador es hacerse cómplice o cooperador de un delito, y las excusas, tales como que “no hago colas” o “no tengo edad para hacer colas”, no eximen de responsabilidades, especialmente si, cuando este individuo le vende, usted tiene su alacena abarrotada hasta el tope.

A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA SC-TSJ  948
En un comunicado emitido el pasado 17 de noviembre, la SC-TSJ hizo del conocimiento público el contenido de la sentencia 948 dictada para ratificar el derecho a manifestar con permiso, sin armas y sin obstaculizar el tránsito (http://www.lapatilla.com/site/2016/11/17/tsj-ratifica-el-derecho-a-manifestar-con-permiso-sin-armas-y-sin-obstaculizar-el-transito/).
La decisión contiene el mérito invaluable -con toda seguridad un descuido de sus fervorosos firmantes - y es que, por interpretación a contrario,  reconoce los derechos ciudadanos a convocar y realizar actos que no alteren el orden público ni instiguen contra las autoridades y Poderes Públicos ni constituyan actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico, y sin armas, o sea, que cualquier acto de esa naturaleza está absolutamente permitido, quedando solamente cumplir con las formalidades como la que exige la Ley de Tránsito que se cita en la sentencia; y, en ese caso, no pueden las autoridades negarse a conceder su beneplácito. 
Para este escribidor, el pronunciamiento de la SC-TSJ era innecesario porque en Venezuela rige el principio según el cual la ley se presume conocida por todos, pero no deja de llamar la atención que así como hizo referencia al derecho a manifestar en forma pacífica, sibilina y convenientemente  hizo “mutis por el foro” al omitir toda referencia al artículo 68 de la Constitución de 1999 que contiene la prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas.




miércoles, 2 de noviembre de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE NOVIEMBRE 2016

HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE, PERO ¿QUÉ ES EL DIÁLOGO?
Para el mundo entero es un secreto a voces el que Venezuela está sumida en una profunda crisis -política, moral, económica- adonde ha llegado gracias a políticas totalmente equivocadas que desde el s. XX comenzaron a generarse para hacerse más profundas con una fantasiosa, ridícula e ilusoria revolución de pacotilla -“[. … ] un borrón en el cuaderno de nuestra historia republicana”, Carlos Irazábal Arreaza dixit- que solamente ha servido para que hoy las clases a las que como vulgar excusa pretendían defender los cultores del Samán de Güere sean más marginales y miserables que nunca mientras que los capitostes del proceso forman parte de la prestigiosa lista “Forbes”, junto a aprovechados y aprovechadores de la más baja calaña que hoy pasean en yates y aviones privados y que se sienten ofendidos cuando alguien osa recordarles su oscuro pasado o su humilde origen.
En medio de esa maraña, y de la caída de los precios del crudo más la prácticamente ausencia de producción de bienes en el país, surge como esperanza salvadora el diálogo, como que si se tratara de la varita mágica que,  milagrosamente, va a tender los puentes entre gobierno y oposición para que, de seguidas, Venezuela se enrumbe hacia el primer mundo y los venezolanos vuelvan a soñar con su “american dream”.
Pero, ¿Qué es el diálogo?
De acuerdo al DRAE, el diálogo tiene distintas acepciones, de la cual pareciera que la aplicable a lo que se maneja como tal en Venezuela es “trato en busca de avenencia” porque, de acuerdo a la información que de las partes se maneja, lo que se persigue precisamente es conseguir un convenio, una transacción en las que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan sus diferencias.
De acuerdo a este concepto, para que se hable de diálogo es preciso que exista un conflicto o unas diferencias que mantienen a las partes en posiciones opuestas; y no basta que una le diga a la otra lo distantes que están o los deseos que puedan tener de avenirse si previamente ambos, en un momento de razonable lucidez, resuelven determinar los puntos que los mantienen en controversia, es decir, preparar una agenda.
Cuando alguna de las partes, o las dos, son altamente recalcitrantes en sus posiciones, se puede recurrir a uno o varios terceros de buena fe para que, una vez aceptados por ambas partes, actúen como mediadores e intervengan en la discusión o en el enfrentamiento para encontrar una solución, de manera imparcial y sin tomar partido en favor de uno u otro pues si alguno es parcializado hacia algún lado, inmediatamente queda descalificado.
Como se ve, para que haya diálogo, además de que así lo acuerden las partes, es indispensable uno o varios mediadores imparciales y una agenda.
El diálogo bien llevado, con buena voluntad, mediación seria y agenda sincera aprobada por las partes, ha solucionado innumerables conflictos desde que el mundo es mundo, quizás por aquella conseja popular según la cual “hablando se entiende la gente”; y es probable que el caso venezolano, si se dan esas condiciones, existiría un acuerdo en menos tiempo de lo que pudiera pensarse; pero, aparentemente no es así. En efecto, se ha criticado con acierto que SS el Papa haya designado a un representante suyo para formar parte de una cofradía de mediadores que si bien parecen haber sido dado por buenos por un importante sector opositor no así por otras opiniones, pues como alguien ha dicho, extraña, desconcierta y confunde que el Sumo Pontífice hubiese enviado a Venezuela al nuncio apostólico para la celebración de un presunto dialogo nacional,  justo cuando no se vislumbran salidas tras el manejo arbitrario, bochornoso e ilegal de los poderes públicos concentrados y controlados por  el Ejecutivo Nacional y sus huestes militares.
Como ha dicho Human Rights Watch a SS Francisco, debe (http://www.lapatilla.com/site/2016/10/28/hrw-advierte-al-papa-dialogo-gobierno-oposicion-en-venezuela-no-es-una-conversacion-entre-iguales-carta/) “ [ … ] asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero. Un diálogo auténtico y de buena fe deberá estar basado en una evaluación objetiva de la crisis política, social y económica que enfrenta el país, y reconocer que el gobierno tiene la responsabilidad de haber creado esta situación y, por ello, de resolverla. De lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y re establecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.
Por consiguiente, solamente de esa manera se podría dar el ansiado diálogo que facilite los pasos para que Venezuela intente enrumbarse nuevamente por los caminos de la paz y el progreso. En palabras de Luis Ugalde S. J. en “Democracia social frente a la dictadura” (http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/democracia-social-frente-dictadura_624459):
 “[ … ] hay que poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto que incluya todas las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social [ … ]”. 
Por otra parte, la dirigencia política cuando se refiera a la utilización del diálogo debe ser transparente y no manifestar dudas o vacilaciones que creen falsas expectativas o se presten a interpretaciones que hagan presumir que de lo que se trata es de componendas entre grupos con negociaciones o con intereses subalternos y para beneficio propio; y, asimismo, debe explicarse que el hecho de reunirse las partes para elaborar una agenda, cuando se hace con sinceridad, no significa renuncia a derecho alguno, al igual que hacer saber que la agenda no es un documento rígido ni sometido a la inmutabilidad pues, una vez iniciada las conversaciones, puede ser modificado por los actores de cada parte porque de lo que se trata es que, sobre unos tema concretos, se concluyan acuerdos satisfactorios mediante recíprocas concesiones.
Perdone usted, amigo lector, su tiempo es muy valioso, pero las dolorosas circunstancias por las que atraviesa la tierra que vio nacer a este escribidor merecen unas líneas demás.

EL WJP RULE OF LAW INDEX 2016 Y ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA
Vuelve Venezuela a ser protagonista cuando el RULE OF LAW INDEX 2016 de WORLD JUSTICE PROJECT la ubica en el último lugar, a nivel mundial, dentro 113 países.  
De acuerdo al índice, en Europa Occidental y América del Norte, el país de más alto rango en el estado de derecho lo es Dinamarca, seguido de su vecina  Noruega y por encima de otros países, como los Estados Unidos; en  África subsahariana, Sudáfrica, superó a Ghana y Botswana; en Asia oriental y el Pacífico,  Nueva Zelanda y Singapur son los de mejor desempeño en las clasificaciones de 2016, mientras que el líder de Europa del Este y Asia Central es Georgia, por encima de Bosnia y Herzegovina y Macedonia, ARY. Además de Albania, Turquía y Rusia; y en Oriente Medio y África del Norte entre los 7 países considerados ocupa el mejor puesto los Emiratos Árabes Unidos.
En cuanto a América Latina y el Caribe, el jugador más destacado es Uruguay en el puesto 20 de los 113 países, seguido por Costa Rica y Chile, mientras que Venezuela es el actor más débil, ocupando el último lugar entre todos los 113 países indexados, por debajo de Egipto.
THE WORLD JUSTICE PROJECT (WJP), una organización con sede en Washington D. C. y en Seattle WA, y en su informe correspondiente a 2014, había concluido en que "Venezuela es el país con el desempeño más pobre de todos los países analizados, mostrando tendencias decrecientes en el rendimiento de muchas de las áreas en relación con el año pasado"; y, en índice de 2015, Venezuela figuró de nuevo en el último lugar dentro de 102 países analizados.
Como se observa, van 3 años llevando el galardón del peor desempeño en el Estado de Derecho, certificado por una organización internacional que utiliza serias metodologías de investigación y medición para arrojar el horrible puesto en que se coloca a Venezuela; pero ese resultado no es de extrañar cuando, en el país, el colaboracionismo de poderes es la regla, en abierta contradicción con la separación de poderes como garantía del equilibrio entre las distintas ramas.
Como premio de consolación entre tanta noticia deprimente, y aunque no venga al caso, al menos cabe una restaurante caraqueño ocupa el lugar 32º entre los 50 mejores de América Latina (http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t1-50).

LA CORRUPCIÓN Y SU REPRESIÓN CON LA “MUERTE CIVIL”
Pareciera que no hay forma de detenerla. Todos los esfuerzos parecen vanos y la esperanza cae en el vacío pues ni siquiera proyectos de ley como el de LEY DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN promovido por la Asociación Mundial de Juristas causa la más leve preocupación a los corruptos ante la posibilidad de que sus bienes mal habidos sean restituidos al patrimonio público, al punto que en Perú, debido a los reiterados casos de corrupción que sacuden a la administración pública, el gobierno del Presidente  Pedro Pablo Kuczynski tomó la iniciativa de aprobar recientemente la ley de “muerte civil” para los funcionarios públicos que incurran en ilícitos (http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/sector-publico/203520-gobierno-decreta-ley-de-muerte-civil-para-funcionarios-corruptos/), una novedosa forma de castigar a los corruptos.
Se trata del “Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública y crea el registro único de condenados Inhabilitados”, en la que se incluyen como delitos la concusión, cobro indebido, colusión, peculado, malversación, soborno, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y que tiene por objeto que todos los funcionarios gubernamentales que estén involucrados en actos dolosos en contra de la administración pública no volverán a trabajar en el Estado de por vida.
En cuanto a la “muerte civil” se trata de la inhabilitación perpetua, que se aplicará cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, o cuando su conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo, desarrollo o inclusión social, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas superen 15 unidades impositivas tributarias (UIT).
 El decreto legislativo también crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, que será público; y las entidades públicas deberán consultar este listado antes de decidir cualquier nombramiento.
Ojalá sea posible que una combinación entre mecanismos como el propuesto por la WJA y el decreto peruano sirvan, al menos, para cumplir su función de coerción y de esa manera aminorar los daños que causa la corrupción.

EL COLABORACIONISMO DE PODERES Y LAS NORMAS DE EVALUACIÓN Y CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA EL INGRESO Y ASCENSO A LA FUNCIÓN JUDICIAL
En la G. O. No. 40.972 de 23 de agosto de 2016 fueron publicadas las "Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial" ("Normas") aprobadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) que derogan las precedentes publicadas en la G. O. N° 38.282 de 28-09-05 y, como era de esperarse, cumplen las pautas de la doctrina del colaboracionismo de poderes impuesta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ),  doctrina según la cual la división de los poderes públicos debe verse hoy como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos para lograr que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo.
Esta promulgación se produce luego de más de 10 años sin que se efectuaran los concursos, donde se viene practicando la designación "digital" que ha ocasionado que el 60% de los jueces sean provisorios; y, prima facie pareciera que la iniciativa de la más alta alzada judicial de sancionar las Normas tuviera por objeto cumplir el mandato constitucional consagrado en el artículo 255, en el que se dispone que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, y que los jueces sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. Sin embargo, cuando se analiza el contenido de las Normas se observan las deficiencias que las alejan de los principios que deben regir la carrera judicial para embutirlas en la doctrina del colaboracionismo de poderes.
En efecto, en el artículo 1 de las Normas se establecen los concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los candidatos; garantizando además, la participación ciudadana en el proceso de selección; y, en el artículo 5, al ratificar la estabilidad que deben gozar los jueces, señala que sólo pueden ser suspendidos o destituidos mediante el procedimiento establecido en el Código de Ética ("CEJ").
Ahora bien, toda esta creación del TSJ contradice lo expresado por la SC-TSJ en sentencia del 16 de febrero de 2016 en la decidió que los jueces  provisorios o que ingresen a la judicatura mediante un acto de naturaleza discrecional, evidentemente ocupan cargos judiciales; pero no ostentan la condición de jueces de carrera, al no haber ingresado por concurso público en el que, tras diversas pruebas (escrita, práctica y oral), se les haya evaluado (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184735-06-4216-2016-09-1038.HTML); y con ello  se ha privado a los jueces provisorios -que son la mayoría- del derecho al debido proceso, quedando sometidos a la simple recepción de un oficio de destitución sumaria. 
Por otra parte, las Normas facultan a una Comisión Judicial para decidir las condiciones, lapsos y en general el mecanismo de los concursos, así como la potestad para nombrar y destituir libremente a los jueces provisorios, sin proceso. De esta manera, queda al arbitrio de esa Comisión Judicial todo lo relacionado con el nombramiento y destitución de los jueces provisorios sin que se acoten tiempos, con lo cual éstos pueden convertirse en jueces eternos sin que hayan participado en un concurso de oposición.  
Asimismo, la disposición transitoria 1a. de las Normas convoca a un concurso de oposición público inmediato exclusivamente para los jueces  activos, es decir, los jueces provisorios, con lo cual se impide que puedan participar en ese competencia abogados que aspiren entrar en la judicatura. 
Igualmente, las Normas atentan contra la participación ciudadana en dos supuestos: al incorporar a los jurados a un miembro del Poder Popular, en lugar de un representante del Consejo Moral Republicano; y cuando algún interesado presente objeciones u observaciones a quienes hayan ganado el concurso, no existe obligación por parte del jurado de dar respuesta, dejando a la discreción de éste tomarlas en cuenta o no aun cuando sean realmente graves. Esto constituye, en ambos supuestos, una violación del derecho de participación ciudadana, pues en el primero se da cabida a una entidad política -el Poder Popular- y en el otro las objeciones presentadas pueden quedar sin oportuna y debida respuesta.
Como se observa, las Normas no resuelven el problema de la provisionalidad judicial, lo que es explicable dentro de la doctrina del colaboracionismo de poderes porque, de esa manera, se continúa con la designación a "dedo" de los jueces que facilita que la justicia sea administrada conforme a los lineamientos generales que les sean impartidos.

CONFUSION O CONTRADICCIÓN O INSENSATEZ Y SENTIDO COMÚN
A un programa de alta audición, fue invitado el 1 de noviembre un dirigente político de oposición que lidera una de las Alcaldías metropolitanas, lo que generó una elevada expectativa entre los oyentes quienes con ansiedad esperaban noticias acerca del llamado proceso de diálogo entre el oficialismo y el grupo opositor en el que confluyen varios partidos políticos. Sin embargo, al menos para este escribidor, el gozo se fue al pozo. Veamos.
El entrevistado comenzó diciendo que la asistencia del grupo opositor a la pasada reunión del domingo 30 de octubre se debió en primer lugar a que esta agrupación fue la que tomó la iniciativa de solicitar la invitación del Estado Vaticano a servir como mediador y por consiguiente no podían los representantes del grupo abstenerse de asistir porque evidenciaría una contradicción; y, en segundo lugar, porque la presencia de ese Estado era garantía de seriedad de las conversaciones.
Luego de varias otras preguntas, el moderador, con la agilidad que le caracteriza para realizar sus entrevistas, interrogó al entrevistado sobre la posibilidad de que lo acordado durante el diálogo no fuera respetado o que lo acordado se incumpliera; y éste, tajantemente, respondió que eso no era posible porque además del Estado Vaticano, estaban los ex Presidentes de otros países que habían dejado sus ocupadas agendas para instalarse en Venezuela en garantía de cumplimiento del diálogo.
He aquí la primera incongruencia que capta este escribidor: de un lado el entrevistado afirmó que se vieron obligados a asistir a la susodicha reunión porque habiendo sido la oposición la que tuvo la iniciativa de que se invitara al Papa, no ir era quedar mal, es decir, “hacerle el Fo” al delegado papal, pero esta afirmación es una solemne necedad porque bien se sabe que el mundo diplomático no se mueve por inesperadas llamadas telefónicas de última hora sino a través de interlocutores que con tiempo van cruzando las informaciones de las partes.
La otra contradicción fue la relativa a la garantía de seriedad del diálogo cuando, por un lado, afirmó que el garante es el Vaticano por ser un estado y, por otro, en comentario aparte incluyó a los ex Presidentes cuando éstos, a la luz de la opinión pública, están seriamente cuestionados, comenzando con Zapatero a quien nadie quiere en su país y terminando con el detestado paisa, también poco apreciado a pesar de que intente ganar puntos con la Secretaría de UNASUR.
Pero allí no quedan las razones y sinrazones del personaje ante los micrófonos. Preguntado acerca de la marcha a Miraflores, anunciada con bombos y platillos, dijo que habría que esperar el comunicado del grupo opositor para ver si confirmaba la actividad, la cambiaba o la suspendía!!!. Entonces, cabe preguntarse: A qué se debe esa inconsistencia?
Se podrá decir que la política es dinámica y cambia constantemente y, por tanto, hay que ajustarse a las circunstancias. Cierto, pero no hay que olvidar que en los manuales de acciones cívicas o de desobediencia civil lo primero que se enseña es que debe haber consistencia en lo que se afirma y no caer en contradicciones porque éstas desalientan y crean confusión entre los seguidores.   Decirle a unos seguidores que el 3 de noviembre habrá la toma de Miraflores y ahora pedir que se espere un nuevo pronunciamiento al respecto es, por lo menos,  una insensatez.
En conclusión, con liderazgos confusos o contradictorios o insensatos no se llega a ninguna parte. Por algo dijo Napoleón Bonaparte: “Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común”.


viernes, 28 de octubre de 2016

INFLACION


DIALOGO

DIÁLOGO
Para el mundo entero es un secreto a voces el que Venezuela está sumida en una profunda crisis -política, moral, económica- adonde ha llegado gracias a políticas totalmente equivocadas que desde el s. XX comenzaron a generarse para hacerse más profundas con una fantasiosa e ilusoria revolución de pacotilla que solamente ha servido para que hoy las clases a las que como vulgar excusa pretendían defender los cultores del Samán de Güere sean más marginales y miserables que nunca mientras que los capitostes del proceso forman parte de la prestigiosa lista “Forbes”, junto a aprovechados y aprovechadores de la más baja calaña que hoy pasean en yates y aviones privados y que se sienten ofendidos cuando alguien osa recordarles su pasado o su origen.
En medio de esa maraña, y de la caída de los precios del crudo más la prácticamente ausencia de producción de bienes en el país, surge como esperanza salvadora el diálogo, como que si se tratara de la varita mágica que,  milagrosamente, va a tender los puentes entre gobierno y oposición para que, de seguidas, Venezuela se enrumbe hacia el primer mundo y los venezolanos vuelvan a soñar con su “american dreem”.
Pero, ¿Qué es el diálogo?
De acuerdo al DRAE, el diálogo tiene distintas acepciones, de la cual pareciera que la aplicable a lo que se maneja como tal en Venezuela es “trato en busca de avenencia” porque, de acuerdo a la información que de las partes se maneja, lo que se persigue precisamente es conseguir un convenio, una transacción en las que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan sus diferencias.
De acuerdo a este concepto, para que se hable de diálogo es preciso que exista un conflicto o unas diferencias que mantienen a las partes en posiciones opuestas; y no basta que una le diga a la otra lo distantes que están o los deseos que puedan tener de avenirse si previamente ambos, en un momento de razonable lucidez, resuelven determinar los puntos que los mantienen en controversia, es decir, preparar una agenda.
Cuando alguna de las partes, o las dos, son altamente recalcitrantes en sus posiciones, se puede recurrir a uno o varios terceros de buena fe para que, una vez aceptados por ambas partes, actúen como mediadores e intervengan en la discusión o en el enfrentamiento para encontrar una solución, de manera imparcial y sin tomar partido en favor de uno u otro pues si alguno es parcializado hacia algún lado, inmediatamente queda descalificado.
Como se ve, para que haya diálogo, además de que así lo acuerden las partes, es indispensable uno o varios mediadores imparciales y una agenda.
El diálogo bien llevado, con buena voluntad, mediación seria y agenda sincera aprobada por las partes han solucionados innumerables conflictos desde que el mundo es mundo, quizás por aquella conseja popular según la cual “hablando se entiende la gente”; y es probable que el caso venezolano, si se dan esas condiciones, existiría un acuerdo en menos tiempo de lo que pudiera pensarse; pero, aparentemente no es así. En efecto, se ha criticado con acierto que SS el Papa haya designado a un representante suyo para formar parte de una cofradía de mediadores que si bien parecen haber sido dado por buenos por un importante sector opositor no así por otras opiniones, pues como alguien ha dicho, extraña, desconcierta y confunde que el Sumo Pontífice hubiese enviado a Venezuela al nuncio apostólico para la celebración de un presunto dialogo nacional,  justo cuando no se vislumbran salidas tras el manejo arbitrario, bochornoso e ilegal de los poderes públicos concentrados y controlados por  el Ejecutivo Nacional y sus huestes militares.
Como ha dicho Human Rights Watch a SS Francisco, debe (http://www.lapatilla.com/site/2016/10/28/hrw-advierte-al-papa-dialogo-gobierno-oposicion-en-venezuela-no-es-una-conversacion-entre-iguales-carta/) “[…] asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero. Un diálogo auténtico y de buena fe deberá estar basado en una evaluación objetiva de la crisis política, social y económica que enfrenta el país, y reconocer que el gobierno tiene la responsabilidad de haber creado esta situación y, por ello, de resolverla. De lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y re establecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.
Por consiguiente, solamente de esa manera se podría dar el ansiado diálogo que facilite los pasos para que Venezuela intente enrumbarse nuevamente por los caminos de la paz y el progreso. En palabras de Luis Ugalde S. J. en “Democracia social frente a la dictadura” (http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/democracia-social-frente-dictadura_624459):

 “[ … ] hay que poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto que incluya todas las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social [ … ].  

lunes, 24 de octubre de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE OCTUBRE 2016

A Rosa María Clemente Diéguez, Rosamari, abogada en propiedad intelectual y buena amiga. In memoriam.

EL FINAL DEL PODER LEGISLATIVO EN VENEZUELA
En LA DISOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES publicada  en el boletín AIPOP (http://aipop.org/web/la-disolucion-de-las-instituciones/) y reproducida en  REFLEXIONES A ULTIMOS DE SEPTIEMBRE 2016, expresaba este escribidor que  “[…] al proceder como lo viene haciendo el TSJ, y fundamentalmente su Sala Constitucional, desconoce y viola el principio de primacía de la ley, conforme al cual todo ejercicio de un Poder Público debe realizarse dentro del ordenamiento jurídico vigente, y no en función de la voluntad de las personas, porque arbitrariedades como las que viene cumpliendo el órgano jurisdiccional escapan de la esfera del estado de derecho para convertirse en un instrumento político que, además de entorpecer la actividad legislativa de la AN, termina por disolver toda la estructura institucional del Estado”.
Pues bien, de nuevo la Sala Constitucional del TSJ (SC-TSJ), con la sentencia- ampliación (¿?) del fallo 810 del 21 de septiembre de 2016, en ponencia “conjunta” –coloquialmente “los mochos se juntan para rascarse”- ha vuelto a echar por tierra el principio de primacía de la ley y, específicamente, el principio de la separación de poderes, al decidir, que “[…] el Presidente la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria” (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/190792-814-111016-2016-2016-897.HTML).
De esta manera, la SC-TSJ, en cumplimiento del colaboracionismo de poderes, no solamente ha sustraído a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales para aprobar el presupuesto anual 2017 sino que, como un maleficio, además de usurpar tales facultades, ha hecho desparecer a la AN de la estructura del Poder Público bajo la mirada atónita de civiles, militares y el clero, consumándose definitivamente la disolución de las instituciones y el final del Poder Legislativo; y como ha dicho Román J. Duque Corredor (www.facebook.com/duquedeprado?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf), la patética y servil actitud de la SC-TSJ -propia de tinterillos, mujiquitas y empíricos leguleyos capeados de toga y birrete, agrega este escribidor- constituye un acto de rebelión civil contra el Estado venezolano y muestra el desprecio patente, notorio y hostil de esa instancia judicial hacia la Constitución.

A PROPÓSITO DE DIALOGOS
En estos días se han acentuado los rumores de diálogo entre gobierno y oposición venezolanos, donde según parece participan como mediadores tres ex Presidentes extranjeros.
Unos, de oposición, niegan que lo haya, otros por el contrario, de gobierno,  dicen que sí existen conversaciones y por su parte el ciudadano común no sabe cuán cierto es todo esto que gira alrededor de unas negociaciones políticas.
Ahora bien, sea cierto o no, lo que no se puede tapar con un dedo es que para dialogar se necesitan al menos dos partes para montar una agenda que deberá ser discutida, sobre todo cuando quienes median  son importantes figuras que han tenido un pasado público, bueno y malo, porque en sus respectivos países está a la vista. Ellos, han venido al país en distintas oportunidades en su rol de mediadores, como lo han reconocido, lo que hace que hasta el más ingenuo piense que, en efecto, hay un proceso de diálogo.
Por tanto, y como no hay secreto entre cielo y tierra, parece que lo razonable es que se hable francamente y con claridad, sin tapujos ni agendas escondidas que solamente crean zozobra y generan suspicacias entre quienes aspiran alcanzar alguna solución pacífica, democrática e inmediata que les permita vivir en paz y tranquilidad.

COMPLIANCE”, NORMA ISO 19600 Y CORRUPCIÓN
La globalización, con el soporte de la tecnología de la información y de la comunicación, ha hecho que los cambios sociales, económicos y políticos en las sociedades contemporáneas se suceden cada vez con mayor frecuencia, incorporando novedosas ideas que se han ido transformando en un mejor bienestar colectivo.
Pero a la par de ello, la actividad criminal, como indeseable fenómeno social, también se introduce junto con los cambios y, al igual que se hace necesario renovar los ordenamientos jurídicos para adaptarlos a las nuevas realidades, es preciso crear nuevas figuras delictivas y elencos de sanciones penales para brindar seguridad jurídica a la sociedad e instrumentos más efectivos para combatir la delincuencia, especialmente la de cuello blanco, que es donde principalmente se ubica la corrupción, la que incide en el desmejoramiento del funcionamiento de las instituciones estatales y afecta los intereses de la sociedad, obligando a los Estados a que se celebren tratados como la Convención Americana contra la corrupción y dicten leyes de carácter penal destinadas a castigar eso que se considera un flagelo de la sociedad.
Muchos son los tratados, convenios, leyes, acuerdos y hasta normativas y propuestas que emanan del sector privado, como la iniciativa de la Asociación Mundial de Juristas de promover ante la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción”, cuyo objeto es desarrollar los aspectos relativos a la identificación, localización y recuperación de activos vinculados con actividades ilícitas y lo concerniente a su administración y destino.
Pues bien, todo ese conjunto de esfuerzos desde diferentes esferas debe ser completado mediante la exigencia del cumplimiento de tareas elementales tanto en el sector público como en el privado, uno, promulgando un sistema de gestión corporativa para combatir la corrupción -Gobernance, Risk Compliance, en inglés- de los deberes legales y éticos en la actividad empresarial; y el otro aplicando regulaciones como la Norma ISO 19600 que trata de la estandarización de la gestión del cumplimiento normativo.
En los Estados Unidos, se han publicado un conjunto de normas para luchar contra la corrupción, que afectan no sólo a compañías americanas sino a las extrajeras aun constituidas y domiciliadas fuera de ese país:
La FCPA: Promulgada en 1977 a raíz de Watergate. Se considera la primera norma anticorrupción y base del Compliance. Se enfoca en anti soborno y contabilidad y a grandes rasgos aplica a empresas americanas, que tengan intereses en Estados Unidos y que tengan negocios con empresas o que puedan afectar la economía americana y por tanto tiene efectos extra territoriales, razón por la cual las empresas americanas pueden exigir a sus contratistas en otros paises que cumplan estándares anticorrupción.
La US Sentencing Guidelines: Establece los principios conforme a los cuales los jueces americanos evaluarán las medidas preventivas tomadas por las organizaciones para prevenir delitos. Remedio del daño, si se dedica principalmente a actividad criminal, impacto financiero y gravedad del daño, y la existencia de una política interna de compliance y ética.
Ley Sarbanes Oxley: Nace con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que la valorización de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota. Afecta a todas las que coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Por su parte, la Unión Europea ha promulgado normas similares:
En Italia: Legge 262/2005 (2005); en Alemania: Estándar IDW AssS 980; en el Reino Unido: Bribary Act (2013), con efectos extra territoriales; y en España: Código Penal (2010), con severas penas.
En Latinoamérica, destacan Chile, con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (2009); Brasil, con la Ley Anti soborno (2013), aunque pareciera que en este país ha sido de poca utilidad en cuanto a la prevención de la corrupción, según parece de los escándalos que han conllevado a la separación del poder de la Presidente de la República; y en Venezuela existe una normativa difusa pero de contenido regulatorio que afecta las prácticas comerciales empresariales (Entre otras, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada), pero que, según parece, no han tenido la efectividad requerida para enfrentar la corrupción.
En la esfera del sector privado, aunque es válida para el sector público, está la norma ISO 19600 que trata la estandarización de la gestión del Cumplimiento Normativo para que, a través de ella, y previo el análisis de la empresa o entidad de que se trate, se vayan estableciendo los mecanismos para minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.
Como se observa, la NORMA ISO 19600 sería una estupenda herramienta para irse acercando a la transparencia administrativa, no solamente a nivel de la anticorrupción en el sector público como política pública, sino en el privado desde el mismo momento en que éste asume el compromiso de implantarlas como normativa general de obligatorio cumplimiento, bajo el control y supervisión de un “agente de cumplimiento” o “compliance officer” quien tendría la responsabilidad de hacer cumplir las normas y disposiciones legales y empresariales, a semejanza de lo que en los países serios los Contralores o Comptrollers y, de paso, minimiza las responsabilidades de los administradores de las personas jurídicas.

LAS MARIPOSAS AMARILLAS Y  LA CIUDAD DEL GABO
En “EL PERDON NO FUE SUFICIENTE” publicada en REFLEXIONES A PRIMEROS DE OCTUBRE 2016, este escribidor expresó:
Durante el acto de firma de la paz en la amada ciudad del Gabo, la  de las mariposas amarillas, Cartagena de Indias  […]”.
Pues bien, el condiscípulo de los tiempos universitarios, Gustavo Méndez, con la acuciosidad que le caracteriza, ha hecho unos constructivos comentarios sobre el párrafo transcrito, partiendo de la ubicación en Barranquilla, de la escultura 'Mariposas Amarillas' instalada en homenaje al premio Nobel, un año después de su fallecimiento.
Como "Noblesse oblige",  este escribidor consideró estar en la obligación de profundizar sobre el tema levantado por el excelente amigo, y resulta que lo de las mariposas amarillas va más allá de Cartagena y Barranquilla. Veamos.
En el centro del patio central del Claustro de la Merced, al lado del Teatro Adolfo Mejía  de Cartagena de Indias, ciudad donde vivió Gabriel García Márquez y que inspiró algunas de sus obras, está un memorial que consta de un pedestal cúbico de mármol donde se depositarán las cenizas que se cubrirán con un busto del nobel, esculpido por la artista británica Katie Murray. A menos de 300 metros de la casa de Gabo en Cartagena, que fue su segunda residencia más importante después de su domicilio en en Ciudad de México, la misma en la que falleció el 17 de abril de 2014.
De acuerdo a la información recabada, Cartagena sería el mejor lugar para que reposen las cenizas del genio de la literatura de habla hispana porque se identifica con su obra, al punto que el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, ha dicho que esta ciudad "es como la piedra fundacional, es su crisálida"; y el escritor y periodista Sergio Ramírez, que además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, ha manifestado que "el país (Colombia) es su sepulcro, el país entero debería repartirse todas las cenizas de Gabo pero Cartagena es una ciudad emblemática para él […] La ciudad de su juventud; llegó aquí a los 21 años, aquí inició su actividad en el periodismo, inició su carrera frustrada de abogado, su carrera de escritor, Cartagena es el escenario de muchas de sus novelas”.
Por su parte, Gustavo Tatis, editor cultural del diario El Universal de Cartagena sostiene que "En Macondo están resumidas Aracataca, La Guajira, Barranquilla; incluso las últimas páginas de 'Cien años de soledad' están dedicadas a Barranquilla pero después de la creación de Macondo, García Márquez fija su mirada en Cartagena […] García Márquez tuvo una relación de amor y odio con Cartagena; Cartagena le recuerda a Gabo los años de la pobreza " […] Cartagena representa la decadencia, los conflictos, es una sociedad clasista y racista; y García Márquez lo descubrió desde el primer día que llegó, en cambio Barranquilla (donde contrajo matrimonio con Mercedes Barcha en 1958) es una ciudad distinta donde no había inquisición".
También la periodista chilena Mónica González ha dicho que "Gabito le dio la magia a Cartagena […] La ciudad será reconocida para siempre como la ciudad de Gabo, estará enorme talento, a su magia".
Visto así, es claro que el Gabo cabalgaba entre dos ciudades, cercanas y distantes a la vez, y aunque la escultura esté en Barranquilla, la ciudad de las mariposas amarillas es Cartagena.