domingo, 26 de junio de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE JUNIO 2016

A Gustavo Briceño Vivas, abogado, profesor universitario, precursor del ombudsman en Latinoamérica, activo defensor de los DDHH, preocupado gremialista y buen amigo. In memoriam.

¿LUZ AL FINAL DEL TUNEL?
A la fecha de estas reflexiones, nuevamente la voluntad popular se ha impuesto sobre la provocación, la burla y el irrespeto manifestado por las mujiquitas del CNE al alcanzarse las cifras necesarias para pasar al último filtro que imponen las injustas cuan antidemocráticas normas que rigen el proceso del referéndum revocatorio en Venezuela, cual es la certificación de la eficacia de las firmas verificadas en el proceso de validación dentro de los plazos previstos para que el acto revocatorio se ejecute en el segundo semestre de 2016.
Pero esa voluntad popular y ese deseo de cambio que se ha manifestado en la gran concurrencia para la recolección de firmas y su validación tiene que mantenerse y ampliarse porque está más que demostrado que la “revolución llegó para quedarse” (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/314587/la-derecha-debe-acostumbrarse-que-esta-revolucion-llego-para-quedarse/) Por tanto, se hace necesario que a un comando unificado de la oposición se incorporen otros sectores de la vida nacional como los gremios empresariales y de trabajadores, representantes de los colegios profesionales, las Academias y universidades para que mantengan la presión sobre el cumplimiento de la normativa legal.
Si la “revolución llegó para quedarse”, quienes la defienden harán todo lo que esté a su alcance para sabotear el cumplimiento de las restantes etapas del referéndum revocatorio, como han intentado hasta ahora vanamente a través de inventados pasos y normas como el famoso y descarado “rebanado” de firmas bajo los pretextos más insólitos.
Los problemas de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos y, para ello, es precisamente el referéndum revocatorio cuando se quiere remover del poder a un funcionario electo por el voto; pero cuando los ciudadanos se ven atropellados por los designios del Poder Ejecutivo, excepción hecha del Poder Legislativo, aquellos tienen todo el derecho de acudir a las instancias internacionales para solicitar el apoyo necesario para que el funcionamiento del Estado de Derecho se haga efectivo.
Solo así se verá la luz al final de túnel, logrando el referéndum revocatorio antes de finalizar el 2016.

EL CERCO A LA CORRUPCION EN LA JUSTICIA INTERNACIONAL
La lucha contra la corrupción ha sido siempre un tema tratado por este escribidor en las REFLEXIONES desde hace ya casi cuatro años; y es que este delito constituye un inmenso crimen contra la humanidad no solamente por los efectos que causa sobre la economía mundial al movilizar ingentes sumas de dinero por las rutas del lavado de dinero, sino también en los aspectos sociales y morales de la sociedad que, muchas veces, atónita ante la ostentación de la riqueza mal habida por parte de los corruptos y de la impunidad de la que gozan, termina por aceptarlos en su seno y hasta calificarlos de honorables ciudadanos.
En ese proceso de enfrentamiento a la corrupción han participado innumerables personas que, responsablemente, han asumido posturas claras y definidas a lo largo de los años, y han surgido normativas internacionales y nacionales destinadas a castigar los delitos vinculados a la corrupción que se aplican o se intentan aplicar para obtener los castigos correspondientes y la devolución de los dineros mal habidos, como es el caso reciente de la Asociación Mundial de Juristas que ha presentado a la Asamblea Nacional venezolana el proyecto de LEY ORGANICA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCION, DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE RECUPERACION Y GESTION DE BIENES PUBLICOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, presentado al Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el pasado mes de abril.
Igualmente, y a nivel privado, COALICION PARA LA RECUPERACION Y RECONSTRUCCION A .C. (CORRE) es un proyecto de ONG  que cuenta con un Consejo Consultivo integrado por los abogados venezolanos Cecilia Sosa Gómez, Ana Lucina Garcia Maldonado. Roman J. Duque Corredor, Paciano Padrón, Franklin Hoet Linares y este escribidor, organización que tendrá por objeto, entre otros, enfrentar el flagelo de la corrupción y el terrorismo, mediante procesos legales justos y garantes del derecho a la defensa; promover en los ciudadanos la noción de que la lucha contra la corrupción y el terrorismo corresponde tanto a ellos como a las autoridades; combatir la impunidad de los delitos antes señalados, buscando desactivar los móviles que incentivan su comisión; coadyuvar en la repatriación de los activos y dineros ilegítimamente adquiridos a favor de los Estados que sufrieron su perjuicio, promoviendo su uso a las causas más nobles en cada uno de ellos; coadyuvar en la creación de instituciones fuertes y eficientes para el combate de la corrupción y el terrorismo. 
En medio de esta tarea ha llegado una buena nueva para alegría de los defensores de la causa de la transparencia administrativa -y para tristeza y temor de los corruptos-, y es que un Tribunal de Luxemburgo ha ordenado la repatriación  al Perú de dinero de Vladimiro Montesinos que se encontraba escondido en cuentas bancarias en ese país europeo.
Independientemente del derecho que tiene el ex asesor de Fujimori de recurrir de la sentencia, la importancia de este caso radica en que ha sido la justicia de Luxemburgo la que se ha pronunciado en favor de la petición hecha por el Estado peruano y, por ello, se ha afirmado que se trata de un fallo histórico porque el retorno del dinero mal habido se ha dado dentro de un proceso judicial y no como resultado de un tratamiento directo ni de cooperación de Estado a Estado.
Como se observa, la justicia a veces es lenta y por eso se dice coloquialmente que “tarda, pero llega”; y, dentro de este tortuoso y difícil camino contra la corrupción, la sentencia referida debe ser considerada como un claro precedente judicial internacional conforme al principio stare decisis, según el cual las decisiones precedentes sobre idénticas cuestiones deben ser seguidas por los tribunales.

LA IMPUTACION DE LOS AGENTES REPRESORES
Desde que en Venezuela se ha impuesto como práctica la represión violenta de las manifestaciones populares se observa cómo se van incrementando los daños personales a los manifestantes desde lesiones hasta la muerte, dando origen a las investigaciones pertinentes que, en algunos casos, terminan con las identificación de los autores de los crímenes, a quienes se inician los respectivos juicios.
Si se observan los hechos de la manera expresada, es probable, amigo lector, que usted termine diciendo que, a pesar de que algunos no han sido identificados, al menos los que fueron conocidos probablemente reciban su castigo con privación de la libertad porque, intencional o no, causaron lesiones y hasta la muerte  de quienes pacíficamente ejercían el derecho a manifestar; pero, piensa este escribidor que no parece razonable que la sanción alcance solamente a quien accionó un arma o una porra para herir a otros, por demás en las condiciones desiguales que magistralmente Rodolfo Izaguirre (http://www.el-nacional.com/rodolfo_izaguirre/Basura_0_868113278.html) describe al referirse a la fuerza pública: “Hay ferocidad, dureza y agresión en los uniformes de combate y en los enfrentamientos: las botas, las corazas y escudos y armas de gases y perdigones o balas de goma o plomo y porras”.
En efecto, los agentes de la represión generalmente son humildes soldados o policías, muchos de ellos sin el debido entrenamiento -otros son asesinos probablemente adiestrados por mercenarios de la dictadura más antigua y sanguinaria del Caribe- embutidos en trajes tipo “robocop” y dotados de escudos y sofisticado armamento; y es allí, cuando se presenta el uso indebido de la fuerza y de las armas que ocasionan las víctimas inocentes, al acatar la orden de avanzar.
Por tanto, si bien los autores materiales tienen que ser imputados, el castigo, conforme a la normativa de DDHH, debe alcanzar hasta sus superiores como responsables de la represión que ocasione víctimas porque no es justo ni  razonable que el ejecutor reciba la sanción y quien lo ordenó se quede tan campante al amparo del manto de la impunidad.

EL ÑAME Y EL PEPINO
El fallecido Arturo Uslar Pietri, en una de sus intervenciones a la largo de su existencia, dijo:
"La palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán, terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción".
Trae este escribidor a colación la sabia frase del intelectual venezolano con motivo de unas expresiones del Presidente Maduro cuando, en cadena nacional, decidió realizarle un regalo bastante particular al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, consistente en un pepino gigante “[…] como un gesto de cariño y amistad […]”  (http://notitotal.com/2016/06/17/pepino-gigante-le-pidio-maduro-una-yaracuyana-ramos-allup-video/).
Como dice la nota de prensa, no es la primera vez que el mandatario hace alusión a algún alimento de gran tamaño, pues ya en una oportunidad anterior, encontrándose en un mercado, tomó un tubérculo y aseguró que “le iban a meter medio ñame a la oligarquía traidora” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015; pero, habiéndole sido adverso el resultado electoral en ese proceso, habría que preguntarle adónde fue a parar el desproporcionado ñame.
No se trata de exigir el uso de lenguaje culto, ni pomposo ni adornado de latinazos -de eso se encarga un ostentoso mujiquita- sino de la necesidad de que, sin excepción, se empleen sonidos articulados para manifestar cívicamente lo que se piensa o se siente, en lugar de emitir frases groseras o vulgares porque, como apuntaba Uslar Pietri, “No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces”.

¿Será por eso que un alguien ha dicho que el Presidente debe conectar la lengua con el cerebro? ((http://www.noticierodigital.com/2016/06/henri-falcon-el-presidente-debe-conectar-la-lengua-con-el-cerebro/). 

martes, 7 de junio de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE JUNIO 2016

LA DESTRUCCION PAULATINA DEL ESTADO DE DERECHO A TRAVÉS DEL COLABORACIONISMO DE PODERES
El respeto al Estado de Derecho y al desenvolvimiento de la institucionalidad democrática son elementos fundamentales para que una sociedad disfrute de una estabilidad que le permita progresar. Dura lex, sed lex (La ley es dura, pero es la ley) decían los romanos siglos atrás, dando a entender que las normas jurídicas deben ser cumplidas independientemente de que ello afecte los intereses de los actores políticos pues las instituciones son hechas por los hacedores de leyes, dotados éstos del “velo de la ignorancia” al que aludía el filósofo de Harvard John Rawls, es decir, son aprobadas como normas generales ajenas al gusto de alguien en particular, y su aceptación y cumplimiento es lo que hace que rija el imperio de la ley. 
Ese respeto al Estado de Derecho no sólo obliga a los ciudadanos a asumir conductas democráticas que permitan el funcionamiento institucional, sino que quienes están a cargo de las instituciones deben procurar que el ejercicio de sus atribuciones se efectúe con respeto a la constitución y leyes y, en particular, de las actividades que corresponden a cada una de las ramas del Poder Público que, en Venezuela está constituida por cinco Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral.
La Constitución de 1999 y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen, por lo que toda .autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Por otra parte, la propia carta fundamental dispone que cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado, en lo que se ha denominado colaboración de poderes, o colaboración armónica de poderes, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo. Se trata, pues de un paradigma que garantiza el funcionamiento de los Poderes Públicos mediante un equilibrio que impide que se creen compartimientos estancos sino que funcione conforme a un sistema de pesos, contrapesos e interferencias constitucionales.
Ahora bien, ese principio de colaboración de poderes puede degenerar en el colaboracionismo de poderes, una curiosa doctrina desarrollada a finales de la primera década del año 2000 por ex magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual el principio de  colaboración debe verse hoy como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos para lograr que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo (véase EL DESEQUILIBRIO DE PODERES Y EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 en boletín AIPOP 275, EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL en boletín AIPOP 276).
Pero resulta que cuando la colaboración de poderes es sustituida por el colaboracionismo de poderes lo que realmente se busca no es que el Estado y la protección de éste se incorpore al interés colectivo del pueblo, sino la destrucción de la institucionalidad porque en ese caso el interés de uno de los Poderes Públicos se impone sobre el resto de sus integrantes, total o parcialmente, y, en ese caso, el fin objetivo de colaborar en la consecución del bien general o colectivo es sustituido por la voluntad del Poder que emerge sobre los demás Poderes.
De esa manera, paulatinamente, se destruyen las instituciones establecidas en la Constitución, se fractura el Estado de Derecho y el sistema democrático, haciendo nugatorio el principio según el cual el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de la ley; y, además, sin instituciones, tampoco hay progreso.
(Publicado en el boletín AIPOP No. 281 de 5 de junio de 2016)

¿CLAP = HOLOMODOR?
Según Wikipedia, Holodomor o Golodomor (en ucraniano, Голодомор, “matar de hambre”), también llamado Genocidio ucraniano u Holocausto ucraniano, es el nombre atribuido a la hambruna que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, en el contexto del proceso de colectivización emprendida por la URSS, durante los años de 1932-1933, en la cual habrían muerto de hambre entre 1,5 y 10 millones de personas.
Continúa el popular diccionario diciendo que existen dos puntos de vista fundamentales y opuestos sobre los responsables políticos de la tragedia ucraniana, y muchos puntos de vista intermedios entre estos. Según el primer punto de vista, el Holodomor habría sido un acto intencional de exterminio desatado por el poder central soviético encabezado por Stalin, y en particular, contra la nacionalidad ucraniana. Según el otro punto de vista, la tragedia habría sido consecuencia de una mala cosecha unido a la política de requisas del grano impuestas por el poder soviético a los campesinos con pequeñas propiedades, como medida punitiva para forzar la colectivización obligada, que dio como consecuencia la hambruna, no sólo en Ucrania, sino también en otras zonas agrícolas de la Unión Soviética.
Sea cualquiera que sea la verdadera versión de los hechos, recuerda Wikipedia que “El poder soviético de la época culpaba de la escasez de grano que impedía alcanzar las cuotas fijadas de alimentos al sabotaje -y a la guerra a la colectivización- emprendidos por los campesinos ricos, llamados kulaks, que habrían acaparado y destruido las cosechas y ganados, como método de oponerse al proceso de colectivización, justificando así las requisas efectuadas”.
Ha querido este escribidor iniciar esta reflexión porque ha conseguido una similitud en el proceder del estalinismo y los pomposos, por su título, COMITES LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION, cuyas siglas CLAP recuerdan a la palabra inglesa “clap” o “the clap”, aunque en la realidad tratan de solapar a aquellas viejas estructuras creadas en 2007 por el chavismo como Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, a los que competía, junto con los Consejos Comunales y el resto de instancias de un inventado e inexistente Poder Popular,  el control de la distribución de productos regulados conjuntamente con oficinas del gobierno nacional conforme a los lineamientos contenidos en la “Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios” e impedir la comisión de ilícitos económicos.
Independientemente de las connotaciones jurídicas de los CLAP, como su inconstitucionalidad, lo que hay que resaltar son los aspectos imprácticos de estos mamotretos, como la limitación o impedimento a los consumidores de adquirir los bienes y servicios de su preferencia, puesto que los CLAP decidirán qué bienes podrán adquirirse y, además, podrán determinar quiénes podrán adquirirlos.
Esto es lo que hay, y solamente los comprarán quienes estén con nosotros”, esa es la intención subyacente, pero resulta que, de esa manera, no se logrará superar el desabastecimiento y escasez, que son consecuencia de erradas políticas públicas que han restringido la producción de bienes y la importación de materias primas y productos terminados, con lo cual la consecuencia es que no hay suficientes productos que distribuir; y, según el oficialismo, es consecuencia de que los fabricantes y de las cadenas de distribución han optado por el acaparamiento y la especulación en perjuicio del pueblo, o sea, la torticera “guerra económica”.
En la era soviética estalinista no se superaron y menos solucionaron los problemas de la escasez, sino que condujo al Holomodor, a lo que hoy se equipara internacionalmente al genocidio. En la Venezuela de hoy, las imágenes diarias reproducidas por los medios informativos dan cuenta de las interminables colas para adquirir productos de primera necesidad, de la especulación de los comerciantes informales de productos regulados (alias) “bachaqueros”, de la escasez de alimentos y medicinas, de las protestas callejeras continuas y hasta de la eventual hambruna anunciada por Luis Vicente León (LVL)  (http://www.abc.es/internacional/abci-luis-vicente-leon-si-gobierno-no-hace-nada-habra-hambruna-venezuela-201606030227_noticia.html).
Los CLAP y el procedimiento establecido para su funcionamiento parecen ser iguales a los utilizados por los estalinistas y que condujo al HOLOMODOR. Terminarán CLAP y HOLOMODOR siendo lo mismo, en diferentes épocas?


LA DOBLE MORALIDAD DE LAS IZQUIERDAS
El mayor monumento franquista de Cataluña seguirá en pie en el lecho del Ebro. El sí ganó sobradamente con el 68% en una consulta que movilizó a un tercio de los vecinos de Tortosa (Tarragona). El derecho a voto era esta vez legítimo para cualquier empadronado mayor de 16 años y la goteante asistencia de electores a la docena de colegios electorales habilitados para las votaciones derivó, por momentos, en colas de más de media hora para depositar la papeleta. En algunas mesas incluso se necesitaron más urnas para agilizar el sufragio. Era esta una elección de blanco o negro, sin matices.
El argumento era común entre los partidarios de mantener el monumento levantado por el dictador Francisco Franco en 1966 como homenaje a la Batalla del Ebro y a lo que se bautizó como los primeros 25 años de paz tras el conflicto bélico. Más allá del “ya nos hemos acostumbrado a verlo aquí”, los que se alinean a favor de la conservación aluden a motivos económicos y entienden que el derribo es un gasto superfluo, tal como informan los medios (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/28/catalunya/1464470616_868416.html).
Como se observa, fueron los propios habitantes de esa población quienes, soberanamente, decidieron en consulta popular que se mantuviera el histórico y cuestionado monumento (http://www.abc.es/espana/abci-no-acepta-mantener-monumento-franquista-tortosa-como-votaron-ciudadanos-201605301451_noticia.html); pero la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido político español de extrema izquierda, defensor de la independencia de Cataluña y de los Países Catalanes, y que cuenta dentro de sus diputados a la polémica Anna Gabriel -la misma que dijo que Si pudiera formar parte de un grupo que decide tener hijos en común, me satisfaría la idea (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/11/catalunya/1462966185_313983.html)- no acepta mantener el monumento franquista de Tortosa como votaron los ciudadanos porque, a su entender, la consulta popular “no se tendría que haber hecho nunca” y se niega a acatar el resultado y acusan al alcalde de ser responsable de referéndum:Nos avergüenza profundamente que el alcalde de Tortosa apueste públicamente por mantener un monumento fascista. Es intolerable la imagen que se ha dado de Tortosa en Cataluña y él es el máximo responsable”.
He allí la doble moralidad de la izquierda. Cuando el referéndum popular les es favorable, parafraseando al fallecido ex Presidente Hugo Chávez afirman que “la voz del pueblo es la voz de Dios”; pero cuando les es adverso, entonces es producto de la manipulación o de malas influencias de la “derecha”, o en el caso de Tortosa, hay que desobedecer el resultado popular porque “[…] el obelisco es un canto al regimen franquista y un recuerdo perpetuo de las atrocidades cometidas por la dictadura”.

LA ABOGACIA VENEZOLANA PRESENTE EN LA CIUDAD CONDAL
El pasado mes de mayo, se llevó a efecto en Barcelona, España, la conferencia internacional de la WORLD JURIST ASSOCIATION (ASOCIACION MUNDIAL DE JURISTAS) bajo el lema “Internet: Challenges To Peace and Freedom”.
A la reunión asistieron abogados, profesores de derecho y magistrados de distintas partes del mundo quienes, bajo la organización del Capítulo España de WJA, trataron un tema tan controvertido como es la escasa o indebida regulación legal de la internet, hace necesario que se entiendan cuáles de sus características favorecen a libertad individual y social, así como cuáles ayudan a mantener la paz a nivel global y local, admitiendo que las redes sociales han promovido los estándares más altos de participación, lo que ayuda a difundir los ideales de la democracia en todo el mundo, pero que también han impulsado la propaganda terrorista en todo el mundo.  
La conferencia fue presidida por el abogado venezolano Franklin Hoet Linares quien en alusión al tema central del evento, en sus palabras de apertura expresó:
Estamos seguros de que, a medida que Internet se utiliza como un lenguaje común, como precursor, vamos a llegar a una forma común, el objetivo final: la paz y la justicia. Como juristas este es nuestro desafío: contribuir al desarrollo de la norma de derecho internacional, de manera que los objetivos se logran en la transición a la legislación nacional, siempre que abarque los efectos positivos de estos nuevos instrumentos que nos brinda la evolución tecnológica”.
Otro abogado venezolano, zuliano, Alberto Jurado, tuvo una especial presentación en la cual expuso temas de la actualidad venezolana relacionados con la internet bajo el título “CRIMINALIZATION OF ONLINE CONTENTS IN VENEZUELA” en la que hizo un análisis de la normativa legal internacional y venezolana sobre la libertad de expresión en Venezuela y su criminalización por parte de las autoridades.
Al final de la conferencia, resultó aprobada la “Declaración de Barcelona”, en la que se propuso:
1. Que se establezca un comité especial de las Naciones Unidas para evaluar las consecuencias de la cibernética mundial, el delito cibernético, el terrorismo cibernético, seguridad de la información, y la tecnología;
2. Que la Asociación Mundial de Juristas, como miembro de la Comunidad de las Naciones Unidas, sea encargada por las Naciones Unidas para dirigir esta iniciativa y para preparar y presentar a las Naciones Unidas una evaluación global de las leyes y las implicaciones de la cibernética; la seguridad cibernética; delincuencia en el ciberespacio; seguridad de la información y tecnología;
3. Que al término de esta evaluación, las Naciones Unidas trabaje conjuntamente con la Asociación Mundial de Juristas para elaborar un pacto mundial a la que se invitará a todas las naciones a suscribir que define los usos apropiados de Internet, la información de Cyber Seguridad y Tecnología.
 Espera este escribidor que la semilla sembrada por la WJA en la ciudad condal pronto germine en favor de la humanidad.


jueves, 26 de mayo de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE MAYO 2016

A Alain Coriat, abogado y agente de la propiedad intelectual, un señor a carta cabal  y buen  amigo que hizo de Venezuela su patria. In memoriam.

CRISIS HUMANITARIA
El artículo 83 de la Constitución de 1999, dice que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida […]”; y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.
De acuerdo a estos principios, y a otros de rango constitucional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado debe garantizar:
1.     Disponibilidad: debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud.
2.    Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales.
3.  Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna.  
No obstante, informan los medios (http://efectococuyo.com/principales/murio-el-nino-oliver-sanchez-tras-luchar-por-conseguir-medicinas-para-su-tratamiento) que en la tarde del pasado martes 24 de mayo falleció un niño de 8 años de edad, diagnosticado de un linfoma desde hacía más de un año.
Se tuvo conocimiento de su existencia y de la enfermedad que le afectaba cuando resultó fotografiado portando un cartel que decía  “Quiero curarme, paz y salud”, y lo exponía en medio de una protesta por falta de medicinas en la que él participaba con su madre porque era todo un “calvario” conseguir los medicamentos apropiados.
La imagen de Oliver –así se llamaba esta inocente criatura- en aquel momento se volvió viral en las redes, como ahora ha sucedido pero para trasladar la triste noticia de su fallecimiento en una clínica privada porque en el centro hospitalario público donde se le trataba no había camas disponibles en el área de terapia intensiva.
No es la primera vez que un niño fallece como consecuencia de la crisis de la salud, o sea, por falta de medicinas o por deficiencias en el sistema hospitalario, pues los medios dan cuenta de que un pequeño de tres años falleció en diciembre por falta de Cardioxane, usado para proteger el corazón de los efectos de la quimioterapia. Otro murió en febrero, tras convulsionar durante cinco días por falta de Lamotrigina.  A principios de marzo de este año, una niña marabina falleció mientras esperaba un trasplante de médula ósea.
Estas lamentables pérdidas de vida de infantes, y también las de adultos por las mismas razones,  revelan la existencia de una crisis humanitaria aunque las autoridades quieran “tapar el sol con un dedo”; y ello, como usted podrá imaginarse amable lector, engendra responsabilidades de todo tipo.
Descansen en paz las víctimas de la crisis humanitaria.

UN PANORAMA SIN JUSTICIA
El editorial del boletín 275 de AIPOP expresaba que ”[…] ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a  la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016”.
De esta manera, puede decirse que, a través del colaboracionismo de poderes, se ha puesto término a la independencia judicial y, por tanto, eliminado el derecho de acceso de todo ciudadano a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, al no garantizarle el Estado una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como dispone el artículo 26 de la Constitución de 1999.
Este estado de ausencia de justicia nos hace recordar a San Agustín de Hipona cuando en “La Ciudad de Dios (Libro IV, Cap. 4), se preguntaba:
Si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda.
Las palabras del “Doctor de la Gracia y máximo pensador del cristianismo del primer milenio, son más que elocuentes para dibujar el terrible panorama de un país sin justicia, por lo que el santo complementa su aserto con el siguiente diálogo:
Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador.        
(Publicado en el Boletín AIPOP No. 279 de 15 de mayo de 2016)

EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN FRONTERIZO
Un reportaje periodístico (http://www.lapatilla.com/site/2016/05/18/en-maicao-si-hay-como-la-frontera-esta-cerrada-los-productos-venezolanos-pasan-por-las-trochas-fotos-y-video/) da cuenta de que a la goajira población colombiana de Maicao llegan los productos venezolanos que pasan por las trochas en vista del cierre oficial fronterizo ordenado por el Presidente de la República para supuestamente atacar el contrabando y los grupos paramilitares que operan en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Venezuela y Colombia.
El resultado del reportaje es que en el “Mercado de las pulgas” de esa población fronteriza usted, amable lector, podrá conseguir toda clase de productos fabricados en Venezuela, tales como cerveza, leche en polvo, desodorantes y detergentes, a lo que se suman bebidas achocolatadas, queso fundido, crema de arroz, cereales, leche condensada, atún, jamón endiablado, adobo, vinagre, mostaza, salsas para condimentar carnes, salsa de tomate, avena en hojuelas, galletas, bebidas en polvo, suplementos vitamínicos en jarabe, yogurt, pepitonas, salsa de soya, salsa inglesa, pasta, chicha en polvo, detergente en polvo para cocina, jabón en polvo para ropa (varias presentaciones), destapa cañerías, aceite comestible, mermeladas, salsa barbecue, guasacaca picante, lavaplatos en crema, jabón de uso íntimo, desinfectante, suavizante de ropa, champú (varias marcas), acondicionador de cabello, enjuague bucal, jabón de tocador, toallas sanitarias, pañales, talco, afeitadoras y repuestos, crema dental, gelatina para cabello, cremas humectantes, protector solar, ambientadores en spray, cloro, toallas húmedas, colonia de bebés, insecticida, limpiador en spray, cremas humectantes, alimento concentrado para perros, toallas clínicas, huevos, camarones, queso, carne, guisantes enlatados y sardinas.
Como se observa, el fin perseguido por el gobierno de controlar el contrabando de extracción fronterizo ha sido un fiasco porque los contrabandistas siguen haciendo de las suyas, a lo que habría que agregar el contrabandeo de gasolina y hasta de medicinas; pero lo más asombroso es que esos productos extraídos no se quedan en el este colombiano, sino que son trasladados a otras regiones del país, como pudo comprobarlo este escribidor en una turística visita al popular mercado bogotano conocido como “San Andresito del Norte”, donde se puede adquirir una caja de la popular galleta fabricada por la conocida transnacional suiza al precio de $Co 16.000 (US$ 5.50 aproximadamente).

SOBRE LAS BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA Y EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO ROMANO

En una reflexión titulada BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA, inserta en las REFLEXIONES A PRIMEROS DE MAYO 2016, decía este escribidor que en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de abril en Asunción, Paraguay, los delegaciones de magistrados y jueces presentes en el evento acordaron que las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes sean eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de  esa organización para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos; y concluía diciendo que si las recapitulaciones lexicográficas y los diccionarios pretenden unificar criterios y definir patrones, en el ámbito del Derecho la función de precisión conceptual es más perentoria que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva en su aplicación práctica y por las insoslayables exigencias de la seguridad jurídica, por lo que la eliminación de los términos latinos por un lado, y por el otro la promulgación de ese novedoso diccionario, puede decirse que ambas son beneficiosas para el ciudadano de habla hispana quien, ahora, ya no tendrá que averiguar el significado de una extraña palabreja sino que, además, podrá consultar términos jurídicos con un diccionario especializado.
Ahora bien, no debe confundirse la eliminación de los “latinazos” en las sentencias promovido por la organización judicial mencionada con la obligación del abogado de conocer el derecho romano, pues éste forma parte de las instituciones del derecho occidental, como dice un acucioso ex profesor de derecho, el doctor Manuel Esparragoza Herrera, al afirmar que el "[…] Derecho Romano […] es el más apropiado para la formación del jurista, porque en sus normas está latente el alma y el espíritu de las leyes en general y solo conociéndolo puede el verdadero jurista penetrar en el sentido exacto de las suyas propias”.
De manera que una cosa es facilitar al ciudadano el lenguaje jurídico en el  habla hispana y otro la formación del abogado, el cual, sin el derecho romano y por supuesto sin el conocimiento aunque sea limitado del latín, nunca será un auténtico profesional del derecho.

PELIGROSO RECEPTÁCULO PARA LA INVERSIÓN
Este escribidor ha repetido regularmente que la guerra económica existe en Venezuela, entendida como la confrontación entre el libre mercado y la economía dirigida, y no como la presenta el sector oficialista, como el saboteo de la actividad económica por parte de los sectores de oposición; pero, sea lo que sea, hay una realidad que es que, según un informe elaborado por una ONG  (http://www.lapatilla.com/site/2016/03/09/invertir-en-venezuela-es-ya-tan-peligroso-como-hacerlo-en-siria-o-irak/) invertir en Venezuela conlleva el mismo riesgo que Siria, un país “envuelto en una violenta guerra civil”.
Aon, una empresa de gestión de riesgos y seguros, ha analizado 162 mercados emergentes y señalado los países más problemáticos para las empresas, entre los que también están “estados fallidos” como Somalia, “regímenes opacos” como Corea del Norte, o naciones con “riesgo extremo de violencia”, como Afganistán.
Al respecto, los periodistas españoles Daniel Viaña e Irene De La Torre que estudiaron el reporte, escriben:
Todas ellas, por lo tanto, tienen el mismo nivel de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre que el país que preside Nicolás Maduro y en el que la presencia de compañías españolas es muy extensa: Telefónica, BBVA, Mapfre o Repsol, entre otras, están allí, y todas ellas han sufrido ya las consecuencias de las sucesivas devaluaciones del peso. Precisamente el de las divisas es uno de los seis apartados que se analizan en el informe y que, en todos los casos, arrojan la peor calificación posible cuando se trata de […] de Venezuela. Así, la única nación americana en la lista de países con un riesgo político muy alto suspende en la parte legal y regulatoria, en los problemas derivados del intervencionismo político, la violencia, la posible interrupción de la cadena de suministros y el riesgo a un impacto soberano”.
Ante estas circunstancias, si se quiere dejar de ser un peligroso receptáculo para las inversiones para pasar a ser un lugar atractivo para hacer negocios, solamente cabe que el libre mercado se imponga  sobre la economía dirigida que impera en Venezuela y establezca una política institucional que garantice seguridad jurídica a la inversión.