lunes, 27 de julio de 2015

REFLEXIONES A ÚLTIMOS DE JULIO 2015

 

MERECIDO HOMENAJE A UN JURISTA

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela ha rendido un homenaje al doctor Alí José Venturini, el pasado 21 del corriente mes de julio; y es que el homenajeado es ni más ni menos, un jurista de dilatada actuación en el mundo del derecho patrio, particularmente en el derecho agrario, habiéndose desempeñado como Profesor de la materia en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de los Andes, donde difundió los conocimientos que adquiriera en el Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de la Universidad de Florencia, lo que completó en 1976 con la publicación de su obra “Derecho Agrario venezolano”, así como de otros trabajos de interés jurídico, la mayoría de ellos sobre la materia agraria, pero también otros acerca de la jurisdicción voluntaria, de interés para los procesalistas.
Por azar del destino, este escribidor no pudo acompañar a Alí en el acto académico, pero como cultor de la amistad y en prueba del aprecio hacia el homenajeado, rindo esta breve nota de reconocimiento a ese profesional del derecho a quien mi padre José Gabriel Sarmiento Núñez me enseñó a apreciar y valorar.

CUBA, MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

            En el Informe de Andrés Oppenheimer, publicado recientemente bajo ese título en el país.es, el agudo analista internacional ha sostenido que Cuba tardará “dos o tres años” en notar los efectos de la apertura internacional y que, entre otros desafíos que entraña, se encuentran la débil economía, una población envejecida y los bajos precios petroleros.
No obstante esas predicciones, Oppenheimer reconoce que las negociaciones entre el Presidente Obama y Cuba para normalizar las relaciones entre ambos países han generado gran entusiasmo en ciertos inversionistas, abogados y emprendedores estadounidenses que llegan a diario a la isla pero que, según el articulista, “muchos de ellos van a perder la camisa”.
            Dentro de ese espectro, cita la elevada edad promedio de los cubanos, sobre los 40 años, el ínfimo salario promedio de USA$ 20.00 mensuales,  el eventual deseo de los jóvenes de emigrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida, la ausencia de un sistema judicial independiente que de garantías a los inversionistas. 
            Como puede observarse, las atinadas observaciones pueden sin duda frenar cualquier intento de desarrollo inmediato pero siempre habrá fórmulas como para paliar los efectos pues precisamente de lo que se trata es que capital fresco acuda a la isla caribeña e invierta en áreas productivas; pero definitivamente lo que será insalvable, al menos para este escribidor, será la ausencia de un sistema judicial que garantice a los inversores foráneos justicia imparcial e independiente, a lo que habría que agregar seguridad jurídica, que solamente puede lograrse en un estado de derecho donde los poderes públicos estén fundamentados en una constitución democrática.
Parece que el Presidente Raúl Castro ha dicho que no habrá cambios en el aparato estatal. Si es así, faltará mucho para que el capital extranjero aterrice en el aeropuerto internacional José Martí y, en ese caso, el título utilizado por Oppenheimer viene como anillo al dedo.

PARIDAD Y ALTERNABILIDAD DE GÉNERO EN POSTULACIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL

            El árbitro electoral venezolano conocido como CONSEJO NACIONAL ELECTORAL -de dudosa reputación a pesar de los esfuerzos propagandísticos de sus integrantes- ha publicado una resolución relativa a la paridad y alternabilidad de género en postulaciones a la Asamblea Nacional, lo que no constituye un novedad porque ese organismo ha mantenido una política de protección de los derechos de las mujeres, como lo hizo en 2005 cuando se aprobó un exhorto a las organizaciones con fines políticos  para que sus postulaciones tomaran en cuenta la composición y paridad de género,  de 50% por  cada sexo, confirmado luego, en 2008, cuando el organismo comicial aprobó la misma resolución incorporando la fórmula para las postulaciones de no menor de 40% y no mayor de 60% por sexo, en caso de que no se logre en un 50%, que se corresponde con la recientemente aprobada.
            No trata este escribidor de impugnar la voluntad de la autoridad electoral de hacer justicia para la participación política de la mujer, sino simplemente apuntar que, a la luz de los recientes acontecimientos en países de primer mundo, los homosexuales, así como tienen derecho a un llamado “matrigay”, también deberían tener en Venezuela el derecho de invocar un porcentaje de participación electoral, por aquello de que lo que es igual no es trampa.
Y si, efectivamente, los homosexuales se dirigieran al árbitro electoral y solicitaran el mismo derecho, aplicaría ese organismo la misma política de protección que ha mantenido hacia los derechos de las mujeres?

CURIOSAS RECETAS ALIMENTICIAS EN TIEMPOS DE ESCASEZ

El historiador Juan Eslava Galán ha escrito un libro bajo el sello de Planeta (2005) con un curioso título: “Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie”.
Versa la obra sobre la guerra civil española, esa sangrienta conflagración que sacudió a España entre 1936 y 1939 y, en ella, el autor va narrando hechos ocurridos en ambos bandos, el nacional y el republicano, así como deja constancia de las maldades y asesinatos que se cometieron tanto por los “rojos” como por los “fascistas”. Asimismo, deja el autor referencia a hechos tan graves como la escasez de productos elementales y de alimentos que se daban en los dos sectores.
 En uno de los capítulos relata Eslava la dramática situación por la que pasaban los madrileños y recuerda a Leonor Pareja, también conocida como la cocinera ideal puesto que tenía un programa radial en el cual dictaba algunas recetas de cocina para aminorar el hambre de los sufridos civiles y militares.
La tortilla de patatas sin huevo y sin patatas consistía en pelar unas naranjas y ponerlas a remojar durante un rato para luego separar las peladuras blancas que hay entre la pulpa y la cáscara. Al mismo tiempo, se prepara una gachuela o masa  de harina no muy gruesa a la que se le agregan unas gotas de colorante para darle una tonalidad parecida al del huevo. Luego, se fríen las peladuras blancas de la naranja hasta que alcancen la textura adecuada, se les agrega la masa, dejándola dorar por ambos lados, y cuidando que quede jugosa.
No sabe este escribidor si se trata realmente de un simple ingenio para paliar el hambre, o de una antipática ironía de la tal cocinera ideal; pero es que, don Juan Eslava trae otra receta, más cruel aún por el nombre, que ofrecía la Pareja: “la merluza a la evacuada”:
Se cuece el arroz hasta que se seque y se convierta en una masa compacta. Entonces, lo recortamos en forma de merluza, se reboza en huevo y se fríe tal como si fuera la mismísima merluza”  En realidad, eran tortillas de arroz.
Esperemos que en estos tiempos en los que el gobierno es propietario del estómago de los venezolanos, no tengamos que acudir a tan detestables récipes, sugeridos en aquellos momentos de hambre en el Madrid sitiado por las fuerzas del Generalísimo, cuando los gatos y las palomas habían desaparecido en la villa del Oso y del Madroño.

¿PLAGIO LEGISLATIVO U OTRA RAZÓN?

De acuerdo al DRAE, Plagio es la acción de plagiar que, entre otros significados, quiere decir “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”; y viene a colación esta reflexión porque, según el decir de algunos entendidos, Venezuela ha plagiado el Código Penal español de 2010 en un artículo mediante el cual se ha querido regular como delito la “Corrupción entre Particulares”, con el objeto de dejar en claro que la corrupción, a la que se consideraba como un crimen que solamente podía ser cometido por funcionarios públicos, también puede ser regulada en el ámbito privado, y castigada cuando una persona, por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años […].
Pues bien, el legislador venezolano quizás afectado por la pereza mental, con pocas ganas de ahondar en la técnica legislativa y sin hacer comparaciones entre la sociedad española y la venezolana, optó por la solución más elemental -que para este escribidor no pareciera ser un plagio en el sentido literal de la palabra según el DRAE porque se trata de una ley que puede ser conocida por todos y copiada sin que haya una violación a la propiedad intelectual- limitándose el hacedor de leyes local a trasladar casi textualmente el artículo 286 bis del Código Penal de España al artículo 64 de la Ley de Precios Justos de 2012 y, en su afán de promulgar leyes punitivas, posteriormente, volvió a copiar en el artículo 47 de la Ley contra la corrupción de 2014, que se pueden leer en un solo texto:
Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos (02) a seis (06) años”.
Puede pensarse que se trata de una innovación en la legislación venezolana que, al fin, regula la corrupción en el sector privado cuando se den los supuestos de la norma, pero para saber si efectivamente esa tipificación delictual va a ser efectiva, habría debido tomarse en consideración las características de la sociedad venezolana para que la norma no vaya a terminar en letra muerta  como otros innumerables artículos de leyes, reglamentos, ordenanzas, circulares, providencias y pare usted de contar.

NOVEDOSA FORMA DE DEROGAR LA LEY

Según el DRAE, derogar es dejar sin efecto una norma vigente, lo que se hace de acuerdo a lo que disponga el ordenamiento jurídico de un país. Una ley puede derogar otra ley, o incluso normas de menor rango como un reglamento, pero no puede invalidar una norma constitucional porque la Constitución está por encima de la ley. De  igual manera, no puede un simple administrativo revocar lo que disponga una norma de mayor jerarquía, lo que caracteriza al estado de derecho.
Pero cuando existe el desprecio por el ordenamiento jurídico, cuando cualquier títere con cachucha, o sin ella, se considere un Luis XIV de Francia capaz de proclamar como aquel rey el “Estado soy yo”, hay clara demostración de la ausencia de un ordenamiento jurídico. En este sentido, ha llegado a las manos de este escribidor un memorándum fechado 12 de mayo de 2015, del  Jefe de la Coordinación Policial de Transporte Terrestre Carabobo para los Jefes de Estaciones Policiales de la Coordinación de Transporte Terrestre Carabobo mediante la cual se “[…] exhorta al personal a ser algo condescendientes con la ciudadanía al momento de hacer el respectivo chequeo de vehículos, si es por el parabrisas roto, defecto de una sola luz o un solo caucho liso, o certificado médico vial vencido, así como de abstenerse de solicitar el registro de operadores de transporte de carga ROTC, y la autorización de colocación de publicidad y calcomanías en los vehículos de carga”. 
Como se puede observar, a través de un simple memorándum se echó por tierra el contenido de la legislación de tránsito, lo que se justificó en “[…] la situación económica por la que atraviesa nuestro país […]”, incitando a los funcionarios subalternos a incumplir con sus obligaciones legales.
Pero el asunto no queda allí sino que el memorándum de marras agrega:
En los puntos de controles evitar detener vehículos de carga y exigir que se les regale mercancía de la que transportan tales como hortalizas, verduras, frutas y otros”, con lo cual se confirma, por la propia autoridad, de la existencia de cobros ilegales a los transportistas.
Finalmente, el memorándum corona su exhorto en los siguientes términos (en mayúsculas):
Y NO SE DEBE EFECTUAR RETENCION DE VEHÍCULOS A MENOS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON PERSONAS LESIONADAS Y FALLECIDAS”, lo que debe entenderse como que la autoridad de tránsito no debería ni siquiera detener a un vehículo robado o hurtado, o aquel que haya participado en un delito. Meros convidados de piedra.
Como se ve, no se trata solamente del irrespeto del estado de derecho sino que el dichoso memorándum contiene una clara violación de los derechos humanos y constituye a quienes cumplan con el exhorto en cómplices o coautores de delito en caso, por ejemplo, de accidente ocasionado un vehículo en mal estado cuya circulación haya sido permitida.