martes, 20 de enero de 2015

REFLEXIONES A ÚLTIMOS DE ENERO 2015

LA DOCTRINA DEL COLABORACIONISMO EN ACCIÓN


El pasado mes de noviembre, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (“SCS-TSJ”) de Venezuela anuló un acto administrativo dictado por el  Instituto Nacional de Tierras (“INTI”), atinente a unas tierras de vocación agrícola, conocido como caso El Maizal.
El INTI había  considerado que las tierras de esa hacienda estaban ociosas y que no existían pruebas suficientes que acreditasen su propiedad privada, por lo que inició un procedimiento para recuperar su posesión para el Estado por tratarse de tierras baldías, o sea, bienes propiedad de la República.  
Los propietarios del Maizal propusieron la nulidad del acto del  INTI ante  los tribunales del Estado Lara, resultando declarada sin lugar la demanda en febrero 2010; pero aquéllos, no contentos con el fallo, apelaron ante la SCS-TSJ, la cual declaró con lugar la demanda de nulidad contra el acto del INTI en 3 de noviembre de 2014, anulando el acto del INTI.
Tan pronto el MINCI supo de la sentencia, publicó una nota de prensa el 12 del mismo mes informando que, para el Presidente de la República, la decisión era “inaudita”, y afirmó que el jefe de Estado había rechazado la decisión por “…antipopular y antirrevolucionaria…”, e incluso la había considerado como “…muy peligrosa y sospechosa” y que había comentado: “Ahí hay gato encerrado”. Finalizaba la nota expresando que el Presidente se ha comunicado con la presidenta del TSJ “…para que se restituya la constitucionalidad de la carta agraria de El Maizal”.
 Pues bien, con una celeridad digna de la mejor causa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC-TSJ”), fundamentándose en “notoriedad judicial” -léase nota de prensa del MINCI-, dictó sentencia el 15 de diciembre mediante la cual ordenó suspender cautelarmente los efectos de la referida sentencia del 3 de noviembre de 2014 de la SCS-TSJ y, asimismo, ordenó mantener vigentes los efectos de la sentencia  que precisamente revocara la SCS-TSJ.
Vistos así los hechos, no cabe duda de que se trata de un caso en el cual ha funcionado a la perfección la doctrina del colaboracionismo de poderes propugnado por el magistrado Francisco Carrasquero López cuando afirmaba:
Con el nuevo constitucionalismo esa división de poderes debe verse como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos, y si no es así, es muy difícil que el Estado y la protección del Estado se incorpore al interés colectivo del pueblo, por qué, porque sería competencia autonómica, independiente, que no guardan una relación entre sí; indudablemente que entonces tiene que ser revisada esa conceptualización de la división de poderes del estilo clásico del Derecho liberal".
Por supuesto, el colaboracionismo es la antítesis de la división de poderes consagrada en las constituciones liberales del orbe, herencia del Barón de Montesquieu, aunque haya funcionado eficientemente en el comentado caso de El Maizal, como también ha sido aplicada exitosamente por la misma SC-TSJ  en su interpretación “prêt-à-porter” del artículo 279 de la Constitución de 1999 contenida en la sentencia del 22 de diciembre de 2014 mediante la cual declaró que la Asamblea Nacional debe proceder a la escogencia de los titulares de las instituciones que componen el Consejo Moral Republicano por mayoría absoluta -mitad más uno de los diputados-.
En fin, colaboracionismo en acción.


CRÍTICO SISTEMA PENITENCIARIO VENEZOLANO

Con un sentimiento romántico, la Constitución de 1999, y por iniciativa atribuida al recientemente fallecido criminólogo Elio Gómez Grillo, introdujo una disposición expresa sobre el régimen carcelario y, al efecto, en el artículo 272 dispuso que el Estado garantizaría un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno, es decir, el preso, y el respeto a sus derechos humanos.
Para el cumplimiento de la rehabilitación de los internos, la misma norma estableció:
1.      Los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación,
2.      Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y
3.      Se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización.
En cuanto al régimen interno de reclusión, el constituyente no hizo una recomendación expresa pero sí que se prefiriera en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.
Finalmente, el constituyente impuso al Estado la obligación de crear las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.
Ahora bien, desde aquel día en que se promulgada la Constitución de 1999 hasta el presente han transcurrido 15 años y, pese a que el gobierno nacional sostiene que está aplicando un régimen de humanización y disciplina en las cárceles, en un informe difundido a fines de noviembre, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció la "tragedia" del sistema penitenciario venezolano, plagado de cárceles hacinadas y violentas donde las armas "circulan casi libremente".
Asimismo, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas, contra una capacidad instalada de 19.000. En ese lapso murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros.
Por último, El Universal, de Caracas, da cuenta el 11 de diciembre de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que resalta el deber de Venezuela de prevenir situaciones de inseguridad en sus cárceles, luego de que casi medio centenar de reclusos falleciera por intoxicación a fines de noviembre, agregando que el país "debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos".
Como se observa, hay un abismo entre la voluntad expresada por el constituyente de 1999 y la realidad que presentan las cárceles venezolanas, por lo que hay que admitir que el sistema penitenciario, cual paciente de extrema gravedad, se encuentra en terapia intensiva.


DE REGISTROS Y NOTARIAS

La circular 001 del 7 de enero de 2015, emanada del SAREN, trae la noticia de que los Registros y Notarías deberán cumplir ciertas normas elementales de funcionamiento y hasta de conducta de los Registradores y Notarios y de sus dependientes.
Ello debe alegrar a todos los que requieren, al igual que este escribidor, de los servicios que prestan esas oficinas públicas porque la intención aparente es que éstas sean más eficientes en las labores que cumplen y que, a la vez, se simplifiquen los “kafkianos” trámites burocráticos que no solamente dilatan las gestiones sino que conllevan corrupción en la medida de que el interesado muestre la necesidad de contar con el servicio con más urgencia de la que permite la tramitación.
Por otra parte, la circular enmienda una errada práctica que se venía aplicando en Registros y Notarías, que consistía en el indebido intrusismo de los funcionarios al momento de revisar los documentos que le eran presentados, dándose el inmerecido lujo de devolverlos por considerar que contenían una redacción que no se ajustaba al gusto del revisor, lo que ocasionaba no solo el retraso en la tramitación sino también envolvía -con toda seguridad por ignorancia- una ofensa contra el abogado responsable del documento porque la Ley de Abogados de 1967 ordena que los Jueces, los Registradores, los Notarios y los Inspectores Fiscales  abstengan de protocolizar o dar curso a ciertas escrituras si no han sido redactadas por un abogado en ejercicio.
Amanecerá y veremos, pero la circular, al menos desde el punto de vista formal, pareciera llenar las expectativas del público, especialmente la odiosa y mala costumbre de exigir al presentante del documento que acompañara copia de la Cédula de Identidad.

LAS GIRAS PRESIDENCIALES

Los dignatarios de un Estado hacen giras por distintas razones. Unos, especialmente en los países de libre mercado, para abrir puertas a sus productos de exportación y negociar acuerdos de integración económica. Así vemos a los Presidentes de los Estados Unidos, a los reyes y Presidentes europeos y hasta los jefes de Estado de potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China y South Africa -los BRICS states- y de otros países como los latinoamericanos recorriendo el mundo en busca de convenios comerciales para sus países.
Otros, se trasladan por razones exclusivamente políticas, en función de un liderazgo, como fue el caso del fallecido Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien recorría el mundo en busca de alianzas ideológico-políticas que conllevaron a la constitución de organismos como el ALBA y el CELAC, y a la incorporación de Venezuela al MERCOSUR.
Finalmente, hay otros que viajan a través del orbe en busca de apoyo financiero para las alicaídas economías de sus países. Un ejemplo es el periplo realizado últimamente el Presidente Nicolás Maduro por los países de la OPEP, China, Rusia y Portugal. A este respecto, y conviene reproducir las preguntas de Nelson Bocaranda en sus RUNRUNES, en El Universal del 20 de enero: 1.¿Se logró la unidad en el seno de la OPEP? 2.¿Subieron los precios del barril de petróleo? 3.¿Consiguió (el Presidente) dinero en efectivo en calidad de préstamo para cubrir las exigencias presupuestarias del país?
Cuál es la mejor de las giras presidenciales no es fácil determinar, pero pareciera que su calificación dependerá de los resultados obtenidos.

HAMPA EN LAS COLAS Y NUEVAS MODALIDADES DE SUBSISTENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS

Informaciones de prensa revelan que el desabastecimiento de productos de primera necesidad no solamente ha originado interminables colas sino, además, una desgracia: Los atracos a las personas que se apostan frente a supermercados y otras tiendas., al punto que esos delitos se han convertido en algo común en la capital caraqueña.
Tan solo en las últimas dos semanas se han reportado seis robos, de los cuales el último ocurrió iniciado el mes de enero, cuando un grupo de sujetos vistiendo el uniforme del personal de seguridad  asaltaron a 100 personas que hacían la cola para comprar en el Makro del sector de La Yaguara, según el portal La Patilla.com.
Pero la gente no se deja atemorizar ante la posibilidad de ser víctima de los cacos -ni por la eventualidad de verse envuelta en una trifulca a puñetazos o disparos al aire- y se la ha ingeniado para conseguir nuevos modus vivendi que le permita subsistir. Así, han surgido varias opciones, como aquella que consiste en que una persona paga una remuneración a otra para que haga la cola y le compre ciertos productos.
Otra, los “guardapuestos” son aquellos que llegan a tempranas horas y más tarde ceden el puesto a otro no tan madrugador a cambio de un concertado pago. También cuidan un turno en la cola mientras el dueño original va a cumplir con cualquiera de las tres comidas e, incluso, pernocta en el sitio hasta que el otro retorne.
Los revendedores de oficio que invierten innumerables horas en las largas filas para hacerse de productos que luego vender a desmedidos precios a la gente de menos recursos.
Paralelamente a las colas se ha desarrollado una economía informal que va desde el alquiler de sillas portátiles o la venta de alimentos y bebidas o protectores como sombreros y paraguas hasta el uso de celulares para llamadas urgentes.
En fin, salvo el atraco que es una confirmación de la inseguridad personal, deplorables modalidades de subsistencia como las mencionadas se reproducen -en medio de la inflación, la escasez y la carestía- en esas indignas colas que se han convertido en “el pan de cada día” de la gente ante la impávida mirada de una Defensoría del Pueblo que venera fielmente a los “tres monos sabios” en sus versiones de no ver, no escuchar, no hablar.