domingo, 30 de marzo de 2014

REFLEXIONES A PRIMEROS DE ABRIL 2014

LA TOGA




“Traje principal exterior y de ceremonia que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc, encima del ordinario”; y

Prenda principal exterior del traje nacional romano, que se ponía sobre la túnica”.

A los efectos de esta reflexión, el significado será el que corresponde a la toga como la vestimenta ceremonial de jueces y magistrados, esa sobria prenda de vestir larga, de color negro, que sobre su ropa habitual se ponen los citados funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones o en actos protocolares.

La razón de ser del uso de la toga, aparte de sus antecedentes que se remontan a la Roma imperial, es fundamentalmente el magnificar el valor de la función judicial, un simbolismo que indica que el administrador de justicia se distingue del común de los ciudadanos y que, tal como la sotana sacerdotal, merece respeto y diferenciación porque quien la porta representa una sagrada misión.

La toga está tan afianzada en ciertos países de larga tradición que en algunos, como en Francia, la noblesse de robe, según el criterio napoleónico, se sostiene que el juez debe ser pagado con el honor y la consideración social que le atribuye el cargo, antes que con el relativo estipendio que le da el Estado.

En España, donde se usa por siglos la toga en la función judicial, don Angel Ossorio y Gallardo publicó en 1919 “El Alma de la Toga”, obra de lectura obligatoria para todo aquel que haya decidido hacerse abogado, donde precisamente uno de sus capítulos lo dedica el autor al hábito de jueces y magistrados y, por supuesto, de los abogados.

En los países anglosajones el uso de la toga es de vieja data y los últimos años en países hispanoamericanos, entre ellos Venezuela, es obligatorio portarla en las actuaciones judiciales y actos ceremoniales.

Pero “el hábito no hace al monje”, dice sabiamente el adagio castellano, lo que significa que por más que uno se esfuerce en dar la apariencia de algo que no se es, nunca se llegará a serlo realmente; y es que para portar una toga hay que ser juez o magistrado en el sentido literal de la palabra, es decir, un abogado que, además de las cualidades profesionales, cuente con las condiciones indispensables de idoneidad, independencia e imparcialidad para cumplir con la sagrada misión de administrar justicia.

Si no es de esa manera, quienes porten la toga sin las condiciones señaladas serán integrantes de una comparsa de  empíricos leguleyos capeados de toga y birrete, malabaristas en la argumentación al genuflexo servicio del mandatario de turno.




AQUÍ NO ESTÁ PASANDO NADA


“Aquí no está pasando nada!”.

Esta es una frase común que, hoy en día y en ciertos círculos -áreas geográficas, actividades profesionales y comerciales, por ejemplo- se escucha cotidianamente en la convulsionada Venezuela, particularmente en Caracas, al punto que se ha convertido en una rutina y que con frecuencia es pronunciada por los voceros oficialistas cuando a través de sus múltiples y diversos medios de comunicación dicen que el país está en completa calma, apenas alterado levemente por acciones aisladas de un microscópico grupo de inadaptados; o cuando nuestros seres queridos, fuera de la patria, angustiadamente nos preguntan acerca de cómo nos sentimos en medio del caos que, para ellos, es Venezuela, según lo que perciben de fuentes de familiares, amigos, medios de comunicación, porque la noticia, y especialmente la mala, se acrecienta con la distancia y el amor a la patria.

Si se trata de un mero cliché para los primeros, o de un mecanismo psicológico al que acudimos los segundos para tranquilizar a quienes nos quieren, no lo sabemos; pero lo cierto es que es algo tan común que ya no extraña estar a escasos metros de un inocente bombardeo de gases tóxicos y escuchar a alguien diciendo: Aquí no está pasando nada!.

Pero a la vez, quienes hemos visto films referidos a las trágicas guerras europeas rememoramos que en algunos de ellos se reflejan la vida de lujos y confort que se disfrutaban en ciudades como París, Berlín, Madrid, Londres, mientras las tropas en conflicto se desangraban a escasos kilómetros de cada una de esas capitales, durante la II guerra mundial; y es eso, precisamente, lo que, en la vida diaria venezolana acontece cuando a, menos de cincuenta metros de un centro comercial del este de Caracas, o de un aledaño y pobre barrio, o de una elegante mansión en una exquisita urbanización, nadie se entera de que, a poca distancia, hay un enfrentamiento entre fuerzas del orden, o de “batallones de la muerte”, con manifestantes pacíficos la mar de las veces infiltrados por saboteadores o por fanáticos de su propia parcialidad.

Evidentemente, pareciera que hay una doble faceta cuando hay tiempos convulsionados que se perciben de distinta manera según “el color del cristal con que se mire” y de la distancia que se mantenga frente al conflicto; pero, recientemente, un grupo de personas disfrutaba de un momento de esparcimiento y relax en una apacible zona urbana y, de pronto, vieron correr por la calle a personas provistas de máscaras bajo el estruendo de las bombas lacrimógenas y sus tóxicas nubes, lanzadas por “robocops” armados hasta los dientes, en compañía de bandas criminales. Entonces, pregunté:

 ¿Será que está pasando algo?. Los vientos que soplan desde el Estado Táchira suenan a tempestad.


ADOLFO SUÁREZ, EL HOMBRE QUE SUSTITUYÓ AL CAUDILLO


Con los máximos honores, don Adolfo Suárez González se marchó a su última morada con el adiós de los españoles de todas las tendencias porque supo manejarse en ese turbulento mar pleno de tiburones que era España luego de la muerte del generalísimo Francisco Franco; y es que no podía ser de otra manera porque Suárez era un hombre del régimen franquista, al que había servido en diferentes cargos, desde funcionario ministerial y Gobernador Civil de Segovia y Director General de RTVE y Vicesecretario del Movimiento en el gabinete de Franco, cargo equivalente al de Secretario General de la Falange Española Tradicionalista y de la JONS, único partido político autorizado por la dictadura. Conocía el “monstruo por dentro”.

Con ese bagaje político, aunque continuaba siendo un personaje desconocido para la mayoría de sus compatriotas, a la muerte de Franco fue designado Ministro Secretario del Movimiento en el gabinete del Presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, pero saltó realmente a las primeras páginas cuando en junio de 1976, presentó la Ley de Asociaciones Políticas a la consideración de las Cortes, logrando no solamente su aprobación sino que en el mes de julio de ese mismo año, el rey le encomendó la formación de un nuevo gobierno y, con ello, se inició el desmontaje de toda la estructura franquista que se instaurara empezaron a desarticular las estructuras del franquismo iniciadas en 1939, empezando con la sanción por las Cortes de la Constitución española de 1978, que le facilitó a Suárez postularse para Presidente del gobierno, ganando sobradamente las elecciones, instaurándose en el poder hasta 1981, cuando renunció a su cargo, con estas solemnes palabras:

Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España”.

La cortísima biografía de Suárez que antecede hace pensar que para salir pacíficamente de los engranajes que sostienen las dictaduras es fundamental que la iniciativa venga de gente afecta a éstas, que se hayan mantenido durante sus funciones al margen de crímenes y de corrupción, y que cuenten con inteligencia, honestidad y capacidad política suficientes como para lograr, con los grupos de oposición, un acuerdo que conduzca a una provisionalidad como la que alcanzó el “factótum” del proceso de transición español, que le hizo ganar a éste un bien ganado puesto en la historia, a la cual ha entrado a paso de vencedores.

La duda está en si, en todas las tiranías, se dan personajes con el temple y personalidad de Adolfo Suárez.




EL MANIFIESTO DEL GENERAL
ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS
EN ENERO DE 1958


Los días que antecedieron a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez fueron movidos porque el régimen se tambaleaba ante la resistencia civil que crecía diariamente desde el 1º de enero.  Protestas, manifiestos de estudiantes y profesionales y todo tipo de expresión de repudio, a la par que el gobierno acentuaba la represión creyendo erradamente que, a través de la violencia, podría superar las dificultades que se le presentaban.

Una de las voces más preclaras que se escuchó fue la del general Eleazar López Contreras, ex-Presidente de la República y ex-General en Jefe del Ejército de Venezuela, quien se había mantenido alejado de la política luego de regresar del exilio al cual le había obligado el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, contra el general Isaías Medina Angarita.

En su llamado público, lo primero que se observa es la modestia del viejo general al expresar que hablaba, más bien llamaba, como un simple ciudadano que ostentaba como su mayor honra, el haber vestido con dignidad el uniforme de soldado; y responsablemente comenzaba diciendo:

No podemos callar cuando habla el MACHETE en violento lenguaje contra los niños en las Escuelas, las mujeres indefensas y hasta los SACERDOTES en sus altares profanados. Este momento la indiferencia es complicidad y toda abstención resulta criminal. Ya no se trata solamente de una recia oligarquía donde impera el peculado o un régimen personal carente de planes constructivos del que se podía esperar un aparatoso derrumbe más o menos tarde…ya no es la felicidad, sino la seguridad de tu familia, lo que cuenta: la vida misma de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus maestros, de tus guías espirituales tantas veces consagrados. TU MISMO no estás en la cárcel por sospechas, porque no se han habilitado las nuevas prisiones nacionales e internacionales que en breve estarán disponibles. Observa cómo hoy abren nuevos presidios y se cierran viejos y tradicionales planteles de enseñanza”.

Advertía el exmandatario que “la burla grosera y el irrespeto del que son víctimas la LEY y el DERECHO, el individuo y la propiedad, acusan un deplorable desgobierno. Vivimos en un estado de emergencia y estamos al borde de la anarquía y del terrorismo”; y preguntaba:

“¿DÓNDE SE ESCONDE MALICIOSAMENTE PLEGADA LA BANDERA DE MIRANDA?”

Terminaba López con un claro y encarecido ruego:

Yo os conjuro para que forméis un FRENTE CÍVICO VENEZOLANO (FCV) (hasta que se reconstituyan los partidos políticos) donde pueda refugiarse la dignidad perseguida; con ideales, propósitos y acción encaminada a crear en Venezuela un clima de honestidad, de seguridad, de respeto a la Libertad, a la Ley y al Derecho, y con igualdad de oportunidades para todos.”

En los días subsiguientes, el 23 de enero, la última dictadura del s. XX venezolano se vino abajo estrepitosamente.


DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO


Los países americanos han sido abanderados de la promoción y protección de los derechos humanos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica,[] suscrita el 22-11-1969, y con vigencia desde el 18-07-1978.

En la Convención, los Estados partes se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna", compromiso que se ajusta a los principios democráticos.

La Convención cuenta con dos organismos para la protección de los derechos y libertades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Venezuela ratificó la Convención en 1977 y, en la Constitución de 1999, hizo reconocimiento expreso del Derecho Internacional Humanitario, ese derecho que ha surgido internacionalmente para la protección de los derechos humanos. Así, el artículo 19 establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

También en el artículo 22 expresó: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

Finalmente, en el artículo 23,  dispuso que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

En el año 2012, Venezuela denunció la Convención con el fin de sustraerse de la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el Derecho Internacional Humanitario transciende la soberanía y sigue plenamente vigente, y otras convenciones internacionales, como el Estatuto de Roma del 17-07-1998 que instituyó la Corte Penal Internacional (CPI), forman parte del sistema jurídico venezolano, ratificado el 7 de junio de 2000.

El Estatuto identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, si dichas conductas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La responsabilidad penal se aplicará a todas las personas, sean o no Jefes de Estado o de gobierno, miembros de un gobierno o parlamento, representantes elegidos o funcionarios gubernamentales.

Si una persona ha cometido un crimen por órdenes superiores, no exime de responsabilidad. Un comandante militar responde por los crímenes que cometan las fuerzas bajo su comando o control; e incurre en responsabilidad si el comandante sabe o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no castigue a los responsables.

El Estatuto cuenta con jurisdicción internacional, es decir, la competencia judicial de cualquier Estado para juzgar o enjuiciar a personas por crímenes cometidos fuera de su jurisdicción territorial. Si una persona es acusada de haber cometido una desaparición forzada y está fuera del país donde el crimen fue perpetrado, las autoridades deben tomar a dicha persona en custodia, y/o bien extraditarlo o: entregarlo a otro Estado; entregarlo a un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado, como la CPI; o presentar el caso a las autoridades competentes del Estado para su enjuiciamiento.

En fin, afortunadamente, en Venezuela hay suficiente legislación como para confiar en que, quienes hayan violado derechos humanos, no escaparán de la mano de la justicia que, a veces, parece tardía.

(Publicado en el diario El Universal, Caracas, el 27 de marzo de 2014).



sábado, 22 de marzo de 2014

REFLEXIONES A ULTIMOS DE MARZO 2014



FALACIA


De acuerdo al DRAE, el adjetivo falacia tiene dos significados:

Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.

Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.

Pues bien, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, al arribar a Venezuela el 5 de marzo de 2014, declaró ante los medios:

“Es nuestra obligación defender a presidentes electos por el voto de los pueblos en toda América Latina y el Caribe…”.

Esta afirmación, que no es novedosa porque otros falaces han insistido en ella antes que el ex dirigente cocacolero, es una falacia porque el derecho a elegir es parte de la democracia y no se limita a las áreas geográficas aludidas por éste, sino que se extiende a todos aquellos países del orbe donde rige el sistema democrático, producto de elecciones auténticamente libres.

Y precisamente el 12 de marzo, la Presidente de Chile, Michelle Bachelet, el 12 de marzo, al día siguiente de su toma de posesión, al referirse a la situación que vive Venezuela dijo:

“Jamás apoyaremos a ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar a un gobierno elegido libre y constitucionalmente”.

Como se observa, la mandataria que se reestrena incurre en el mismo engaño que el boliviano.

La simple elección, per se, no legitima a un gobernante, pues bien puede haber sido elegido popular y constitucionalmente y luego distanciarse de la democracia por violaciones a los derechos humanos o incurrir en infracciones inconstitucionales, con lo cual no existiría obligación de defenderle por el solo hecho de haber sido elegido en comicios, sino, al contrario, el repudio de su régimen, en lo internacional mediante el rechazo de la comunidad de naciones y en lo interno por el legítimo derecho a la desobediencia civil o cualquier forma pacífica -no violenta- de hacer resistencia.

Por otro lado, olvidan estos mandatarios que la elección de presidentes no constituye un dogma de fe, aunque el principio general es que la elección, como proceso, debe ser transparente, es decir, inobjetable; pero hay lamentables e injustificadas situaciones que ocasionan comicios viciados, algunos en los cuales el resultado es producto de la trampa electoral (tramparencia?) a consecuencia de hechos fraudulentos -alteración de actas, por ejemplo-, y otros que devienen del uso y abuso de la posición dominante de un contrincante sobre los otros competidores, como es el caso de la utilización desmedida de los recursos del Estado en favor de un candidato.

En fin, una falacia que, lamentable y torticeramente, se ha generalizado pretendiendo hacer creer que el solo hecho de la elección popular y constitucional da legitimidad a un gobierno, una patente de corso de pacotilla para hacer lo que le venga en gana, hasta desaparecer el estado de derecho. La inteligencia ajena debe ser respetada.



VENEZUELA: 99/99 y 16/16
 
En el informe rendido en 2013, la ONG norteamericana THE WORLD JUSTICE PROJECT (WJP), una organización con sede en Washington D. C. y en Seattle WA, concluyó en los siguientes términos:

 “Venezuela es el país con peor desempeño en la región en la mayoría de las dimensiones que conforman el estado de derecho. La responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno es débil (quedando en el antepenúltimo puesto del ranking mundial), la corrupción está muy extendida (puesto número ochenta y uno), el crimen y la violencia son comunes (puesto número noventa), las instituciones gubernamentales no son transparentes y la justicia penal no es efectiva (quedando en el último lugar en el ranking mundial). El país también muestra serios problemas para garantizar algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Los derechos de propiedad son débiles. La mejor puntuación de Venezuela se da en las áreas de libertad religiosa, acceso a las cortes civiles y protección de los derechos laborales”.

Pues bien, en días recientes, el Índice de Estado de Derecho 2014 de la misma WJP ha rebajado a Venezuela a la posición número 99/99 de la tabla general mundial y al sitio número 16/16 entre las naciones latinoamericanas analizadas, y ha concluido:

"Venezuela es el país con el desempeño más pobre de todos los países analizados, mostrando tendencias decrecientes en el rendimiento de muchas de las áreas en relación con el año pasado".

El informe abarca distintas áreas atinentes a un estado de derecho y señala al efecto:

"El país ocupa el último lugar en la rendición de cuentas por parte del gobierno debido a una creciente concentración del poder ejecutivo y a un sistema debilitado de pesos y contrapesos a la actividad del mismo. La corrupción ocupa un lugar preponderante (en la posición 90 y el último en la región); los órganos administrativos padecen de ineficiencias y falta de transparencia en su actividad; y el sistema judicial, aunque relativamente accesible, pierde posiciones debido a una creciente interferencia política”.

Otro aspecto que todo habitante en Venezuela conoce y sufre, y que el informe indica con preocupación, es el aumento de la criminalidad y la violencia, así como las violaciones a los derechos fundamentales, particularmente al derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el derecho a la privacidad.

El índice coloca a Dinamarca (Europa Occidental y Norte América), Uruguay (Latinoamérica y el Caribe), Botsuana (Sub-Sahara Africano), Nueva Zelanda (Este de Asia y Pacífico), Georgia (Europa del Este y Asia Central), Sir Lanka (Sur de Asia), y los Emiratos Árabes Unidos (Oriente Medio y Norte de África) como los países que ocupan el primer lugar en las áreas geográficas mencionadas.

Afortunadamente, no todo fue tan negativo en Venezuela: Los mejores puntajes obtenidos se encuentran en las libertades religiosas, el acceso a la justicia civil y la protección a los derechos laborales.

Luego de considerar el informe, el travieso duendecillo que habita en la mente me hizo una pregunta:

Estará Venezuela en el camino correcto y el mundo equivocado?

 

LOS DERECHOS HUMANOS, LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
 Y LA JURISDICCION INTERNACIONAL

 Uno de los principios fundamentales tratados en el Derecho Internacional ha sido el de la soberanía, entendido, lacónicamente, como el derecho que tienen los pueblos de elegir a sus gobernantes, hacer sus leyes y hacer respetar su territorio. 
Este principio, debatido largamente por siglos al no lograrse un acuerdo que implicara la aceptación unánime de qué era la soberanía, ha ido cediendo espacios con el transcurso de los siglos para adaptarse a algo menos egoísta y aislacionista, los derechos humanos, dando paso a esa rama conocida hoy en día como Derecho Internacional Humanitario, dejando en segundo lugar al concepto de soberanía. Por supuesto, las dictaduras y las autocracias juegan a su antojo con este último y con el mayor descaro y conocimiento de lo que significa la soberanía, la invocan como escudo protector cada vez que incurren en violaciones de derechos humanos y la comunidad internacional intenta poner atención sobre el país de que se trate.

Los países americanos han sido abanderados de la promoción y protección de los derechos humanos y por ello se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978.

En la Convención, los Estados partes se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna"; y si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter en los países, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos.

 La Convención creó dos organismos fundamentales para la protección de los derechos y libertades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Venezuela no solamente ratificó la Convención en 1977, sino que en la Constitución de 1999 hizo reconocimiento expreso del Derecho Internacional Humanitario en los artículos 19, 22 y 23, de los cuales conviene transcribir el último de ellos, que expresa:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

 En el año 2012, Venezuela denunció la Convención con el fin de sustraerse de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, el Derecho Internacional Humanitario transciende la soberanía y sigue plenamente vigente, y otras convenciones internacionales, como el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 que instituyó la Corte Penal Internacional, el primer organismo judicial encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos contra del Derecho Internacional, que forma parte del sistema jurídico venezolano, ratificado el 7 de junio de 2000.

 El Estatuto de Roma identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

 La responsabilidad penal se les aplicará igualmente a todas las personas sin distinción de su categoría de Jefes de Estado o de gobierno, de miembros de un gobierno o parlamento, de representantes elegidos o de funcionarios gubernamentales. Ni su calidad de funcionarios puede constituir un motivo para rebaja de penas.

 El hecho de que una persona haya cometido un crimen por órdenes de un superior, no exime a esa persona de responsabilidad, por lo general. Asimismo, un comandante militar es penalmente responsable de los crímenes que cometan las fuerzas que están bajo su comando o control; y también incurre en responsabilidad penal el hecho de que el comandante militar sepa o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no reprima a los responsables.

 Pero todo ese andamiaje jurídico sería inútil sin la jurisdicción internacional, entendida ésta como la competencia judicial de cualquier Estado para juzgar o enjuiciar a personas por crímenes cometidos fuera de su propio territorio (jurisdicción territorial) sin que esto esté unido al estado por la nacionalidad del sospechoso (jurisdicción de la personalidad activa), o de las víctimas (jurisdicción de la personalidad pasiva) o por daño a los intereses nacionales del propio estado (jurisdicción protectora). Si una persona es acusada de haber cometido una desaparición forzada y está fuera del país donde el crimen fue perpetrado, las autoridades deben tomar a dicha persona en custodia, y/o bien extraditarlo o: entregarlo a otro Estado; entregarlo a un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado, como la Corte Criminal Internacional; o presentar el caso a las autoridades competentes del Estado para su enjuiciamiento.

En fin, gracias al Derecho Internacional Humanitario, que está incorporado al derecho interno venezolano, hay suficiente legislación y jueces como para confiar en que, quienes hayan violado derechos humanos, no escaparán de la mano de la justicia que, a veces, parece tardía.

(Este artículo es una edición de otro publicado con el título “Derecho Internacional Humanitario” en El Universal, de Caracas, el 13 de marzo de 2014).



PESCUEZO NO RETOÑA

 En la política, en cualquier país, hay anécdotas y cuentos, leyendas e invenciones, algunas trágicas y otras divertidas. También prudentes.

 Esta vez se trata de una historieta que, según parece, tuvo lugar el 22 de enero de 1958, el día previo al inolvidable 23 de enero.

 El 15 de diciembre de 1957, había tenido lugar el plebiscito para facilitar la continuación del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, con el beneplácito del Congreso Nacional que apoyó la fraudulenta jugada permitiendo que el dictador iniciara un nuevo mandato presidencial para el período 1958-1963; pero resulta que, en los días subsiguientes, comenzó una ardua tarea por la libertad, llevada adelante por los estudiantes y la histórica Junta Patriótica, junto con los partidos políticos, quienes movían clandestinamente las acciones contra la dictadura.

 Para el 1 de enero de 1958, es decir, apenas a 15 días del plebiscito, un grupo de militares se alzó contra el régimen fracasando en su intentona, pero Pérez Jiménez optó por modificar su gabinete ministerial, removiendo al ministro de Relaciones Interiores y al Jefe de la seguranal y efectuando una serie de nombramientos que no fueron del agrado general, por lo que el 21 de enero se produjo una huelga general.

 La situación se estaba poniendo cada día más tensa porque la oposición iba ganando adeptos, principalmente entre las fuerzas militares, al punto que el 21 de enero se produjo una huelga general; y reunido Pérez Jiménez con su equipo más íntimo el 22 de enero, cuéntase que el general Luis Felipe Llovera Páez, anticipando la debacle y temiendo por su vida, le dijo:

 “Marcos, vámonos. Pescuezo no retoña”.



FRASES HISTÓRICAS

Durante la II República Española hubo distintos ingredientes que dieron al traste con ese ensayo democrático en 1936 y que originaron la terrible y fratricida guerra civil que asoló a España hasta 1939; y dentro de esas actuaciones caben mencionar dos, específicamente: La beligerancia y la violencia.

La beligerancia consistía en la intolerancia hacia los adversarios -las derechas-“ a quienes no se les daba cuartel y constantemente se atacaba y perseguía desde las filas del gobierno, los sindicatos afectos, las “bandas armadas del régimen”, en fin, las izquierdas.

Esta beligerancia alcanzó sus mayores decibeles en el primer trimestre de 1936 y, en una sesión de las Cortes del 16 de junio de 1936, el parlamentario Juan Ventosa, profirió estas palabras en tono de reclamo:

“…si el gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe”.

 La violencia también subió de tono en el mismo período, agravada con el asesinato por hordas oficialistas de José Calvo Sotelo, diputado de oposición, lo que obligó días después al también parlamentario José María Gil Robles a quejarse vehementemente en la sesión de las Cortes del 15 de julio de 1936 en los siguientes términos:

 “Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente. Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella…Ahora estáis muy tranquilos porque véis que cae el adversario. Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros”.

 A los tres días de estas palabras, el 18 de julio de 1936 se inició el alzamiento militar, la guerra civil y la larga dictadura del generalísimo Francisco Franco.



ORGULLO DE GOBERNANTE

Todo gobernante debe sentir satisfecho al dejar el cargo cuando observa que las cifras que arrojan las estimaciones económicas sobre su desempeño son sobradamente positivas.
Así debió sentirse Sebastián Piñera, el Presidente saliente de Chile, cuando se despidió de sus coterráneos a través de una cadena nacional voluntaria. Nos vamos “con la alegría del deber cumplido”, dijo Piñera el domingo en cadena nacional voluntaria, agregando que “Hoy Chile crece, crea empleo, mejora los salarios, reduce la pobreza y las desigualdades”, y afirmó orgullosamente que dejaba “un mejor país”. 

Y es que no podía ser de otra manera la actuación de un gobernante serio que siempre mantuvo la compostura y jamás se le vio en actitudes estridentes y desacopladas: Más de un 5% de crecimiento económico promedio, aunque con una leve desaceleración de los últimos meses, casi un millón de trabajos creados, una tasa de desocupación en torno al 5,7% y una inflación muy baja marcaron sus cuatro años de gobierno.

En fin, Sebastián Piñera termina un mandato constitucional con un 50% de aprobación popular. Cumplió con su pueblo.


BELIGERANCIA, VIOLENCIA Y SOBERBIA

Narra el historiador británico Stanley G. Payne en “El colapso de la República” que en los agónicos días de la II República Española el país se encontraba totalmente dividido entre los seguidores del gobierno -los grupos de izquierda, anarquistas, sindicalistas, separatistas, “bandas armadas del régimen”- y los de oposición -democráticos, monárquicos, de derecha, falangistas con sus brigadas de choque- debido fundamentalmente a la beligerancia y a la violencia que se imponía desde la cúpula gubernamental y de los partidos del Frente Popular.
A todo esto, se sumaba la soberbia de Manuel Aznar y de Casares Quiroga, Presidentes de la República y del Gobierno, respectivamente, quienes se consideraban invencibles, al punto de negarse a cualquier diálogo con los sectores de oposición.

Dentro de ese convulsionado clima en el cual hasta el asesinato de políticos de ambas tendencias estaba a la orden del día, fue gestándose el golpe de estado militar, lo que era vox populi; los conspiradores encontraban ciertas dificultades para unificar a todos los comandos y por otro lado el gobierno no podía identificar que el coordinador del levantamiento era el general Emilio Mola pero, además, el oficialismo sobrestimaba su estabilidad, por lo que había una división palpable entre dos grupos: uno, que pensaba que lo conveniente a la República era dejar que se rebelaran las fuerzas armadas, pues inmediatamente los facciosos serían derrotados por el pueblo y la parte militar leal; y otro, que solicitaba al gobierno que repartiera armas a los colectivos oficialistas para enfrentarse a cualquier rebelión.

En medio de beligerancia, violencia y soberbia no hubo fórmula de entendimiento y menos la posibilidad de iniciar una negociación en un país dividido.

El 18 de julio de 1936, cayó la II República Española y lo que siguió, ya lo sabemos.


DE TINTERILLO, AMANUESE Y MUJIQUITA

 El castellano se ha venido enriqueciendo como lenguaje desde el año 1000, cuando un anónimo fraile del monasterio de San Millán de la Cogolla tuvo la genial ideal de traducir la oración del “Padre nuestro” para que el vulgo pudiera entender lo que, desde el púlpito, sermoneaba el sacerdote a sus feligreses, en latín; y una de las particularidades ha sido incorporar dichos y frases utilizadas cotidianamente para etiquetar ciertos hechos y circunstancias, bien sea con un contenido irónico o simplemente descalificador.

Los magistrados y jueces, es decir, aquellos funcionarios que forman parte del Poder Judicial encargados de administrar justicia en forma imparcial e independiente, cuando han incumplido su sagrada misión, han sido vistos desde la perspectiva de los dichos castellanos; y uno de ellos ha sido el de calificarles de “tinterillos” que, de acuerdo al DRAE, en América se corresponde con picapleitos, abogado de secano (jurista que no ejerce ni sirve para ello), rábula.

Otro calificativo utilizado para este tipo de personajes es el de amanuense, o sea, aquel que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta, y se les aplica porque sus decisiones no devienen del sentido de justicia sino de quien o quienes controlan su oficio y, por tanto, les han hecho perder su imparcialidad e independencia para, de rodillas, complacer a sus amos.

En Venezuela, la pluma de don Rómulo Gallegos dio vida al “mujiquita”, en “Doña Bárbara”. Se trataba de un personaje que manejaba las leyes y entendía la necesidad de aplicarlas, pero todas sus energías se centraban en darle matiz legal a las decisiones de Ño Pernalete -el personaje que en la novela se encargaba de administrar justicia- y maquillar todos los atropellos con frases edulcoradas con el falso sabor de la equidad.

En caso de que en este país fuera necesario escoger, se podría aplicar cualquiera de los tres calificativos a aquel sujeto que, diciendo cumplir como magistrado o juez, dicte una sentencia en la que se evidencie que la imparcialidad e independencia judicial -o los derechos humanos- han sido vilmente vendidos; pero, quizá valdría la pena preferir el de “mujiquita” para, a la vez, divulgar la obra maestra del excelso escritor caraqueño.































lunes, 3 de marzo de 2014

REFLEXIONES A PRIMEROS DE MARZO 2014

A PROPÓSITO DE UNAS DECLARACIONES DEL MINISTRO PARA LA EDUCACION

En el diario “EL UNIVERSAL”, de Caracas, del 25 de febrero de 2014, aparecen unas declaraciones atribuidas al ministro para la Educación mediante las que, dentro de la "campaña para erradicar la pobreza", se pretende establecer políticas sociales para sacar a los ciudadanos de esa condición pero, haciendo la salvedad, advirtió:

"No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos".

        Esta declaración que, prima facie, puede causar indignación de algunos, hay que concatenarla con aquella famosa frase atribuida al tristemente célebre Jorge Giordani, el cerebro gris de las finanzas que ha logrado transformar la economía venezolana en lo que hoy son:

“…los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así…”.

Pero resulta que no se trata de frases aisladas o mera retórica circunstancial, sino que deviene de un plan perfectamente ordenado y planificado como se desprende de la entrevista que la aguda periodista Carla Angola hiciera en febrero de 2013 al general Guaicaipuro Lameda, quien se desempeñara como alto funcionario del gobierno del ex Presidente Chávez, hace más de 12 años, publicada por www.saladeinfo.wordpress.com.

En esa entrevista, Lameda narra que, ante algunas observaciones que él había formulado el fallecido ex Presidente acerca de las finanzas y economía nacionales, éste convocó a una reunión con otros personajes, entre ellos Giordani, quien le preguntó por los temas a tratar.

Una vez que Lameda comenzó a explicar sus ideas a Giordani, éste le interrumpió en los siguientes términos:

 “Mire, General, usted todavía no ha comprendido la revolución. Se lo explico: Esta revolución se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente la forma de pensar y de vivir, y esos cambios sólo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio. El piso político nos lo da la gente pobre: ellos son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, LOS POBRES TENDRÁN QUE SEGUIR SIENDO POBRES, LOS NECESITAMOS ASÍ, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”.

Estas palabras tomaron por sorpresa a Lameda quien airadamente ripostó a Giordani con unas palabras subidas de tono que podrían parafrasearse de esta manera: Quienes así piensen son unos  hijos de meretrices y yo no trabajo con hijos de meretrices.

El incidente finalizó con la intervención del propio Chávez y, por supuesto, en el corto plazo Lameda dejó de prestar servicios al régimen.


XXV ANIVERSARIO DEL “CARACAZO”

Con bombos y platillos, y hasta con una declaración de día festivo, se ha pretendido rememorar una fecha que, por lo trágica y sangrienta, debería reducirse a una mención como hecho que aconteció en la historia reciente de Venezuela porque, en los anales de la conculcación de los derechos humanos, el Caracazo ciertamente constituyó una demostración de la brutalidad represiva, condenada hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre los motivos del Caracazo se ha tejido una interesada falacia histórica destinada a hacer ver que la acción violenta de aquellos días fue una rebelión de los pobres con conciencia de lucha, de batalla, que encarnó en las seculares víctimas de la desigualdad y la exclusión, contra el “paquete” económico y el Fondo Monetario Internacional. Eso es falso.

La verdad radica, en cuanto a este trágico suceso, en que el comportamiento económico excepcionalmente negativo de Venezuela, que venía inhibiendo el desarrollo social y el fracaso en la reducción de la pobreza, dio origen a una eclosión social; y no podía ser de otra forma cuando la tasa anual de crecimiento del producto total per capita promedio en el período que se inicia en 1978 hasta 2009 ha sido negativa, de 0.2%.

Por consiguiente, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez que había tomado posesión el 2 de febrero de 1989, dictó dos de providencias el 26 del mismo mes, una que preveía el aumento del combustible para vehículos automotores y otra el alza en el precio de los pasajes de transporte urbano e interurbano, se produjo un indeseable resultado: la situación social eclosionó y se desbordó hasta los trágicos límites históricamente reseñados.

En estos días, Henrique Capriles Radonsky, ha declarado que a “…25 años del caracazo que marcó a nuestra Venezuela, hoy, muchas de las condiciones siguen estando allí. No queremos otra explosión social”, mientras que un funcionario gubernamental, Jorge Arreaza, ha ripostado que El Caracazo "jamás se va a repetir en Venezuela".

Ante estas dos visiones, y la imposibilidad de anticipar seriamente acontecimientos, cabe preguntarse: se ha mejorado el comportamiento económico de Venezuela incrementando el desarrollo social y reduciendo la pobreza al punto de descartar una eclosión social?.

Nazly Escalona, una joven venezolana, residente en el Uruguay desde hace tres meses, se atrevió a dar la respuesta al diario El País, de Montevideo en su edición del 28 de enero de 2014:

"Estamos hoy a 25 años del Caracazo, que para nosotros tiene una significación importante porque fue el día en el que el gobierno salió a reprimir a la gente y es lo mismo, han pasado 25 años, y estamos en la misma circunstancia”.


DESCONOCIMIENTO? INDOLENCIA? INCAPACIDAD? COMPLICIDAD?

Una dama llamada Alina Fernández Revuelta, supuestamente hija de Fidel Castro y refugiada en el exilio, ha publicado en www.analitica.com, un escrito denominado “¿Cubanos agentones en Venezuela?”, en el que afirma que ese mensaje “Cubanos go home” que hoy recorre las calles de este país debió pronunciarse años atrás porque, según la susodicha dama, el aparato de inteligencia del castrocomunismo siempre estuvo activo desde los 60´s, pasando desapercibido para la dirigencia política y militar de la República civil.

Sin entrar a discutir la veracidad de la aseveración, la temida Dirección General de Policía (DIGEPOL) -temida como lo fue la Seguridad Nacional- contaba con conocidos esbirros de origen cubano, de ingrata recordación y de cuyo nombre no vale la pena acordarse, ocupando funciones de mando dentro de ese cuerpo policial; y si la memoria no me traiciona, algunos de esos personajes continuaron en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y algunos más jóvenes deben estar compartiendo funciones de espionaje y represión en el SEBIN.
  
De manera pues, que asumiendo como cierta la afirmación de Fernández Revuelta, efectivamente naturales del país caribeño siempre tuvieron presencia en Venezuela, del lado de la democracia y del castrocomunismo.

Lo lamentable fue que, en aquellos años, los servicios de inteligencia venezolanos no hubieran detectado la infiltración cubana que daría al traste con la República civil para dar paso al proceso de implantación del castrocomunismo en Venezuela. Con razón Fernández Revuelta afirma: "No estamos en el negocio de buscar culpables, ni somos detectives de la historia reciente de América Latina, pero ¿nadie sabia?, ¿nadie escuchaba? Por lo visto ni el propio ejército venezolano sabía lo que se estaba gestando en sus entrañas”.

Cómo fue eso posible?



EL AUTÓCRATA BENEVOLENTE

Se entiende por autócrata benevolente a aquel líder que consulta a sus seguidores y los incorpora en esas consultas en las decisiones que luego toma. Así lo expresó la socióloga Mariclen Stelling en un programa televiso del 2 de marzo de 2014, según refirió el diario “EL UNIVERSAL”, de la misma fecha; y la aplicó para heurísticamente calificar al fallecido ex Presidente Hugo Chávez como tal autócrata benevolente.

Sin entrar en consideraciones de carácter político, hay que recordar -por solamente mencionar a dos criminales megalómanos- que Adolf Hitler y Benito Mussolini se conectaban con sus respectivos pueblos en monumentales concentraciones donde cada uno de ellos iba obteniendo la aprobación de sus propuestas mediante los calurosos y enardecidos aplausos y gritos de exaltación que las multitudes les daban, para luego implementar las medidas políticas que habían planificado.

A mi entender, flaco servicio hace Stelling a la memoria del extinto mandatario venezolano al calificarlo como autócrata benevolente porque le ha puesto un sitial al lado de los dos criminales europeos mencionados, en la basura de la historia.

Pero independientemente de ello, lo que sí merece considerar es que Stelling, con su razonamiento, admite el abismo que hay entre una constitución democrática como la de 1999 y el concepto de autócrata benevolente, artero concepto, porque ambos no pueden coexistir: El autócrata ejerce su autoridad sin ningún límite, luego no puede ser benevolente cuando la benevolencia “es un sentimiento que nace de la ternura y de la bondad del corazón”.

Para finalizar, el novedoso concepto me hizo acudir a las REFLEXIONES A ULTIMOS DE MARZO 2013, en EL MUJIQUITA, cuando expresaba:

Los mujiquitas se reproducen constantemente al punto que les han salido al paso las mujiquitas, de una alta peligrosidad que esconden bajo las faldas y que disimulan con dulcificadas palabras”.



lunes, 24 de febrero de 2014

REFLEXIONES A ULTIMOS DE FEBRERO 2014

LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y EL GENERAL ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS

A las víctimas inocentes caídas en las pacíficas concentraciones y protestas de febrero de 2014 en Caracas. In memoriam.

A raíz de la muerte del general Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, asumió el poder el general Eleazar López Contreras, como constitucionalmente estaba dispuesto.

Tan pronto López fue investido, comenzaron las presiones públicas y  manifestaciones estudiantiles que pretendían que el nuevo mandatario se deslindara del “gomecismo”, es decir, de los altos funcionarios heredados del período anterior que permanecían incrustados en el poder, defendiendo sus espacios y fortunas.

El 12 de febrero de 1936, López suspendió las garantías constitucionales y, paralelamente, extremó la censura de prensa pues aunque los periódicos no agitaban, informaban de lo que sucedía, lo que el Gobierno consideraba riesgoso para su estabilidad. 

A los dos días, el 14 de febrero, se celebró la mayor protesta pacífica, encabezada por el rector de la Universidad Central de Venezuela, Francisco Antonio Rísquez, y por el Presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, Jóvito Villalba;  pero, inesperadamente, la policía disparó desde los balcones de la Gobernación contra el pueblo congregado en la plaza Bolívar de Caracas, ocasionando numerosas víctimas, entre ellas los jóvenes  estudiantes Eutimio Rivas, víctima de las balas asesinas, y Vincencio Báez Finol, quien milagrosamente salvó la vida.

La situación se agravó de tal manera que López se vio precisado de recibir a los líderes de la protesta en el Palacio de Miraflores  y luego, interpretando la voluntad de su pueblo expresada a través de los estudiantes,  anuló el decreto de suspensión de garantías y su proyecto de censura a la libertad de expresión, sustituyó al gobernador de Caracas causante de los hechos sangrientos del 14 de febrero, retiró de sus cargos a los “gomecistas” más prominentes y el día 21 del mismo mes, presentó al país un plan de reformas conocido como “Programa de Febrero”, en el que hizo un diagnóstico de las áreas problemáticas del país y de las soluciones más convenientes para enfrentarlas, entre ellas la promulgación de una Constitución Nacional más acorde con la apertura democrática que el país estaba experimentando, estableciendo la reorganización de la administración de Justicia y reconociendo las libertades y derechos relativos al trabajo, mediante la creación de una Oficina Nacional del Trabajo; la reorganización de la educación mediante la lucha contra el analfabetismo, el estímulo al deporte y la creación de un Instituto Pedagógico para la preparación del docente; la reforma del sistema tributario, buscando elevar la renta minera, y del sistema bancario nacional mediante el establecimiento de un Banco Central de emisión; celebración de tratados comerciales bilaterales y multilaterales; fomentar la inmigración y colonización interior del país, modernizar el ejército e incentivar, con ayuda del Estado, el aparato productivo nacional.

 El país, que estaba en crisis económica, política y social, comenzó a estabilizarse paulatinamente y, al finalizar su mandato gubernamental en 1941, en forma pacífica entregó el poder a su sucesor, el general Isaías Medina Angarita. 

El general López Contreras había devuelto la calma al convulsionado país que había heredado de general Gómez, gracias a la acción que un 14 de febrero, hace 78 años, habían encabezado los estudiantes.

Con razón, 24 años después de aquellos sucesos, la Constitución de 1961 reconoció los méritos de ese mandatario y le honró con la condición de senador vitalicio, como ex Presidente democrático.


DIALOGO Y NEGOCIACION

Un excelente amigo, José Enrique Turmero Turmero, compañero de estudios e integrante de la promoción de abogados J. J. Faría de Lima, ha terminado su andar por el mundo de los vivos. Dios lo tenga en la gloria. In memoriam.

Suena ingenuo pensar que un autócrata o dictador esté dispuesto a dialogar cuando su agenda política es mantenerse en el poder por medio de la fuerza, incluyendo el costo que pueda implicar la violación de los derechos humanos, sin importarle la opinión de sus adversarios, o la de la audiencia pública internacional.

Ahora bien, qué es el diálogo? Parece importante contestar esta pregunta porque el sustantivo tiene varias acepciones:

Diálogo es la conversación entre dos personas que exponen sus ideas alternativamente, y se le conoce también como coloquio y monólogo.

Diálogo es también la discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o encontrar una solución.

Finalmente, en la literatura, en prosa o en verso, el diálogo se caracteriza porque dos o más personajes conversan y discuten acerca de varios temas, generalmente de tipo filosófico o didáctico.

Pero hay una coloquial acepción y es aquella con la que se califica la conversación en la que los participantes no siguen una lógica con respecto a los temas y argumentos de los demás. Es lo que se denomina DIALOGO DE BESUGOS o DIALOGO DE SORDOS.

A mi entender esta última es la apropiada cuando se da una conversación política en la que el autócrata o dictador simple y llanamente no tiene interés en tratar con sus adversarios, en cuyo caso quien busque el diálogo en esas condiciones estará perdiendo el tiempo.

Quizás lo aconsejable sería que, quien quiera que un mandón de turno cambie sus políticas, opte por la negociación, es decir, el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y/o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Pero, para ello, el negociador debe prepararse adecuadamente, así como estar seguros de lo que se va a negociar y nunca perder el enfoque.




OTRO OPROBIOSO GALARDÓN

Las noticias financieras internacionales han anunciado que Venezuela ha culminado recientemente con el riesgo país más elevado del mundo, de donde se colige que si las autoridades monetarias consideran que debe acudirse a un  financiamiento mediante la colocación y venta de bonos en el exterior, tendrá que pagar una muy elevada tasa de interés.

El incremento de riesgo se manifiesta por el desplome de los bonos venezolanos en los últimos doce meses y, según los entendidos, se explica porque el mercado, a la muerte de Hugo Chávez, apostó a que las nuevas autoridades comenzarían a aplicar medidas económicas destinadas a crear confianza, cuando en realidad el tiempo ha transcurrido sin que haya señales serias de cambios de políticas.

A estas alturas, a finales de febrero de 2014, aún no hay señales oficiales que den un respiro a los inversionistas, y menos intenciones de escuchar el clamor que emerge pacíficamente desde la calle. Pareciera que todo se circunscribe a la “guerra económica” desatada por la economía dirigida contra el libre mercado, lo que impedirá que Venezuela se deshaga del vergonzoso premio que se ha ganado.



NO SON COSAS DE LA DEMOCRACIA

En el diario El Observador, de Montevideo, en su edición del 27 de diciembre de 2013 apareció publicada una “opinión-carta del director” con el título que encabeza esta reflexión, seguido de un subtítulo que reza así: “Creemos en la democracia representativa y sabemos que la Suprema Corte es la última defensa de los ciudadanos”.

Se relaciona la publicación con la toma de posesión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay por parte del doctor Julio Larrieux hecho, como se dice en el escrito, absolutamente normal dado que la presidencia del máximo tribunal es rotativa anualmente; pero que, en el 2013 tuvo especial transcendencia porque durante el año se creó “un largo collar de tensiones en las relaciones entre el partido de gobierno, tanto desde el Ejecutivo como desde el Parlamento, con el máximo órgano judicial”, conteniendo varias perlas, como el cuestionamiento del traslado de una jueza, la inconstitucionalidad de diversas leyes aprobadas por la bancada oficialista e, incluso, “…una asonada en las oficinas de la corte (sic), generando una inusitada tensión y alarma, puesto que ya implicaba un desconocimiento liso y llano de este tribunal”. Increíblemente, hasta se llegó a proponer una reforma constitucional por parte de connotadas figuras del Frente Amplio para quitar independencia a la Suprema Corte y hacerla funcional a las mayorías parlamentarias de turno en lugar de ser garante de los derechos y libertades individuales de todos los ciudadanos”.

Como era de esperarse de un magistrado imparcial e independiente, el nuevo Presidente de la Corte consideró en su discurso que toda esa serie de hechos tenían por objeto un “intento de desvalorizar el sistema democrático apoyado en tres poderes independientes”, frase que pronunció en presencia del presidente del Uruguay, José Mujica, quien, al ser interrogado acerca de las tensiones entre los poderes, replicó lacónicamente: Son cosas de la democracia”.

Al respecto, la “opinión-carta del director” no se conformó con la respuesta presidencial y, acertadamente comentó: Cuestionar (y no solo discrepar) al máximo tribunal, promover su eliminación, realizar una asonada en su sede, informar por parte de Presidencia que no tiene noticia de las razones del traslado de un juez y que el mismo podría ser inconstitucional, no son cosas de la democracia”.

Ciertamente, eso no es democrático, es pretender acabar con la independencia de poderes y, por supuesto, con la democracia, lo que “la opinión-carta del director” zanjó tajantemente:

De la democracia tenemos sí discrepancia, pero también tolerancia y respeto a las personas y a la separación de poderes. Lo que ocurrió el año 2013 nada tiene ver con ello. Lo que ocurrió no son “cosas de la democracia”. Al menos, no de la democracia republicana, que defiende derechos y separa poderes. Quizá sí de la democracia chavista o cristinista, donde el presidente procura acotar los límites a su poder”.

Claro, la “opinión-carta del director” circuló en un país esencialmente democrático, donde no funciona la censura ni la autocensura, ni tampoco se excluye de los medios audiovisuales a las empresas comunicadoras que critiquen al régimen.



AYN RAND

Con frecuencia, circula en la red el famoso y contundente mensaje de Ayn Rand:

"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada;
Cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores;
Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted;
Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto- sacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada."

No hace falta explicar el texto porque es de una claridad tan meridiana que, con una lectura rápida, cualquiera podrá identificar si en la sociedad donde vive se dan los supuestos que plantea Rand y la triste y lamentable conclusión que allí plantea.

Pero, quién era Ayn Rand? Pues se trata de una respetable  filósofa y escritora norteamericana, nacida en San Peterburgo en 1905, Rusia imperial, como Alisa Zinóvevna Rosembaum, y fallecida en New York, en 1982 a los 77 años.

Rand fundó la escuela del “objetivismo” dentro de la filosofía, que defiende el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez faire, para lo que argumenta que este sistema económico es el único que le permite al ser humano vivir como ser humano, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar.

Por supuesto, Rand adversaba de manera decidida tanto el socialismo como el altruismo y la religión; y entre sus principios sostenía que el hombre debe elegir sus valores y sus acciones mediante la razón, que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás no sacrificando a otros para sí, y que nadie tiene derecho a obtener valores provenientes de otros recurriendo a la fuerza física.

Sin dudas, Rand fue una decidida defensora de la libertad.