jueves, 28 de abril de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE ABRIL 2016



EL DESEQUILIBRIO DE PODERES

Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999

Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la separación o división de poderes, entendida como una ordenación y distribución de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto.
Este principio es complementado con el principio de colaboración o de cooperación entre los Poderes Públicos, comprendida como la colaboración que debe existir entre esos poderes entre sí para la realización de los fines del Estado, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo.
Del funcionamiento de ambos principios dependerá el que exista una flexible interacción que permita que la independencia y la colaboración fluyan coherentemente, aunque hay funciones que cada una de ellas cumple en forma privativa, como es el caso de la administración de justicia, que solamente puede ser ejercida por el Poder Judicial.
 En Venezuela, ambos principios han sido reconocidos desde las primeras constituciones republicanas y hoy tienen su base constitucional en el artículo 136 de la Constitución de 1999, el cual dispone: “[…] El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
Se trata, pues de un paradigma que garantiza el funcionamiento de los Poderes Públicos mediante un equilibrio que impide que se creen compartimientos estancos sino conforme a un sistema de pesos, contrapesos e interferencias constitucionales.
Sin embargo, para el 2009, en contraposición a estos principios, unos hoy ex magistrados impusieron la doctrina del colaboracionismo de poderes, sosteniendo que su división debe verse hoy como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos para lograr que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo.
Y ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016.
El Libertador Simón Bolívar en su recordado Discurso de Angostura expresó:
Nada es tan contrario a la armonía de los Poderes, como su mezcla”.
Y, contestes con esta acertada frase del héroe americano, vale decir que para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público. De no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
(Publicado en el Boletín 275 de AIPOP de 17-04-2016 como editorial)

EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
El editorial de AIPOP en el boletín 275, titulado EL DESEQULIBRIO DE PODERES Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999, expresaba que a través del colaboracionismo se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016, concluyendo en que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público porque, de no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
Pues bien, contrariamente a esa necesidad imperiosa de restablecer el Estado de Derecho, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) el 22 de abril de 2016 ha vuelto a aplicar la doctrina del colaboracionismo de poderes y, al darle entrada a una demanda de nulidad propuesta contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, ha dictado una serie de medidas cautelares destinadas a condicionar la actividad legislativa y, prácticamente, ha atado de manos al Poder Legislativo al ordenar que los proyectos de leyes deben ser consultados con carácter obligatorio con el Poder Popular y con el Ejecutivo Nacional.  
De esta manera, la SC-TSJ ha cerrado la actividad legislativa sin que exista la posibilidad de que la AN recurra de las decisiones tomadas por el TSJ - última instancia judicial contra la cual no se admiten recursos jurídicos- por lo que pareciera que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público, para lo cual el pueblo de Venezuela, y concretamente el Poder Legislativo representado en la AN, está en el derecho de desconocer la autoridad que dimana de las sentencias del TSJ que han contrariado los principios y garantías democráticas a través de la desobediencia civil consagrada el artículo 350 antes transcrito.
La desobediencia civil es un derecho constitucional del “pueblo de Venezuela”, es decir, de un derecho de ejercicio colectivo y público, debiendo entenderse al “pueblo” como el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades; y, en este caso, el afectado por las aludidas sentencias ha sido el Poder Legislativo, lo que confiere a los diputados el derecho de abstenerse de acatar las tales decisiones.
Se trata de un derecho ciudadano democrático, de carácter pacífico y no violento; y procede cuando un régimen, la legislación o la autoridad, primero, “contraríe los valores, principios y garantías democráticas”; y segundo, “menoscabe los derechos humanos”; y en el supuesto que se comenta, las sentencias sobradamente contrarían tales principios y menoscaban los DDHH.
La desobediencia civil tiene sus consecuencias cuando el autor de los agravios se niega al restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando y, en este caso, de optar los diputados por acudir a la desobediencia civil, podría el TSJ alegar que se están desacatando sus sentencias y proceder al enjuiciamiento de los legisladores, y enviarlos a prisión, lo que equivaldría al sepelio de la ya maltrecha institucionalidad gracias a la doctrina del colaboracionismo de poderes.
Para concluir, las palabras del profesor John Rawls:
Aunque la desobediencia civil justificada parece amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.
(Publicado en el Boletín 276 de AIPOP de 25-04-2016 como editorial)

A ROMA POR TODO
Según el DRAE, la coloquial expresión que encabeza esta reflexión se utiliza para dar a entender que se acomete con ánimo y confianza cualquier empresa, por ardua que sea; y viene a colación con motivo de la información aparecida en los medios según la cual la Asamblea Nacional venezolana y la Asociación Mundial de Juristas/World Jurist Association (AMJ/WJA) han constituido una alianza para repatriar activos y recuperar de capitales a través de alianzas internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/an-y-asociacion-mundial-de-juristas-crean-alianza.aspx#ixzz46PYAWgA5).
Se trata de la presentación por parte de la AMJ/WJA de un proyecto que ha sido elaborado a instancias de esa organización gremial internacional titulado “Ley orgánica de prevención y represión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes Públicos provenientes de actividades delictivas”, que tiene el objeto de prevenir y combatir el blanqueo de dinero, el financiamiento al terrorismo y la transferencia de fondos de origen ilícito; recuperar los fondos de origen ilícito transferidos al exterior, así como también  la creación y la regulación del régimen de funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes provenientes de la Corrupción, del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo (SUNAREB).
El ámbito de aplicación que prevé el proyecto serán las operaciones y los bienes provenientes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, entendiéndose por lavado de dinero o blanqueo o legitimación de capitales, las operaciones mediante la cuales se encubre con apariencia de legalidad para el aprovechamiento o circulación en el sistema financiero de bienes  o activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los efectos y ganancias que se encuentren en el territorio nacional o de otro Estado, obtenidos a través de actividades ilícitas, y cuyos poseedores no puedan acreditar suficientemente su procedencia lícita, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.
Igualmente se aplicaría a aquellas actividades que se entienden por financiamiento del terrorismo y la aportación, recaudación o financiación de recursos o fondos económicos que tengan por fin o destino provocar alarma, terror o temor en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad de la Nación, o presionar las autoridades para que adopten decisiones o determinaciones.
Como puede imaginar el amable lector, se trata de una labor titánica que requiere el concurso de muchos cuando corruptos y lavadores de dinero poseen inimaginables capitales que les hace pensar que es imposible darles caza.
La AMJ/WJA y la Asamblea Nacional van a Roma por todo.

PASAR A LA POSTERIDAD

Pasar a la posteridad no es otra cosa que adquirir una persona o cosa fama eterna o muy larga, hasta póstuma, que se prolongue  por los siglos de los siglos.
Pero hay diferentes formas de hacerlo, por obras buenas o por malas artes, y es de presumir que todo ser pensante quiera dejar su huella perenne en la tierra a través de una gestión plegada a las virtudes, a las grandes hazañas, a inventos o invenciones en pro de la humanidad y la paz.
Pero no siempre el ser humano toma las mejores decisiones para recordado, y ese es el caso de un juez de LOPNA quien, en fecha reciente, negó un amparo introducido para dar protección a los niños sin medicinas, sosteniendo en su sentencia que no había pruebas de la falta de medicamentos en Venezuela.
Se trata de una insólita decisión que atenta especialmente contra los niños en un momento como el presente, cuando los medios informativos dan cuenta del fallecimiento de 82 neonatos en Zulia, en lo que va de año, 93  en Sucre, 77 en Táchira y, en Caracas, 46. No hacía falta pruebas, pues bastaba solamente al funcionario judicial informarse, como era su obligación por tratarse de un amparo en protección de la salud de los niños,  o trasladarse a cualquier centro asistencial de la capital y constatar la realidad de la carencia de medicamentos y de la emergencia hospitalaria.
Con su conducta, es claro que este individuo optó por pasar a la posteridad, y lo ha logrado, pues ha quedado marcado para siempre como el juez que negó las medicinas a los niños.
Carolina Jaimes Branger (http://runrun.es/uncategorized/257780/para-ese-juez-por-carolina-jaimes-branger.html ) le hace una advertencia al hoy tristemente famoso juez:
“[…] Tal vez hoy se sienta muy poderoso, muy guapo y muy apoyado. Pero llegará el día en que no podrá ni asomarse a la puerta de su casa. Y sus hijos y sus nietos se lo reclamarán […]”.
O querrá arrepentirse, pero quizás será tarde.



miércoles, 6 de abril de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE ABRIL 2016

A las víctimas de la intolerable violencia terrorista, venga de donde venga. In memoriam.

EL VERDADERO PROBLEMA
 El verdadero problema que afecta a Venezuela es que está sumergida en una sociedad hecha añicos por su profunda crisis ética y moral, una sociedad donde la gran mayoría tiene un bagaje cultural que es un coctel de ignorancia, resentimiento y perversidad, adosado a una constante práctica pro delictiva llamada “viveza criolla” que confunde con inteligencia”.  
Esta viñeta fue publicada o “colgada” recientemente en las redes sociales, concretamente en Facebook.
Quizá los expertos en ciencias sociales tengan una respuesta profesional a ese contenido, pero cualquiera puede entender lo que textualmente se expresa como una ofensa, o como un acierto.
Para este escribidor, el país está en una profunda crisis ética y moral que se remonta a 1810 -sí, usted está leyendo bien- y que se incrementó a inicios del socialismo del S. XXI, cuando el Presidente Hugo Chávez dio luz verde a la delincuencia al pretender darle sustento al “hurto famélico”, pues desde entonces -más de tres lustros- el hampa ha venido haciendo de las suyas por toda la geografía nacional y más allá de las fronteras.
El que en un barrio de cualquier ciudad venezolana un adolescente aspire a convertirse en “malandro” o el que un joven de familia de cómoda posición económica se transforme en “bolichico” utilizando indebidos sobreprecios en negocios con el Estado, o un oportunista al servicio del oficialismo, un “boliburgués”, se haga de riqueza súbita a través de suculentas comisiones, sobre precios y cuanta marramucia sea posible, no tiene nada de extraño dentro de un ambiente en el que se han degradado los principios y donde se destacan la “viveza criolla”, el “pajarobravismo” el “consígueme una vainita”, o “tírame algo” como modus vivendi.. ·y revela que “algo huele mal en Dinamarca”, frase con la que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien en un país por causa de la corrupción.
Esto revela que Venezuela enfrenta un gran déficit cultural y social; y ello solamente podría ser saneado mediante la difusión de los valores, de las reglas y de los comportamientos de una sociedad organizada en la que prive el imperio de la ley y el respeto al derecho ajeno, en la que se acepte que el trabajo enaltece y que es una virtud que honra y prima por encima de torticeros medios para hacerse de riqueza fácil. Con razón Carolina Jaimes Branger (http://elestimulo.com/blog/las-cosas-por-su-nombre-ladrones/http://elestimulo.com/blog/las-cosas-por-su-nombre-ladrones/ha dicho:
“[…] Si los venezolanos no cambiamos, poco podemos esperar de los resultados de un referendo revocatorio […] de una enmienda, una asamblea constituyente o una eventual renuncia”.
Ese es el verdadero problema. Si no cambiamos de actitud, reconocemos los errores cometidos y aprendemos a comportarnos cívicamente, cualquier esfuerzo para salir adelante fracasará y prolongará ad infinitum la agonía de un Estado malandro -Boris Muñoz (http://prodavinci.com/blogs/ante-el-desmoronamiento-por-boris-munoz-2/), dixit-  con desgraciadas consecuencias.   

DESCONTENTO, AGOTAMIENTO Y DESCONFIANZA
El sociólogo Laureano Márquez (@laureanomar), con el fino humor que le caracteriza, ha dicho:   
Aquí tiene que estar pasando algo: un experimento extraterrestre, un ensayo de la CIA sobre la destrucción de la humanidad, unas emanaciones radiactivas que pasaron desapercibidas o  unos aliens que nos colonizaron. Dejémonos de vainas, ningún país se “autosuicida” de esta manera (para usar la expresión que llevó a CAP a decir: “¡Caramba, cada vez me parezco más a Cayito!”). Somos la nación en la que se dan cita las peores cifras del planeta Tierra: la inflación más alta, la inseguridad más alta, la corrupción más alta, la peor economía del mundo”.
El párrafo anterior narra una crisis nacional que merece ser atendida porque, como sostiene la psicólogo social Mireya Lozada (http://www.larazon.net/2016/03/15/mireya-lozada-la-sociedad-esta-atomizada-fragmentada-en-pedazos/) La población dice basta porque ya es hora de trabajar todos por Venezuela. Dice basta porque no consigue comida, no consigue medicinas, demanda soluciones y no se le escucha, porque vota y no se respeta su voluntad expresada en las elecciones, porque está agotada de vivir con miedo a la inseguridad y en medio de la angustia, de la rabia, del desamparo, de la incertidumbre y de la impotencia; porque está cansada también de la polarización y de ese pleito entre los actores políticos. Creo que los gobernantes están abusando de la capacidad de aguante de la población venezolana y no respetan ni escuchan su clamor de buscar soluciones y alternativas democráticas y pacíficas a la crisis económica y social que enfrenta el país”.
El 6 de diciembre de 2015 la gran mayoría de los venezolanos se pronunció por un cambio al dar el voto a la oposición en rechazo a las ominosas y erradas políticas que se aplican desde comienzos del siglo y que han producido eso que Boris Muñoz califica como Estado malandro (http://prodavinci.com/blogs/ante-el-desmoronamiento-por-boris-munoz-2/), pero esos votantes no dieron un cheque en blanco a los políticos opositores, sino un mandato para que éstos comenzaran la transformación hacia mejores condiciones de vida, porque eso es lo que afecta hoy a millones de hogares.  
Han transcurrido apenas 90 días desde la instalación de la Asamblea Nacional y, durante ese tiempo, los diputados se han afanado en la elaboración de importantes proyectos de leyes pero paralelamente la inseguridad personal, aunada a la inflación y la escasez cabalgan sobre el caballo de Atila, con sus altos y bajos, pero creando un convulsionado y confuso ambiente que promueve el desasosiego, el agotamiento y la desconfianza.
Cómo aliviar esos estados anímicos -aliviar porque solucionar no es posible cuando el sartén lo tiene el gobierno agarrado por el mango- implica una tarea titánica de parte de la oposición, porque los dirigentes políticos tendrían que acercarse a sus electores para conversar con ellos, conocer y sentir sus necesidades y, a la vez, explicar los enormes problemas existentes y pedir el apoyo que necesitan para la gran tarea de la transformación desde el Poder Legislativo, a sabiendas de que las formas de comunicación a través de los medios están bloqueadas, pero quedan las redes sociales, como forma de transmitir los adecuados mensajes.
Un amigo, Héctor Hereter Latouche, preocupado por Venezuela, comentó a este escribidor que “[…] durante la revolución en Irán de 1979 el Ayatola Jomeini no se quedó cómodamente en su casa de París quejándose que el Shá, con un sistema represivo aún más fuerte que el de Venezuela, acaparara el espectro mediático y puso en marcha una guerra de guerrillas que aún hoy los comunicadores del  mundo estudian, conocida como la “revolución del Cassette”, permitiéndole llegar a todos los estratos de la sociedad iraní”.
Solamente así, acercándose directamente a los votantes por cualquier medio que valga, podrá calmarse los debilitados estados de ánimo de los venezolanos porque tendrán la posibilidad de hacer una evaluación, determinar las responsabilidades, las razones del no cambio y, en fin, conocer por qué en Venezuela se dan cita las peores cifras del planeta Tierra: la inflación más alta, la inseguridad más alta, la corrupción más alta, la peor economía del mundo, como dice Laureano, con lo cual se calmaría esa imagen a la que alude Mireya Lozada de que los gobernantes están abusando de la capacidad de aguante de la población venezolana y no respetan ni escuchan su clamor de buscar soluciones y alternativas democráticas y pacíficas a la crisis económica y social que enfrenta el país.

DESPUÉS DE MI, EL DILUVIO…PERO…

Cuenta el historiador Juan Eslava Galán (La segunda guerra mundial contada para escépticos, Planeta, 2015, p. 461) que, luego de la derrota del ejército alemán en el sitio de Stalingrado, “[…] los generales son conscientes de que la guerra está perdida. Lo sensato sería pactar con los aliados un armisticio honorable, pero Hitler y sus compinches saben que eso significaría tener que responsabilizarse por las atrocidades cometidas cuando estaban seguros de que ganarían la guerra y de que sus crímenes quedarían impunes. Deciden resistir a ultranza aunque ello comporte el absurdo sacrificio del pueblo alemán, ahora preso en un sistema policial y terrorista”.
Y es que la suspensión de hostilidades implicaba, por supuesto, la rendición del Führer y sus secuaces, lo que evidentemente llevaba consecuencias que serían funestas para ellos, pues tendrían que asumir la responsabilidad de los crímenes de guerra por los que resultarían juzgados y condenados, lo que hizo que Hitler optara por asirse al poder aun a costa de las pérdidas de vida y materiales de la población.
Como se ve, el energúmeno psicópata razonó como lo hiciera el rey -Luis XV de Francia quien, refiriéndose a la suerte de su país tras las calamidades de su reinado, pronunció esta despreocupada frase: “Après moi le déluge" que en su versión castellana significa “Después de mí, el diluvio".
El dilema de un gobernante acosado por su propio pueblo como consecuencia de las calamidades de sus políticas erradas al punto de que se le pida su separación del cargo, es asumir con valentía el pedido de renuncia y no continuar hundiendo en la miseria y desesperación a millones de ciudadanos porque seguramente diluviará en algún momento como dijera el monarca francés, pero la historia relata que también hay justicia, como los célebres juicios de Nüremberg, emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del III Reich alemán hasta su rendición el 7 de mayo de 1945.

ANTE LA REITERADA SUMISIÓN DEL TSJ AL PODER EJECUTIVO
En días pasados, el Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela impuso un voto de censura a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), acusándolos de vulnerar la Constitución de 1999 en lugar de protegerla, como es su obligación como única autoridad estatal autorizada para interpretarla, e indicando que sus últimas decisiones adheridas al oficialismo y dirigidas a cercenar a la Asamblea Nacional (AN)  “[…] contribuyen a la destrucción del Estado Social de Derecho y de Justicia, no sólo a nivel de las instituciones y su funcionamiento, sino que crean un Estado anárquico, arbitrario, donde todo tipo de atropello es posible, causando un daño grave y masivo a la nación".
Esta importante resolución fue tomada con motivo de los fallos que en las últimas semanas había dictado la SC-TSJ contra la AN, es decir, las sentencias que se referían a la validez del Decreto de Emergencia Económica y a las facultades del Poder Legislativo para interrogar a los funcionarios públicos.
No obstante ese tajante reclamo del gremio, al que pertenecen los magistrados a través de los respectivos Colegios de Abogados donde estén inscritos, la SC-TSJ ha hecho caso omiso al voto de censura y ha continuado sirviendo a los intereses políticos del oficialismo y  ha dictado otras decisiones que reiteran su sumisión al Poder Ejecutivo.
Entonces, se pregunta este escribidor si los magistrados, a pesar de ser abogados, están excluidos del cumplimiento de las normas que impone la Ley de Abogados y, en caso negativo, si están obligados a acatar el sentir de la censura que le ha sido impuesta por el Consejo Superior de los profesionales del derecho.
Desde el punto de vista legal, los magistrados son abogados y, por tanto, están obligados a cumplir con la ley que los rige, incluyendo a los magistrados y jueces, a quienes se les prohíbe solamente el ejercicio de la profesión mientras estén desempeñando funciones judiciales; y en la misma Ley de Abogados se prevé que las decisiones tomadas por los organismos gremiales son obligatorias para todos los abogados, sin excepción, como lo dispone el artículo 18 de su ley.
Por tanto, si el regaño dado por el Consejo Superior es obligatorio, ello implica que los magistrados de la SC-TSJ tienen que acatarlo y abstenerse de contribuir a la destrucción del Estado Social de Derecho y de Justicia y abstenerse de dictar decisiones similares a las cuestionadas porque crean un Estado anárquico, arbitrario, donde todo atropello es posible.
A la luz de esto, resulta que la SC-TSJ ha continuado plegada al oficialismo y ha dictado nuevas decisiones como la que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, lo que constituye un incumplimiento a lo acordado por la Federación y, en ese caso, los Colegios de Abogados, a través de sus respectivos Tribunales Disciplinarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61, están facultados para conocer de las infracciones a las resoluciones y acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y organismos gremiales y  suspenderlos del ejercicio profesional conforme dice el artículo  70 literal e de Ley de Abogados.



martes, 22 de marzo de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE MARZO 2016

Al doctor Vicente J. Puppio, reconocido abogado y profesor de derecho procesal en la UCAB. In memoriam.

EL TREN PASA UNA SOLA VEZ

Se dice que el tren sólo pasa una vez en la vida, y que si no lo tomas, jamás volverá para reclamarte.

Otras dicen que pasa varias veces, y que lo que debe hacerse es escoger el vagón adecuado; y  para otros, nunca pasa.

Y viene a colación el refrán en su primera interpretación –el tren pasa una sola vez- que este escribidor desea explicar al amable lector.
El 6 de diciembre de 2015 el pueblo venezolano votó mayoritariamente por la integración opositora dándole una holgada ventaja sobre el grupo oficialista y, a partir de la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, las esperanzas de esa multitud abrumadora se volcó sobre el cuerpo legislativo, especialmente desde el momento en que el recién electo Presidente de la AN pronunció su discurso de toma de posesión, esperanzas que se multiplicaron luego de la intervención del mismo líder del Poder Legislativo cuando encendidamente respondió al Presidente de la República.
Como era de esperarse, el Ejecutivo Nacional, en combinación inconstitucional y descarada con las Sala Electoral y la Sala Constitucional, se las ingenió para cercar al Poder Legislativo, primero eliminando a tres diputados electos, y posteriormente cortando las manos de los diputados en cuanto a la remoción de magistrados del TSJ, así como la limitación en las labores de interpelación de los funcionarios públicos.
No obstante, la sitiada AN ha continuado sus labores y se ha dedicado afanosamente a presentar proyectos de leyes indispensables y necesarias para recuperar la democracia y el Estado de Derecho, tales como la Ley de Amnistia, de Referenda (o Referendums), de Propiedad de las Vivendas, y otros más que por no nombrarlas tienen importancia, como es el caso de la declaratorias de emergencia relativos a alimentos y productos farmacéuticos.
En paralelo, la vida cotidiana del ciudadano normal transcurre entre la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas y las largas colas para adquirir esos productos y, para colmo, con el racionamiento de agua y de energía eléctrica, sin que los votantes y los no votantes vean resultados que impliquen una reducción de los males que les afectan, limitándose a quedar como convidados de piedra en el fuego cruzado entre el Poder Legislativo por un lado, y por el otro el Poder Ejecutivo y sus sumisos soldados, el Poder Judicial, el Moral y el Electoral.
Pero el tiempo pasa y no se ven los resultados esperados ni se acude hasta el lugar más remoto, donde hay al menos un votante, para decirle cuál es el trabajo que se está haciendo y las metas que se persiguen. Las informaciones de los medios, las declaraciones de los líderes oposicionistas no llegan a su destino, no permea hasta los más bajos estratos de la escala social, sino que se quedan en las laptops y tabletas de inquietos y preocupados ciudadanos con vocación de servicio.
Todo ello está originando un malestar en aquel inmenso causal de votantes del pasado 6 de diciembre, una desilusión que puede hacer que, en cualquier momento, esa euforia que nació alrededor del triunfo de la oposición, ese deseo de cambiar las cosas, desaparezca y quede en el sentimiento mayoritario una frustración de graves consecuencias para los mismos ciudadanos y para el país.
La que este escribidor expresa no es una voz que clama en el desierto porque otros están manifestando sentimientos similares. Así, Alberto Medina Méndez (@amedinamendez) ha dicho:
“Los que fueron elegidos tienen ahora que responder a la confianza de los votantes. La sociedad espera efectividad. No los juzgará solo por sus modos personales, ni por sus gestos. Eso solo será parte del anecdotario que jugará a favor, si todo resulta bien, y en contra si todo termina mal [..] .Si hacen las cosas adecuadamente y consiguen lo prometido, al menos parcialmente, el acompañamiento electoral estará presente inexorablemente. Si sus planes no se cumplen, si las expectativas no se ven reflejadas, no habrá ardid táctico que les evite futuras derrotas”.
 El tren pasa una vez, llegó el 6 de diciembre y desde el 5 de enero está detenido en la estación esperando a que los pasajeros suban para dirigirse a su destino. Se dejará pasar la oportunidad de subirse a él?

MÁS SOBRE LA GUERRA ECONÓMICA

El oficialismo persiste desde el 2013 -dos años- en el cuento de la  guerra económica, organizada, según afirma, por los factores de poder vinculados al capital al punto que ha declarado el Estado de emergencia económica, creado 14 “motores económicos” y batallones con sugerentes nombres como la “operación ataque al gorgojo”, mientras la glamorosa ministra para Asuntos Penitenciarios, durante un acto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, aseguró que "le vamos a quebrar el pescuezo" a quien siga con la "guerra económica" (http://www.el-nacional.com/sociedad/Iris-Varela-vamos-quebrar-pescuezo_3_807549250.html).
Los sectores especializados y voceros políticos oposicionistas, por su lado,  rechazan las afirmaciones oficialistas y niegan esa guerra económica alegando que los males que padece Venezuela se deben a un modelo y un gobierno que fracasaron en lo elemental, en lo básico, que es permitirle una vida decente a su pueblo, con alimentos y medicinas; que anuló al sector privado persiguiéndolo, confiscándolo y nacionalizándolo, deprimiendo la producción nacional y desestimando la inversión privada. “Quién va a invertir en este país con un gobierno que no tiene escrúpulos para la expropiación y la nacionalización"!, se escucha abiertamente.
Como se ve, se trata de dos posturas sobre un hecho concreto, cual es el caos económico en que se encuentra el país y que relata descarnadamente la licenciada Thays Peñalver en http://www.notiminuto.com/noticia/el-colapso-militar-de-maduro/#).
Pero resulta que la guerra económica existe como el enfrentamiento entre la economía dirigida y controladora y el libre mercado, el que rige en las naciones democráticas y de progreso. Al respecto, vale traer a colación un párrafo de una reflexión de este escribidor (Reflexiones 2013-2014 www.amazon.com):
“El hombre nace libre y, cuando es sometido, o se hacen tentativas para coartarlo, sus deseos de libertad se exacerban porque la esclavitud, y hasta el más sensible límite a su derechos libertarios, le empujan apasionadamente a buscar los espacios abiertos, sin más limitaciones que aquellas que impone la vida en sociedad, donde los gobiernos no tienen más rol que el de mantener objetivamente el equilibrio de los derechos entre quienes voluntariamente han suscrito un pacto social. Por supuesto, hombre libre es aquel que no se vende por las migajas que caen de la mesa del poderoso ni va tras vendedores de ilusiones en busca de vanas esperanzas, sino que por encima de todo hace gala de principios y valores, independientemente de su fortuna o posición social”.

EL TEST DE ESTADO FALLIDO

En un estudio denominado ESTADOS FALLIDOS: Definiciones conceptuales preparado bajo la dirección de Gabriel Mario Santos Villarreal (http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdfhttp://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-09.pdf) se lee que Noam Chomsky afamado filólogo, politólogo y pensador norteamericano, en una entrevista televisiva en marzo de 2002 aseguró que el término Failed States o estado fallido es una teoría inventada por la administración estadounidense luego del fracaso de las políticas acerca del eje del mal y los estados terroristas o estados forajidos y otras invenciones creadas para nuclear y aglutinar a la opinión pública y centrar los esfuerzos contra gobiernos y países cuyas políticas no concuerdan con la visión del gobierno estadounidense.
No obstante la opinión del emérito profesor, algunos autores consideran que si bien no hay una definición aceptada académicamente de manera universal para denominar a un Estado como fallido, ciertos criterios empleados para tal consideración pueden resumirse en la falta de una autoridad unificada, reconocida y más o menos legal sobre un territorio determinado.   
De estas ideas, el centro de estudios Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros:
-          Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
-          Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
-          Incapacidad para suministrar servicios básicos.
-          Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Tales elementos de valoración en realidad equivalen a un “test” que usted, amable lector, puede utilizar para determinar objetivamente cuándo se encuentra frente a un Estado fallido.

LA SENTENCIA N° 9 DEL 1/3/16 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
“[…] la peor desgracia que podría ocurrir a un magistrado sería la de enfermar de ese terrible morbo que se llama el conformismo. Es una enfermedad mental similar a la agorafobia: el terror de su propia independencia; una especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los superiores, sino que se las imagina y les da satisfacción de antemano”.
Piero Calamandrei
En una insólita cuan cuestionada decisión -la ex magistrada Blanca Rosa Mármol la ha calificado como “sentencia inmoral”- la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC-TSJ”), a petición de unos desconocidos “mujiquitas” que se suponen afectos al oficialismo,  interpretó las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y, caprichosamente, estableció las facultades del Poder Legislativo. 
A tal efecto, la SC-TSJ inventó que, para ejercer el control legislativo, debe haber una coordinación entre la AN y el Vicepresidente Ejecutivo para hacer efectivo el ejercicio del referido control  respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la Administración Pública Nacional; y que las convocatorias que efectúe la AN “[…] deben estar dirigidas exclusivamente a los funcionarios sometidos a ese control, indicar la calificación y base jurídica que la sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma, permitiendo a los funcionarios que comparecen, solicitar y contestar, de ser posible, por escrito, las inquietudes que formule la AN o sus comisiones, e inclusive, también si así lo solicitaren, ser oídos en la plenaria de la AN, en la oportunidad que ella disponga, para que el control en cuestión sea expresión de las mayorías y minorías a lo interno de ese órgano del Poder Público, las cuales han de representar  a todos los ciudadanos, y no únicamente a un solo sector; todo ello para dar legitimidad y validez a tales actuaciones […]”.
No contenta la SC-TSJ con su servil actitud, agregó que el  control parlamentario se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional, y no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral); ni sobre el poder público estadal ni municipal.
En cuanto a la facultad de la AN para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados, la SC-TSJ determinó que la AN  carecía de tales facultades, agregando que no puede calificarse la remoción de un magistrado como “un acto administrativo”, pues se trata, sin duda, de un acto parlamentario en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sin forma de ley.
A sabiendas de que la AN estaba en proceso de revisar la espuria designación de magistrados hecha en diciembre de 2015, la SC-TSJ se anticipó acordando la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la AN pretende impulsar la revisión de procesos de selección de esos magistrados.
La sentencia, cuya validez o existencia también se ha puesto en duda por la falta de firmas de magistrados, evidencia con meridiana claridad su carácter político, dictada para complacer al Ejecutivo Nacional en su empeño de poner coto a las facultades que constitucionalmente le corresponden a la AN. Esta circunstancia, per se, la descalifica como documento jurídico serio capaz de cumplir con los límites del Estado de derecho y la seguridad jurídica y desdice con la independencia e imparcialidad que deben ostentar los jueces y magistrados.       Sentencias tan bochornosas como detestables no son sentencias. Son actos políticos que, en lugar de favorecer la paz y convivencia, vienen a alterar no solamente la voluntad popular expresada el  de diciembre, sino a poner en riesgo la ya debilitada institucionalidad.
En días pasados, falleció el juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de USA. Se le rindieron honores póstumos incluso con bandera a media asta. Se distinguía por sus posiciones conservadoras expuestas en numerosas sentencias, de las cuales resaltan las que se oponían a que la Corte Suprema se convirtiera en legislador, porque creía en la separación de poderes.
Merecerán esos magistrados de la SC-TSJ honores como los rendidos al juez Scalia, o serán considerados por la historia como empíricos leguleyos capeados de toga y birrete al servicio del mandón de turno?
(Publicado en el boletín AIPOP no. 270 de 6 de marzo de 2016).

ALGO SOBRE LA SOLIDARIDAD AUTOMÁTICA
Los políticos tienen la mala práctica de incurrir en solidaridad automática cuando siendo miembros de un partido político, uno de sus cófrades es denunciado por un delito de corrupción; o, se enteran de los manejos turbios de un compañero de partido, se hacen la vista gorda y cuando el asunto queda a los ojos de todos, entonces dicen que no tenían conocimiento de los hechos irregulares pero que para eso están los tribunales.
Eso ha venido funcionando en muchos países y, para muestra, basta con mencionar a España, donde las denuncias de corrupción política abarrotan las páginas de los medios informativos. Venezuela es otro ejemplo de vieja data donde se habla libremente de los corruptos, a quienes se les aplica el mote de “boliburgueses” o de “enchufados”, pero entretanto el oficialismo hace mutis por el foro, como si no supiera de qué se está hablando. Solamente una dama, en el aeropuerto de Barajas que sirve a la capital española, se atrevió a enfrentar a un joven acusado de “boliburgués” en aplicación del castigo social que reemplaza a la sanción legal.
No sería más provechoso para las formaciones políticas y para el país que los propios dirigentes partidistas se preocuparan por mantenerse dentro de la transparencia y denunciarlas en el caso de conocer de transgresiones, dejando que los jueces resuelvan de manera imparcial e independiente?

Para este escribidor, la respuesta afirmativa se impone. La solidaridad automática debe ser desterrada.

sábado, 27 de febrero de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE MARZO 2016


A José Rosario Gómez Istúriz, entrañable tío,  a quien desde mi infancia mis padres me enseñaron a querer, allá por los años 50´s. José, como cariñosamente lo llamábamos en la familia, fue abogado de profesión y se desempeñó como Secretario del Consejo Judicial en los primeros años de la República Civil para luego pasar a la Inspectoría de Tribunales del Consejo de la Judicatura en su función de preservar la transparencia del sistema judicial, lo que cumplió devotamente hasta la fecha de su merecida jubilación. Con amabilidad y sencillez, siempre hizo el bien, fue un hombre bueno. In memoriam.

EL JUEZ ANTONIN SCALIA

Los medios dan cuenta del fallecimiento del juez Antonin Scalia, quien formara parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, máxima instancia de las polémicas legales y políticas de toda índole en la gran nación del norte.
La importancia del hecho biológico de la muerte de tan conocido personaje radica en que el juez Scalia fue una influyente voz conservadora, de lo que dejó constancia en importantes sentencias de las que fue ponente, como el fallo Distrito de Columbia vs. Heller, que derogó las restricciones al porte de armas y en otra en la que sostuvo que la Segunda Enmienda consagraba la tenencia de armas en EE.UU. como un derecho constitucional.
Por otro lado, nunca ocultó sus desacuerdos como en los casos recientes sobre el matrimonio gay y la constitucionalidad de la reforma de la salud del presidente Obama, sirvieron como grito de guerra para los conservadores en el país.
Como dice @AlfredoCepero, Director de www.lanuevanacion.com en SCALIA: LA MUERTE DE UN GIGANTE,  “Este hombre no pedía disculpas por sus posiciones conservadoras. Se propuso, y en gran medida lo logró, poner freno a la tendencia de la Corte Suprema presidida por Earl Warren de usurpar los poderes del Congreso legislando desde sus cargos vitalicios y sin rendir cuentas a la ciudadanía […] un gigante de la jurisprudencia americana y nuestro campeón más formidable en esta lucha entre el materialismo y el espiritualismo que amenaza con desmembrar a la sociedad norteamericana. Un católico que vivió su fe y actuó en concordancia con sus principios. Una versión contemporánea del "paterfamilias romano" de la cultura de sus antepasados, de la cual Scalía se sentía orgulloso  […] “.
Las posturas jurídicas de Scalia pueden ser objeto de críticas y también se puede disentir de ellas; pero lo que nunca podrá decirse es que el fallecido juez fue un empírico leguleyo capeado de toga y birrete, ni malabarista en la argumentación al genuflexo servicio del mandatario de turno pues, precisamente, uno de sus objetivos fue devolver al Congreso norteamericano las facultades que unilateralmente venía usurpando la Corte Suprema. Su independencia judicial lo distinguió de seudo magistrados de otros países que sufren de esa extraña enfermedad conocida como agorafobia y que, para ellos, lucir  una toga equivale al mejor disfraz de carnaval.
Así como el dicho “muerto el rey, viva el rey” servía para despedir al soberano y honrar la monarquía, vale la pena una alegoría por Scalia: “Muerto el juez, viva la Justicia” (http://informe21.com/blog/ricardo-trotti/muerto-el-juez-viva-la-justicia).

SI QUEREMOS EVOLUCIONAR…  

El tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el amiguismo, la malversación de fondos públicos, el nepotismo, la impunidad y otras manifestaciones delicuenciales han existido en este lugar que el gran Almirante de la mar océano, en su tercer viaje al nuevo continente, llamó “Tierra de gracia”. De hecho, esos vicios nos devienen de esa tradición que nos han legado la cultura y civilización occidentales venidas a las Américas en las carabelas de Cristóbal Colón  para fundirse en un todo indisoluble con los elementos indígena y africano.
Todos esos vicios se evidenciaron desde el momento mismo de la colonización, al punto que fue necesario implantar el juicio de residencia que, desde el siglo XVI hasta 1812, que se aplicaba a los virreyes y demás funcionarios que cesaban en sus cargos en la América española, a los que quedaban ellos sometidos una vez que dejaban los cargos, y obligados a permanecer en el lugar sin poder abandonarlo hasta que la audiencia se pronunciara.
Con la llegada de los movimientos independistas en las Américas no cesaron los vicios. Al contrario, el Libertador Simón Bolívar dictó un decreto en el cual se preveía la pena capital contra los corruptos; y a partir de 1830, en lugar de disminuir, las corruptelas fueron en aumento, especialmente durante los gobiernos dictatoriales de los hermanos Monagas como lo relata Pedro Núñez de Cáceres (Memorias” y del “ilustre americano” Antonio Guzmán Blanco, cuyas pillerías eran públicas y sin sonrojo de su parte. Solamente se nota un período de mediana sanidad bajo la Presidencia de Manuel Felipe de Tovar, tan pulcro que, a pesar de haber puesto sus bienes en fideicomiso para separarlos de su patrimonio, ante la debacle que presentaban las rencillas internas entre el militarismo, optó por renunciar sin cumplir con su mandato presidencial y marcharse a París.
En el s. XX no se quedan atrás los vicios. Las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez consideraban que el país era propiedad de los mandatarios y sus amigos -los enchufados de hoy-; y en 1945 y en 1958 se utilizaron organismos ad hoc como el Jurado de Responsabilidad Administrativa y la Comisión contra el enriquecimiento ilícito, que resultaron peor remedio que la enfermedad, al punto que años después se inventaron los juzgados penales con competencia para conocer de los delitos contra el patrimonio público, con una inútil alzada que llevaba el pomposo nombre de Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, célebre por el famoso caso del “chino de Recadi”, caso único de condena por corrupción.
Ante el estado general de corrupción que se producía en Venezuela bajo la Presidencia de Jaime Lusinchi, quedaron grabadas para la posteridad las sarcásticas frases de un político, Gonzalo Barrios: “[…] los venezolanos no somos suizos […]” y “[…] en Venezuela no hay razones para no robar”; y posteriormente Arturo Uslar Pietri, esa especie de voz de la conciencia ciudadana de los últimos 40 años del siglo XX, fue entrevistado en un programa televisivo en 1989, en pleno apogeo de la corrupción y, sin más, dijo:
Si usted decide meterse a peculador o ladrón, el riesgo de ir a prisión es mínimo. Aquí nadie sufre con meterse a pícaro porque no hay castigo para eso”. De seguidas, aclaró que el venezolano en su mayoría es honesto, “…aunque serlo no le signifique alguna recompensa, y no faltará desde luego alguien que le diga: Caramba, ese hombre sí es honesto. Pero lo más seguro es que le declaren más bien pendejo”.
Durante el quinquenio Caldera II, Venezuela se adhirió a la Convención Americana contra la corrupción y, desde entonces, se han dictado leyes para enfrentar el flagelo, sin que la coerción hiciera efecto porque -volvemos al hecho notorio- desde entonces hasta el presente -17 años del socialismo del s. XXI- se han multiplicado los hechos relacionados con la corrupción, como los mencionados en el encabezamiento de esta reflexión, muy al contrario de lo expuesto por el Presidente Nicolás Maduro:
Jamás la corrupción será revolucionaria, todo corrupto es contrarrevolucionario, jamás la revolución será socialista, al contrario, todo corrupto lo que es tremendo capitalista, lo que está buscando es la ganancia a costa de la vida del pueblo”..
Ante tal estado de perversión, se intenta promover un proyecto de ley en el que se incluye el proceso para la recuperación para el país de los dineros producto de la corrupción y del lavado de dinero, en el cual este escribidor ha puesto su grano de arena; pero si todas esas iniciativas no van acompañadas al menos de campaña de rescate de los valores, que devuelvan al ciudadano los conceptos de trabajo, de honestidad, de respeto, poco se va a avanzar, pues un cambio de conductas se impone. El “póngame donde haiga”, la holgazanería, el hurto famélico, el “enchufe”, la riqueza fácil y veloz, no puede continuar, si es que queremos evolucionar hacia mejores horizontes.
Quizás comenzar con la enseñanza de las Tablas de Moisés sería un gran paso.

DEMASIADA MISERIA HUMANA
En los días previos a las elecciones parlamentarias venezolanas, el presidente Nicolás Maduro acusó al alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, Carlos Ocariz, en estos términos: "Abandonaste el cargo Ocariz, no tienes justificación, tu sabes muy bien el apoyo que te hemos dado para la situación que estás enfrentando, y cómo has pagado ese apoyo, conspirando desde Miami, Ocariz viene con los planes de Miami a poner plata aquí y allá"; y además acusó al alcalde de usar los recursos del municipios "para pagar bandas delincuenciales".
El acusado alcalde ripostó de forma lacónica y por demás plena de sentimientos:
"Lastimosamente las veces que he salido del país han sido para internarme en un hospital, día y noche, ya que mi hijo de 12 años tiene leucemia. Con la ayuda de la ciencia, Dios y de nuestro José Gregorio, saldremos adelante y pronto mi hijo estará sano entre nosotros".
El asunto radica en que el menor hijo del alcalde sufre de una grave afección la cual le es tratada en un hospital de Miami, y el presidente Maduro, a sabiendas de ello, optó por inventar la patraña antes señalada, pensando quizás que tamaña acusación incidiría en el resultado electoral de diputados del Estado Miranda.
Ataques de esa naturaleza revelan simplemente miseria humana, bajos sentimientos y ausencia total de solidaridad en momentos en los que los seres humanos, hasta en crueles guerras, hacen un espacio para mostrar solidaridad.
Pero el asunto no hubiera pasado a mayores si, a dos escasos meses de aquel infortunado pronunciamiento, el ahora diputado oficialista Jaua no hubiera solicitado a la Asamblea Nacional que investigue al alcalde Ocariz por viajar a Miami a visitar a su hijo enfermo.
Sobran comentarios.

AL QUE A UNO LE DA DE COMER, NUNCA SU MANO DEBES MORDER
El dicho que antecede enseña que, ante todo, el ser humano tiene que ser agradecido y, por tanto, no debe traicionar a quien le ha favorecido. Por el contrario, el  ingrato olvida los favores y ayudas que ha recibido en el pasado.  
Este escribidor trae a colación el citado refrán con motivo de una información pública relativa a que los gobernantes de los 15 estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) reafirmaron su apoyo al mantenimiento y la preservación de la soberanía de Guyana y su integridad territorial en la disputa fronteriza de ese país con Venezuela por el territorio de Esequibo, un área de 160.000 kms2 y rica en recursos naturales, que representa2/3 partes de Guyana.
La posición de los países integrantes del Caricom no tendría la significación que pretende dar ese escribidor si no fuera porque esos países recibieron ayuda económica y financiera de Venezuela desde el mismo momento en que comenzó la llamada revolución bolivariana a gobernar, cuando el extinto presidente Hugo Chávez dio luz verde a la iniciativa de Petrocaribe bajo el lema “Energía para la unión”, para lo que se tomó en consideraciòn “[…] la considerable importancia estratégica que tiene la comunidad caribeña, debido a su ubicación geográfica y su importante legado histórico […] Además de la idea de rescatar los lazos de hermandad que nos unen a nuestros hermanos caribeños […]”  (http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/union/readmenu-ante2.tpl.html&newsid_obj_id=640&newsid_temas=36).
Y menos aún tendría justificación cuando los países de CARICOM adeudan millones de dólares USA por el suministro del crudo venezolano a precios justos y con facilidades de pago, como se lee en el portal de Petrocaribe.
Pero siendo un hecho indubitable la reacción caribeña de apoyar a Guyana frente a las reclamaciones territoriales venezolanas, es evidente que el CARICOM ha violado la máxima y mordido la mano de quien le dio de comer.

EL MUNDO ANDA AL REVÉS, O VENEZUELA ANDA AL REVÉS?
Eso pareciera deducirse de la información que da cuenta en la red de que los políticos opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron galardonados hoy con un premio a la defensa de los DDHH otorgado por la organización no gubernamental UN Watch.
Y piensa este escribidor que es Venezuela la que anda al revés porque mantiene bajo privación de libertad a dos dirigentes políticos opositores, Leopoldo López condenado a 13 años y 9 meses de prisión en una cárcel militar por una justicia de rodillas que sirve de instrumento o brazo castigador del Ejecutivo Nacional; y el otro, Antonio Ledezma, privado de su libertad en su casa por razones de edad, acusado por una Fiscalía que comparte los mismos méritos que la justicia y que, de continuar el proceso, con toda seguridad resultará culpable.
De allí que el mundo no anda al revés, sino en la vía correcta al reconocer a estos personajes la defensa de los DDHH personificada en la ilegal e inconstitucional privación de su libertad personal. Por cierto, también ambos dirigentes  han recibido el premio Libertad Cortes de Cádiz 2015 que compartirán con la lideresa política María Corina Machado.
La justicia tarda, pero llega. Y eso lo saben los carceleros.