jueves, 26 de mayo de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE MAYO 2016

A Alain Coriat, abogado y agente de la propiedad intelectual, un señor a carta cabal  y buen  amigo que hizo de Venezuela su patria. In memoriam.

CRISIS HUMANITARIA
El artículo 83 de la Constitución de 1999, dice que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida […]”; y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.
De acuerdo a estos principios, y a otros de rango constitucional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado debe garantizar:
1.     Disponibilidad: debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud.
2.    Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales.
3.  Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna.  
No obstante, informan los medios (http://efectococuyo.com/principales/murio-el-nino-oliver-sanchez-tras-luchar-por-conseguir-medicinas-para-su-tratamiento) que en la tarde del pasado martes 24 de mayo falleció un niño de 8 años de edad, diagnosticado de un linfoma desde hacía más de un año.
Se tuvo conocimiento de su existencia y de la enfermedad que le afectaba cuando resultó fotografiado portando un cartel que decía  “Quiero curarme, paz y salud”, y lo exponía en medio de una protesta por falta de medicinas en la que él participaba con su madre porque era todo un “calvario” conseguir los medicamentos apropiados.
La imagen de Oliver –así se llamaba esta inocente criatura- en aquel momento se volvió viral en las redes, como ahora ha sucedido pero para trasladar la triste noticia de su fallecimiento en una clínica privada porque en el centro hospitalario público donde se le trataba no había camas disponibles en el área de terapia intensiva.
No es la primera vez que un niño fallece como consecuencia de la crisis de la salud, o sea, por falta de medicinas o por deficiencias en el sistema hospitalario, pues los medios dan cuenta de que un pequeño de tres años falleció en diciembre por falta de Cardioxane, usado para proteger el corazón de los efectos de la quimioterapia. Otro murió en febrero, tras convulsionar durante cinco días por falta de Lamotrigina.  A principios de marzo de este año, una niña marabina falleció mientras esperaba un trasplante de médula ósea.
Estas lamentables pérdidas de vida de infantes, y también las de adultos por las mismas razones,  revelan la existencia de una crisis humanitaria aunque las autoridades quieran “tapar el sol con un dedo”; y ello, como usted podrá imaginarse amable lector, engendra responsabilidades de todo tipo.
Descansen en paz las víctimas de la crisis humanitaria.

UN PANORAMA SIN JUSTICIA
El editorial del boletín 275 de AIPOP expresaba que ”[…] ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016”.
De esta manera, puede decirse que, a través del colaboracionismo de poderes, se ha puesto término a la independencia judicial y, por tanto, eliminado el derecho de acceso de todo ciudadano a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, al no garantizarle el Estado una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como dispone el artículo 26 de la Constitución de 1999.
Este estado de ausencia de justicia nos hace recordar a San Agustín de Hipona cuando en “La Ciudad de Dios (Libro IV, Cap. 4), se preguntaba:
Si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda.
Las palabras del “Doctor de la Gracia y máximo pensador del cristianismo del primer milenio, son más que elocuentes para dibujar el terrible panorama de un país sin justicia, por lo que el santo complementa su aserto con el siguiente diálogo:
Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador.        
(Publicado en el Boletín AIPOP No. 279 de 15 de mayo de 2016)

EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN FRONTERIZO
Un reportaje periodístico (http://www.lapatilla.com/site/2016/05/18/en-maicao-si-hay-como-la-frontera-esta-cerrada-los-productos-venezolanos-pasan-por-las-trochas-fotos-y-video/) da cuenta de que a la goajira población colombiana de Maicao llegan los productos venezolanos que pasan por las trochas en vista del cierre oficial fronterizo ordenado por el Presidente de la República para supuestamente atacar el contrabando y los grupos paramilitares que operan en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Venezuela y Colombia.
El resultado del reportaje es que en el “Mercado de las pulgas” de esa población fronteriza usted, amable lector, podrá conseguir toda clase de productos fabricados en Venezuela, tales como cerveza, leche en polvo, desodorantes y detergentes, a lo que se suman bebidas achocolatadas, queso fundido, crema de arroz, cereales, leche condensada, atún, jamón endiablado, adobo, vinagre, mostaza, salsas para condimentar carnes, salsa de tomate, avena en hojuelas, galletas, bebidas en polvo, suplementos vitamínicos en jarabe, yogurt, pepitonas, salsa de soya, salsa inglesa, pasta, chicha en polvo, detergente en polvo para cocina, jabón en polvo para ropa (varias presentaciones), destapa cañerías, aceite comestible, mermeladas, salsa barbecue, guasacaca picante, lavaplatos en crema, jabón de uso íntimo, desinfectante, suavizante de ropa, champú (varias marcas), acondicionador de cabello, enjuague bucal, jabón de tocador, toallas sanitarias, pañales, talco, afeitadoras y repuestos, crema dental, gelatina para cabello, cremas humectantes, protector solar, ambientadores en spray, cloro, toallas húmedas, colonia de bebés, insecticida, limpiador en spray, cremas humectantes, alimento concentrado para perros, toallas clínicas, huevos, camarones, queso, carne, guisantes enlatados y sardinas.
Como se observa, el fin perseguido por el gobierno de controlar el contrabando de extracción fronterizo ha sido un fiasco porque los contrabandistas siguen haciendo de las suyas, a lo que habría que agregar el contrabandeo de gasolina y hasta de medicinas; pero lo más asombroso es que esos productos extraídos no se quedan en el este colombiano, sino que son trasladados a otras regiones del país, como pudo comprobarlo este escribidor en una turística visita al popular mercado bogotano conocido como “San Andresito del Norte”, donde se puede adquirir una caja de la popular galleta fabricada por la conocida transnacional suiza al precio de $Co 16.000 (US$ 5.50 aproximadamente).

SOBRE LAS BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA Y EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO ROMANO

En una reflexión titulada BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA, inserta en las REFLEXIONES A PRIMEROS DE MAYO 2016, decía este escribidor que en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de abril en Asunción, Paraguay, los delegaciones de magistrados y jueces presentes en el evento acordaron que las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes sean eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de  esa organización para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos; y concluía diciendo que si las recapitulaciones lexicográficas y los diccionarios pretenden unificar criterios y definir patrones, en el ámbito del Derecho la función de precisión conceptual es más perentoria que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva en su aplicación práctica y por las insoslayables exigencias de la seguridad jurídica, por lo que la eliminación de los términos latinos por un lado, y por el otro la promulgación de ese novedoso diccionario, puede decirse que ambas son beneficiosas para el ciudadano de habla hispana quien, ahora, ya no tendrá que averiguar el significado de una extraña palabreja sino que, además, podrá consultar términos jurídicos con un diccionario especializado.
Ahora bien, no debe confundirse la eliminación de los “latinazos” en las sentencias promovido por la organización judicial mencionada con la obligación del abogado de conocer el derecho romano, pues éste forma parte de las instituciones del derecho occidental, como dice un acucioso ex profesor de derecho, el doctor Manuel Esparragoza Herrera, al afirmar que el "[…] Derecho Romano […] es el más apropiado para la formación del jurista, porque en sus normas está latente el alma y el espíritu de las leyes en general y solo conociéndolo puede el verdadero jurista penetrar en el sentido exacto de las suyas propias”.
De manera que una cosa es facilitar al ciudadano el lenguaje jurídico en el  habla hispana y otro la formación del abogado, el cual, sin el derecho romano y por supuesto sin el conocimiento aunque sea limitado del latín, nunca será un auténtico profesional del derecho.

PELIGROSO RECEPTÁCULO PARA LA INVERSIÓN
Este escribidor ha repetido regularmente que la guerra económica existe en Venezuela, entendida como la confrontación entre el libre mercado y la economía dirigida, y no como la presenta el sector oficialista, como el saboteo de la actividad económica por parte de los sectores de oposición; pero, sea lo que sea, hay una realidad que es que, según un informe elaborado por una ONG  (http://www.lapatilla.com/site/2016/03/09/invertir-en-venezuela-es-ya-tan-peligroso-como-hacerlo-en-siria-o-irak/) invertir en Venezuela conlleva el mismo riesgo que Siria, un país “envuelto en una violenta guerra civil”.
Aon, una empresa de gestión de riesgos y seguros, ha analizado 162 mercados emergentes y señalado los países más problemáticos para las empresas, entre los que también están “estados fallidos” como Somalia, “regímenes opacos” como Corea del Norte, o naciones con “riesgo extremo de violencia”, como Afganistán.
Al respecto, los periodistas españoles Daniel Viaña e Irene De La Torre que estudiaron el reporte, escriben:
Todas ellas, por lo tanto, tienen el mismo nivel de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre que el país que preside Nicolás Maduro y en el que la presencia de compañías españolas es muy extensa: Telefónica, BBVA, Mapfre o Repsol, entre otras, están allí, y todas ellas han sufrido ya las consecuencias de las sucesivas devaluaciones del peso. Precisamente el de las divisas es uno de los seis apartados que se analizan en el informe y que, en todos los casos, arrojan la peor calificación posible cuando se trata de […] de Venezuela. Así, la única nación americana en la lista de países con un riesgo político muy alto suspende en la parte legal y regulatoria, en los problemas derivados del intervencionismo político, la violencia, la posible interrupción de la cadena de suministros y el riesgo a un impacto soberano”.
Ante estas circunstancias, si se quiere dejar de ser un peligroso receptáculo para las inversiones para pasar a ser un lugar atractivo para hacer negocios, solamente cabe que el libre mercado se imponga  sobre la economía dirigida que impera en Venezuela y establezca una política institucional que garantice seguridad jurídica a la inversión.


miércoles, 11 de mayo de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE MAYO 2016

 

EL FRUSTRADO INTENTO DE BURLAR LAS FACULTADES LEGISLATIVAS
En la G. O. No. 6.225 de 2 de mayo, fue publicado el Decreto Presidencial N° 2.309 por medio del cual se intenta prohibir a la Asamblea Nacional (AN) dictar votos de censura a ministros y al Vicepresidente de la República, lo que le está permitido al parlamento por la facultad de control contenida en el numeral 10 del Artículo 187 de la Constitución, según la cual la AN  puede censurar a los Ministros y al Vicepresidente; y cuando ese voto sea acordado por las 3/5 partes de los diputados, implicará la destitución del funcionario, como recientemente sucedió con un ministro de Alimentación, al que le fue negada la confianza.
Pero resulta que el aludido decreto presidencial, a pesar de estar fundamentado en la imaginaria e inventada emergencia económica que el gobierno imputa a los sectores productivos, es inconstitucional porque:
El Presidente  no puede suspender la vigencia de la Constitución de 1999 pues el artículo 7 de ésta dispone que los Poderes Públicos se someten únicamente a la Constitución.
El Presidente de la República no puede prohibirle a la AN el ejercicio de sus propias competencias, como el de dar voto de censura, porque el principio de separación de poderes impide que una cualquiera de las ramas del Poder Público se inmiscuya en otra, lo cual también implica que el Poder Ejecutivo no puede suspender que la AN ejerza el control parlamentario de aquel, como el de dar votos de censura. 
Ante la realidad del Decreto N° 2.309, hay que recurrir a la propia constitución desde el artículo 333, para concluir en que la decisión presidencial es nula e ineficaz, por lo que debe considerarse inexistente. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, la constitución “[…] no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella” que, como se ha visto, ha sido la intención del Poder Ejecutivo al emitir el cuestionado Decreto y, en ese, caso, “[…] todo ciudadano investido […]  o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
De manera que la AN, destinataria del inconstitucional y desafortunado decreto, con la autoridad que emana del texto constitucional y de la representación del voto popular que eligió a los diputados que la integran, está en el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de sus competencias de control las que pretenden ser derogadas en el marco de la emergencia económica; y la única vía posible para ello es la desobediencia civil consagrada en el artículo 350 constitucional que faculta al pueblo –y la AN que es su representación- para no acatar ese decreto, lo que hace en los estos términos:
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
Con ambas disposiciones constitucionales, de manera cívica y civilizada podrá lograrse la restauración de la facultad de la AN de censurar a los ministros y al Vicepresidente de la República.
(Publicado en el Boletín 278 de AIPOP de 8 de mayo de 2016).

OTRA VEZ SOBRE LA CORRUPCION

La corrupción ha vuelto sobre el tapete gracias a un prestigio medio británico (http://www.economist.com/news/americas/21698269-what-lies-behind-popular-revolt-against-corruption-stop-stealing?cid1=cust/noenew/n/n/n/2016059n/owned/n/n/nwl/n/n/LA/email), con un interesante reportaje sobre este flagelo que está corroyendo las entrañas de la América situada al sur del Río Grande, o Río Bravo, según se le llama en los Estados Unidos o en México.

Lo más resaltante del informe es el desprecio que los políticos tienen a las iniciativas populares para contener o controlar la corrupción y, como punto de partida, hace referencia a un proyecto de ley promovido por iniciativa popular en México contra la corrupción denominado “3 de 3”, con el cual se busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos; pero el 29 de abril pasado, el Senado mexicano no discutió la propuesta, principalmente debido a la oposición del Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto inocentemente planteaba la exigencia a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y Presidente de la República que presenten tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal.

En Brasil, donde millones de personas han salido a las calles para exigir la destitución de la Presidente Dilma Rousseff, y respaldar una cruzada judicial que abarca Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, que ha visto líderes empresariales encarcelados y poderosos políticos acusados; pero a la vez los legisladores se debaten entre el “impeachment” o la continuación de la Presidente en el poder.

En Centro América, se observa que en Guatemala protestas en las calles y en los trabajos de una comisión de investigación apoyada por la ONU ayudaron a derrocar al Presidente Otto Pérez Molina por acusaciones de corrupción en 2015, quien se encuentra enjuiciado; y en Honduras,  la presión popular expresada por medio de protestas obligaron al gobierno a aceptar una similar comisión investigadora.

En el sur del continente americano, Chile ocupó los medios con un escándalo de financiación de los partidos impulsó leyes contra los conflictos de intereses; y en Argentina, los fiscales y los jueces se están acercando a los capitostes del “kirchnerato”  y especialmente a Cristina Fernández de Kirchner.

Venezuela, al norte de Sur América,  se lleva el premio como el país más corrupto del continente según el Índice de Percepción de la corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional  (http://www.larazon.net/2016/01/27/venezuela-es-el-pais-con-mas-corrupcion-en-america-latina/); pero, gracias a una iniciativa de la Asociación Mundial de Juristas (AMJ), se propugna un proyecto de ley destinado a “la recuperación del dinero corrupto del exterior”, como ha expresado un joven diputado a la Asamblea Nacional venezolana (http://sumarium.com/venezuela-sera-el-primer-pais-en-recuperar-dinero-corrupto-del-exterior/).
Estos movimientos hacia mayor transparencia administrativa demuestran que hay un cambio de paradigmas que pretende poner fin a la tolerancia de la corrupción, que haya rendición de cuentas por parte de los administradores de los Estados y que los ingresos fiscales se gasten en mejor los servicios y en la infraestructura pública en lugar de que vaya a los bolsillos de los funcionarios estatales.
La mesa está servida. Ojalá que iniciativas como la de México no se frustren por el mero capricho de los políticos, como hizo el Presidente mexicano, a través de su partido, al bloquear el proyecto “3 de 3”.

¿A QUIEN CREER?

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini (http://informe21.com/politica/mogherini-la-crisis-es-cada-dia-mas-dificil-en-venezuela), ha afirmado ante el pleno de la Eurocámara que la situación política y económica en Venezuela "es cada día más difícil", y consideró que solo el diálogo político puede sacar al país de la crisis, agregando:
"La situación política y económica se está tornando cada día más difícil […]  sufren violencia, un récord mundial de asesinatos diarios, secuestros aleatorios, la permanente carencia de alimentos y de productos y servicios básicos, como medicinas y atención médica […]  El agua escasea y ya no garantiza el antiguo estándar sanitario. Incluso la electricidad es objeto de racionalizaciones frecuentes[…]  todos somos conscientes de las restricciones a las libertades civiles, de la situación de los medios, de la de muchos líderes de la oposición, algunos de ellos en prisión esperando juicio".
No contenta con eso, la diplomática añadió que siendo Venezuela “[…]  un país que se enfrenta a tantos retos necesita en primer lugar unas instituciones que funcionan al servicio de sus ciudadanos. El choque entre el Gobierno y la Asamblea bloquea cualquier intento de solucionar la crisis y un impasse no puede frenar la violencia ni ralentizar la inflación".
En contraste con esas declaraciones, el Presidente Maduro (http://informe21.com/politica/maduro-venezuela-tiene-que-garantizar-si-o-si-la-produccion-de-sus-alimentos) ha afirmado que “Venezuela tiene 33 millones de hectáreas productivas, nosotros hemos logrado activar tres (...) “Venezuela tiene que garantizar sí o sí la producción de sus alimentos. Y después viene el tema de temas, el distributivo y comercializador”.
Por su parte, en unas declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana (http://www.maduradas.com/cara-e-tabla-delcy-nego-escasez-de-alimentos-ante-la-oea-e-insinua-que-sobra-la-comida/) negó una crisis alimentaria en Venezuela producto del desabastecimiento y escasez e insinuó que la comida sobra en el país a la par que concluyó diciendo que:
En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño del nuestro”.
Para colocar la “guinda al pastel”, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (http://www.el-nacional.com/mundo/Bernardo-Alvarez-CIDH-irresponsable-Venezuela_0_823717802.html) consideró que es "irresponsable" hablar de que hay una crisis humanitaria y aseguró que "hay otros países en el continente que se encuentran en una peor situación en temas de salud".
Usted amable lector, que vive en Venezuela, que sufre la escasez de alimentos  y medicinas, que tiene que hacer largas colas para apenas conseguir algunos productos o acceder a los servicios hospitalarios, que tiene que refugiarse en su casa al apenas caer el día por temor a ser víctima del hampa, a quien le cree?

BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA

Informan los medios (http://confilegal.com/20160417-las-frases-latin-seran-eliminadas-autos-sentencias-segun-acuerdo-cumbre-judicial-iberoamericana/que en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de abril en Asunción, Paraguay, los delegaciones de magistrados y jueces presentes en el evento acordaron que las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes sean eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de  esa organización para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos.
De esta manera, esas famosas frases, o latinazos como coloquialmente se las conoce, pasarán a la historia del derecho y no se volverán a leer o escuchar algunas como “exceptio non adimpleti contractus”, “periculum in mora” o “fumus boni iuris”, aunque otras como “habeas corpus” subsistirán por haberse incorporado como institución jurídica.
            Pero a esto hay que agregar que, también recientemente, la españolísima  Real Academia de la Lengua ha editado, con patrocinio del Consejo General del Poder Judicial de España, el Diccionario del Español Jurídico, una obra rigurosa y completísima que pretende contribuir al mejor conocimiento de la terminología, los conceptos jurídicos y las leyes históricas y actuales.
Para este escribidor, si las recapitulaciones lexicográficas y los diccionarios pretenden unificar criterios y definir patrones, en el ámbito del Derecho la función de precisión conceptual es más perentoria que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva en su aplicación práctica y por las insoslayables exigencias de la seguridad jurídica, por lo que la eliminación de los términos latinos por un lado, y por el otro la promulgación de ese novedoso diccionario, puede decirse que ambas son beneficiosas para el ciudadano de habla hispana quien, ahora, ya no tendrá que averiguar el significado de una extraña palabreja sino que, además, podrá consultar términos jurídicos con un diccionario especializado.






jueves, 28 de abril de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE ABRIL 2016



EL DESEQUILIBRIO DE PODERES

Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999

Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la separación o división de poderes, entendida como una ordenación y distribución de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto.
Este principio es complementado con el principio de colaboración o de cooperación entre los Poderes Públicos, comprendida como la colaboración que debe existir entre esos poderes entre sí para la realización de los fines del Estado, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo.
Del funcionamiento de ambos principios dependerá el que exista una flexible interacción que permita que la independencia y la colaboración fluyan coherentemente, aunque hay funciones que cada una de ellas cumple en forma privativa, como es el caso de la administración de justicia, que solamente puede ser ejercida por el Poder Judicial.
 En Venezuela, ambos principios han sido reconocidos desde las primeras constituciones republicanas y hoy tienen su base constitucional en el artículo 136 de la Constitución de 1999, el cual dispone: “[…] El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
Se trata, pues de un paradigma que garantiza el funcionamiento de los Poderes Públicos mediante un equilibrio que impide que se creen compartimientos estancos sino conforme a un sistema de pesos, contrapesos e interferencias constitucionales.
Sin embargo, para el 2009, en contraposición a estos principios, unos hoy ex magistrados impusieron la doctrina del colaboracionismo de poderes, sosteniendo que su división debe verse hoy como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos para lograr que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo.
Y ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016.
El Libertador Simón Bolívar en su recordado Discurso de Angostura expresó:
Nada es tan contrario a la armonía de los Poderes, como su mezcla”.
Y, contestes con esta acertada frase del héroe americano, vale decir que para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público. De no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
(Publicado en el Boletín 275 de AIPOP de 17-04-2016 como editorial)

EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
El editorial de AIPOP en el boletín 275, titulado EL DESEQULIBRIO DE PODERES Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999, expresaba que a través del colaboracionismo se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016, concluyendo en que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público porque, de no hacerlo, la propia Constitución, en el artículo 350, tiene la respuesta:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
Pues bien, contrariamente a esa necesidad imperiosa de restablecer el Estado de Derecho, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) el 22 de abril de 2016 ha vuelto a aplicar la doctrina del colaboracionismo de poderes y, al darle entrada a una demanda de nulidad propuesta contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, ha dictado una serie de medidas cautelares destinadas a condicionar la actividad legislativa y, prácticamente, ha atado de manos al Poder Legislativo al ordenar que los proyectos de leyes deben ser consultados con carácter obligatorio con el Poder Popular y con el Ejecutivo Nacional.  
De esta manera, la SC-TSJ ha cerrado la actividad legislativa sin que exista la posibilidad de que la AN recurra de las decisiones tomadas por el TSJ - última instancia judicial contra la cual no se admiten recursos jurídicos- por lo que pareciera que, para lograr el pleno funcionamiento institucional de un Estado de Derecho, se impone el restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando público, para lo cual el pueblo de Venezuela, y concretamente el Poder Legislativo representado en la AN, está en el derecho de desconocer la autoridad que dimana de las sentencias del TSJ que han contrariado los principios y garantías democráticas a través de la desobediencia civil consagrada el artículo 350 antes transcrito.
La desobediencia civil es un derecho constitucional del “pueblo de Venezuela”, es decir, de un derecho de ejercicio colectivo y público, debiendo entenderse al “pueblo” como el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades; y, en este caso, el afectado por las aludidas sentencias ha sido el Poder Legislativo, lo que confiere a los diputados el derecho de abstenerse de acatar las tales decisiones.
Se trata de un derecho ciudadano democrático, de carácter pacífico y no violento; y procede cuando un régimen, la legislación o la autoridad, primero, “contraríe los valores, principios y garantías democráticas”; y segundo, “menoscabe los derechos humanos”; y en el supuesto que se comenta, las sentencias sobradamente contrarían tales principios y menoscaban los DDHH.
La desobediencia civil tiene sus consecuencias cuando el autor de los agravios se niega al restablecimiento del equilibrio entre las partes que ejercen el mando y, en este caso, de optar los diputados por acudir a la desobediencia civil, podría el TSJ alegar que se están desacatando sus sentencias y proceder al enjuiciamiento de los legisladores, y enviarlos a prisión, lo que equivaldría al sepelio de la ya maltrecha institucionalidad gracias a la doctrina del colaboracionismo de poderes.
Para concluir, las palabras del profesor John Rawls:
Aunque la desobediencia civil justificada parece amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.
(Publicado en el Boletín 276 de AIPOP de 25-04-2016 como editorial)

A ROMA POR TODO
Según el DRAE, la coloquial expresión que encabeza esta reflexión se utiliza para dar a entender que se acomete con ánimo y confianza cualquier empresa, por ardua que sea; y viene a colación con motivo de la información aparecida en los medios según la cual la Asamblea Nacional venezolana y la Asociación Mundial de Juristas/World Jurist Association (AMJ/WJA) han constituido una alianza para repatriar activos y recuperar de capitales a través de alianzas internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/an-y-asociacion-mundial-de-juristas-crean-alianza.aspx#ixzz46PYAWgA5).
Se trata de la presentación por parte de la AMJ/WJA de un proyecto que ha sido elaborado a instancias de esa organización gremial internacional titulado “Ley orgánica de prevención y represión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes Públicos provenientes de actividades delictivas”, que tiene el objeto de prevenir y combatir el blanqueo de dinero, el financiamiento al terrorismo y la transferencia de fondos de origen ilícito; recuperar los fondos de origen ilícito transferidos al exterior, así como también  la creación y la regulación del régimen de funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Recuperación y Gestión de Bienes provenientes de la Corrupción, del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo (SUNAREB).
El ámbito de aplicación que prevé el proyecto serán las operaciones y los bienes provenientes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, entendiéndose por lavado de dinero o blanqueo o legitimación de capitales, las operaciones mediante la cuales se encubre con apariencia de legalidad para el aprovechamiento o circulación en el sistema financiero de bienes  o activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los efectos y ganancias que se encuentren en el territorio nacional o de otro Estado, obtenidos a través de actividades ilícitas, y cuyos poseedores no puedan acreditar suficientemente su procedencia lícita, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.
Igualmente se aplicaría a aquellas actividades que se entienden por financiamiento del terrorismo y la aportación, recaudación o financiación de recursos o fondos económicos que tengan por fin o destino provocar alarma, terror o temor en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad de la Nación, o presionar las autoridades para que adopten decisiones o determinaciones.
Como puede imaginar el amable lector, se trata de una labor titánica que requiere el concurso de muchos cuando corruptos y lavadores de dinero poseen inimaginables capitales que les hace pensar que es imposible darles caza.
La AMJ/WJA y la Asamblea Nacional van a Roma por todo.

PASAR A LA POSTERIDAD

Pasar a la posteridad no es otra cosa que adquirir una persona o cosa fama eterna o muy larga, hasta póstuma, que se prolongue  por los siglos de los siglos.
Pero hay diferentes formas de hacerlo, por obras buenas o por malas artes, y es de presumir que todo ser pensante quiera dejar su huella perenne en la tierra a través de una gestión plegada a las virtudes, a las grandes hazañas, a inventos o invenciones en pro de la humanidad y la paz.
Pero no siempre el ser humano toma las mejores decisiones para recordado, y ese es el caso de un juez de LOPNA quien, en fecha reciente, negó un amparo introducido para dar protección a los niños sin medicinas, sosteniendo en su sentencia que no había pruebas de la falta de medicamentos en Venezuela.
Se trata de una insólita decisión que atenta especialmente contra los niños en un momento como el presente, cuando los medios informativos dan cuenta del fallecimiento de 82 neonatos en Zulia, en lo que va de año, 93  en Sucre, 77 en Táchira y, en Caracas, 46. No hacía falta pruebas, pues bastaba solamente al funcionario judicial informarse, como era su obligación por tratarse de un amparo en protección de la salud de los niños,  o trasladarse a cualquier centro asistencial de la capital y constatar la realidad de la carencia de medicamentos y de la emergencia hospitalaria.
Con su conducta, es claro que este individuo optó por pasar a la posteridad, y lo ha logrado, pues ha quedado marcado para siempre como el juez que negó las medicinas a los niños.
Carolina Jaimes Branger (http://runrun.es/uncategorized/257780/para-ese-juez-por-carolina-jaimes-branger.html ) le hace una advertencia al hoy tristemente famoso juez:
“[…] Tal vez hoy se sienta muy poderoso, muy guapo y muy apoyado. Pero llegará el día en que no podrá ni asomarse a la puerta de su casa. Y sus hijos y sus nietos se lo reclamarán […]”.
O querrá arrepentirse, pero quizás será tarde.



miércoles, 6 de abril de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE ABRIL 2016

A las víctimas de la intolerable violencia terrorista, venga de donde venga. In memoriam.

EL VERDADERO PROBLEMA
 El verdadero problema que afecta a Venezuela es que está sumergida en una sociedad hecha añicos por su profunda crisis ética y moral, una sociedad donde la gran mayoría tiene un bagaje cultural que es un coctel de ignorancia, resentimiento y perversidad, adosado a una constante práctica pro delictiva llamada “viveza criolla” que confunde con inteligencia”.  
Esta viñeta fue publicada o “colgada” recientemente en las redes sociales, concretamente en Facebook.
Quizá los expertos en ciencias sociales tengan una respuesta profesional a ese contenido, pero cualquiera puede entender lo que textualmente se expresa como una ofensa, o como un acierto.
Para este escribidor, el país está en una profunda crisis ética y moral que se remonta a 1810 -sí, usted está leyendo bien- y que se incrementó a inicios del socialismo del S. XXI, cuando el Presidente Hugo Chávez dio luz verde a la delincuencia al pretender darle sustento al “hurto famélico”, pues desde entonces -más de tres lustros- el hampa ha venido haciendo de las suyas por toda la geografía nacional y más allá de las fronteras.
El que en un barrio de cualquier ciudad venezolana un adolescente aspire a convertirse en “malandro” o el que un joven de familia de cómoda posición económica se transforme en “bolichico” utilizando indebidos sobreprecios en negocios con el Estado, o un oportunista al servicio del oficialismo, un “boliburgués”, se haga de riqueza súbita a través de suculentas comisiones, sobre precios y cuanta marramucia sea posible, no tiene nada de extraño dentro de un ambiente en el que se han degradado los principios y donde se destacan la “viveza criolla”, el “pajarobravismo” el “consígueme una vainita”, o “tírame algo” como modus vivendi.. ·y revela que “algo huele mal en Dinamarca”, frase con la que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien en un país por causa de la corrupción.
Esto revela que Venezuela enfrenta un gran déficit cultural y social; y ello solamente podría ser saneado mediante la difusión de los valores, de las reglas y de los comportamientos de una sociedad organizada en la que prive el imperio de la ley y el respeto al derecho ajeno, en la que se acepte que el trabajo enaltece y que es una virtud que honra y prima por encima de torticeros medios para hacerse de riqueza fácil. Con razón Carolina Jaimes Branger (http://elestimulo.com/blog/las-cosas-por-su-nombre-ladrones/http://elestimulo.com/blog/las-cosas-por-su-nombre-ladrones/ha dicho:
“[…] Si los venezolanos no cambiamos, poco podemos esperar de los resultados de un referendo revocatorio […] de una enmienda, una asamblea constituyente o una eventual renuncia”.
Ese es el verdadero problema. Si no cambiamos de actitud, reconocemos los errores cometidos y aprendemos a comportarnos cívicamente, cualquier esfuerzo para salir adelante fracasará y prolongará ad infinitum la agonía de un Estado malandro -Boris Muñoz (http://prodavinci.com/blogs/ante-el-desmoronamiento-por-boris-munoz-2/), dixit-  con desgraciadas consecuencias.   

DESCONTENTO, AGOTAMIENTO Y DESCONFIANZA
El sociólogo Laureano Márquez (@laureanomar), con el fino humor que le caracteriza, ha dicho:   
Aquí tiene que estar pasando algo: un experimento extraterrestre, un ensayo de la CIA sobre la destrucción de la humanidad, unas emanaciones radiactivas que pasaron desapercibidas o  unos aliens que nos colonizaron. Dejémonos de vainas, ningún país se “autosuicida” de esta manera (para usar la expresión que llevó a CAP a decir: “¡Caramba, cada vez me parezco más a Cayito!”). Somos la nación en la que se dan cita las peores cifras del planeta Tierra: la inflación más alta, la inseguridad más alta, la corrupción más alta, la peor economía del mundo”.
El párrafo anterior narra una crisis nacional que merece ser atendida porque, como sostiene la psicólogo social Mireya Lozada (http://www.larazon.net/2016/03/15/mireya-lozada-la-sociedad-esta-atomizada-fragmentada-en-pedazos/) La población dice basta porque ya es hora de trabajar todos por Venezuela. Dice basta porque no consigue comida, no consigue medicinas, demanda soluciones y no se le escucha, porque vota y no se respeta su voluntad expresada en las elecciones, porque está agotada de vivir con miedo a la inseguridad y en medio de la angustia, de la rabia, del desamparo, de la incertidumbre y de la impotencia; porque está cansada también de la polarización y de ese pleito entre los actores políticos. Creo que los gobernantes están abusando de la capacidad de aguante de la población venezolana y no respetan ni escuchan su clamor de buscar soluciones y alternativas democráticas y pacíficas a la crisis económica y social que enfrenta el país”.
El 6 de diciembre de 2015 la gran mayoría de los venezolanos se pronunció por un cambio al dar el voto a la oposición en rechazo a las ominosas y erradas políticas que se aplican desde comienzos del siglo y que han producido eso que Boris Muñoz califica como Estado malandro (http://prodavinci.com/blogs/ante-el-desmoronamiento-por-boris-munoz-2/), pero esos votantes no dieron un cheque en blanco a los políticos opositores, sino un mandato para que éstos comenzaran la transformación hacia mejores condiciones de vida, porque eso es lo que afecta hoy a millones de hogares.  
Han transcurrido apenas 90 días desde la instalación de la Asamblea Nacional y, durante ese tiempo, los diputados se han afanado en la elaboración de importantes proyectos de leyes pero paralelamente la inseguridad personal, aunada a la inflación y la escasez cabalgan sobre el caballo de Atila, con sus altos y bajos, pero creando un convulsionado y confuso ambiente que promueve el desasosiego, el agotamiento y la desconfianza.
Cómo aliviar esos estados anímicos -aliviar porque solucionar no es posible cuando el sartén lo tiene el gobierno agarrado por el mango- implica una tarea titánica de parte de la oposición, porque los dirigentes políticos tendrían que acercarse a sus electores para conversar con ellos, conocer y sentir sus necesidades y, a la vez, explicar los enormes problemas existentes y pedir el apoyo que necesitan para la gran tarea de la transformación desde el Poder Legislativo, a sabiendas de que las formas de comunicación a través de los medios están bloqueadas, pero quedan las redes sociales, como forma de transmitir los adecuados mensajes.
Un amigo, Héctor Hereter Latouche, preocupado por Venezuela, comentó a este escribidor que “[…] durante la revolución en Irán de 1979 el Ayatola Jomeini no se quedó cómodamente en su casa de París quejándose que el Shá, con un sistema represivo aún más fuerte que el de Venezuela, acaparara el espectro mediático y puso en marcha una guerra de guerrillas que aún hoy los comunicadores del  mundo estudian, conocida como la “revolución del Cassette”, permitiéndole llegar a todos los estratos de la sociedad iraní”.
Solamente así, acercándose directamente a los votantes por cualquier medio que valga, podrá calmarse los debilitados estados de ánimo de los venezolanos porque tendrán la posibilidad de hacer una evaluación, determinar las responsabilidades, las razones del no cambio y, en fin, conocer por qué en Venezuela se dan cita las peores cifras del planeta Tierra: la inflación más alta, la inseguridad más alta, la corrupción más alta, la peor economía del mundo, como dice Laureano, con lo cual se calmaría esa imagen a la que alude Mireya Lozada de que los gobernantes están abusando de la capacidad de aguante de la población venezolana y no respetan ni escuchan su clamor de buscar soluciones y alternativas democráticas y pacíficas a la crisis económica y social que enfrenta el país.

DESPUÉS DE MI, EL DILUVIO…PERO…

Cuenta el historiador Juan Eslava Galán (La segunda guerra mundial contada para escépticos, Planeta, 2015, p. 461) que, luego de la derrota del ejército alemán en el sitio de Stalingrado, “[…] los generales son conscientes de que la guerra está perdida. Lo sensato sería pactar con los aliados un armisticio honorable, pero Hitler y sus compinches saben que eso significaría tener que responsabilizarse por las atrocidades cometidas cuando estaban seguros de que ganarían la guerra y de que sus crímenes quedarían impunes. Deciden resistir a ultranza aunque ello comporte el absurdo sacrificio del pueblo alemán, ahora preso en un sistema policial y terrorista”.
Y es que la suspensión de hostilidades implicaba, por supuesto, la rendición del Führer y sus secuaces, lo que evidentemente llevaba consecuencias que serían funestas para ellos, pues tendrían que asumir la responsabilidad de los crímenes de guerra por los que resultarían juzgados y condenados, lo que hizo que Hitler optara por asirse al poder aun a costa de las pérdidas de vida y materiales de la población.
Como se ve, el energúmeno psicópata razonó como lo hiciera el rey -Luis XV de Francia quien, refiriéndose a la suerte de su país tras las calamidades de su reinado, pronunció esta despreocupada frase: “Après moi le déluge" que en su versión castellana significa “Después de mí, el diluvio".
El dilema de un gobernante acosado por su propio pueblo como consecuencia de las calamidades de sus políticas erradas al punto de que se le pida su separación del cargo, es asumir con valentía el pedido de renuncia y no continuar hundiendo en la miseria y desesperación a millones de ciudadanos porque seguramente diluviará en algún momento como dijera el monarca francés, pero la historia relata que también hay justicia, como los célebres juicios de Nüremberg, emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del III Reich alemán hasta su rendición el 7 de mayo de 1945.

ANTE LA REITERADA SUMISIÓN DEL TSJ AL PODER EJECUTIVO
En días pasados, el Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela impuso un voto de censura a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), acusándolos de vulnerar la Constitución de 1999 en lugar de protegerla, como es su obligación como única autoridad estatal autorizada para interpretarla, e indicando que sus últimas decisiones adheridas al oficialismo y dirigidas a cercenar a la Asamblea Nacional (AN)  “[…] contribuyen a la destrucción del Estado Social de Derecho y de Justicia, no sólo a nivel de las instituciones y su funcionamiento, sino que crean un Estado anárquico, arbitrario, donde todo tipo de atropello es posible, causando un daño grave y masivo a la nación".
Esta importante resolución fue tomada con motivo de los fallos que en las últimas semanas había dictado la SC-TSJ contra la AN, es decir, las sentencias que se referían a la validez del Decreto de Emergencia Económica y a las facultades del Poder Legislativo para interrogar a los funcionarios públicos.
No obstante ese tajante reclamo del gremio, al que pertenecen los magistrados a través de los respectivos Colegios de Abogados donde estén inscritos, la SC-TSJ ha hecho caso omiso al voto de censura y ha continuado sirviendo a los intereses políticos del oficialismo y  ha dictado otras decisiones que reiteran su sumisión al Poder Ejecutivo.
Entonces, se pregunta este escribidor si los magistrados, a pesar de ser abogados, están excluidos del cumplimiento de las normas que impone la Ley de Abogados y, en caso negativo, si están obligados a acatar el sentir de la censura que le ha sido impuesta por el Consejo Superior de los profesionales del derecho.
Desde el punto de vista legal, los magistrados son abogados y, por tanto, están obligados a cumplir con la ley que los rige, incluyendo a los magistrados y jueces, a quienes se les prohíbe solamente el ejercicio de la profesión mientras estén desempeñando funciones judiciales; y en la misma Ley de Abogados se prevé que las decisiones tomadas por los organismos gremiales son obligatorias para todos los abogados, sin excepción, como lo dispone el artículo 18 de su ley.
Por tanto, si el regaño dado por el Consejo Superior es obligatorio, ello implica que los magistrados de la SC-TSJ tienen que acatarlo y abstenerse de contribuir a la destrucción del Estado Social de Derecho y de Justicia y abstenerse de dictar decisiones similares a las cuestionadas porque crean un Estado anárquico, arbitrario, donde todo atropello es posible.
A la luz de esto, resulta que la SC-TSJ ha continuado plegada al oficialismo y ha dictado nuevas decisiones como la que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, lo que constituye un incumplimiento a lo acordado por la Federación y, en ese caso, los Colegios de Abogados, a través de sus respectivos Tribunales Disciplinarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61, están facultados para conocer de las infracciones a las resoluciones y acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y organismos gremiales y  suspenderlos del ejercicio profesional conforme dice el artículo  70 literal e de Ley de Abogados.