sábado, 23 de julio de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE JULIO 2016

LA “PROFUNDIZACIÓN” DEL “PROCESO”
“[…] la virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria.
Winston Churchill.
En el artículo ORDEN, CAOS, CRISIS, POBREZA Y DOMINACION (Boletín 283  AIPOP 27 de junio de 2016) expresaba este escribidor que el caos es la vía para el “derrumbamiento de todo el orden social tradicional”, como sugiere  el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels.
Agregaba que ese llamado de estos “demodés” pensadores  ha sido aplicado  en Venezuela desde 1999, y se manifiesta a través de  las políticas económicas, con lo que han creado un caos en la sociedad dando paso a la crisis humanitaria, declarada por la Asamblea Nacional; y ambos escenarios, caos y crisis, han abonado el terreno para que surjan el vandalismo y el pillaje, lo que conduce a la pobreza y, finalmente, tiene como objetivo la dominación de la sociedad, sobre la que se pretendería construir un nuevo orden social tradicional en el que los pobres tendrían que seguir siendo pobres.
Resulta que todas esas acciones -que quienes pensamos como demócratas liberales consideramos erradas o absurdas- forman parte “[… del plan de  destrucción diaria que vivimos y sufrimos, el desabastecimiento, las colas etc. las percibimos como una “derrota del socialismo”, pero en su mentalidad, ellos creen estar ganando al destruir el modelo anterior y las colas, el desabastecimiento etc. no son otra cosa que las consecuencias lógicas de la transición al modelo socialista”, como expresa Thays Peñalver (http://www.notiminuto.com/noticia/cuanto-falta-para-salir-de-esta-pesadilla/).
En efecto, el que una humilde mujer resuelva vender sus escasas pertenencias para poder comer (http://www.lapatilla.com/site/2016/07/09/en-medio-del-hambre-en-venezuela-la-gente-lo-vende-todo/); el que algunos seminaristas fueran robados, golpeados y desnudados (http://www.el-nacional.com/sociedad/Seminaristas-robados-golpeados-desnudados-colectivos_0_876512649.html); el que cientos de miles de venezolanos se encierren en sus casas apenas comienza a oscurecer, y otros tantos emigren a lejanas tierras (http://www.el-nacional.com/thays_penalver/alcance_0_580142163.html), no son hechos aislados sino que forman parte de las políticas públicas destinadas a consolidar el modelo de economía dirigida, en lo cual el desorden, el caos, la crisis y la pobreza facilitan la dominación que es fundamental para la sobrevivencia de ese rígido sistema económico.
Todo eso se complementa con inflación, la principal razón de la pérdida del poder adquisitivo y que está conduciendo a la puerta de una hiperinflación, donde algunos analistas estiman que superará el 700 % en el 2016, aunada a la escasez de adquirir algunos alimentos y medicinas o cualquier producto necesario (http://www.lapatilla.com/site/2016/07/09/el-92-de-los-venezolanos-no-tiene-capacidad-de-compra-para-adquirir-la-cesta-basica/) al punto que miles de personas llegaron a cruzar la frontera colombo-venezolana para comprar productos básicos (http://efectococuyo.com/principales/venezolanos-desbordaron-puentes-y-calles-para-comprar-comida-y-medicinas-en-cucuta).
El control estatal de medios de producción y la política de toma de tierras privadas, las empresas productoras de agroquímicos, procesadoras de alimentos, agroindustrias, pesqueras, centrales azucareros, cemento, acero, aluminio, parcialmente o totalmente paralizadas, reduciendo su capacidad de producir son parte de las políticas públicas implementadas y las verdaderas responsables de la perdida de la capacidad de compra para las familias venezolanas y sus crecientes limitaciones para alimentarse o adquirir cualquier producto necesario en sus quehaceres familiares.
Pues bien, todo eso no es adrede, ni producto de políticas equivocadas como lo ve la mentalidad democrática liberal, sino del plan de “profundización” del “proceso” en el que la destrucción de la sociedad de libre mercado es el objetivo final, lo que confirma Ricardo Hausmann (http://prodavinci.com/2016/07/14/actualidad/como-resolver-la-crisis-de-abastecimiento-en-venezuela-por-ricardo-hausmann/):
 “La crisis que vive Venezuela […] Es un desastre artificial, obra de un gobierno que ha querido sustituir a la sociedad […]”.

UNA VÍCTIMA DE LOS “PAPELES DE PANAMÁ”
Informan los medios (http://www.lapatilla.com/site/2016/07/09/detienen-a-representante-de-mossack-fonseca-en-venezuela-por-caso-papeles-de-panama/) que una abogada venezolana fue detenida en Venezuela, acusada de captar clientes en el país para el estudio jurídico panameño vinculado al caso “Papeles de Panamá”, será juzgada por el delito de captación indebida; y, mientras dure su juicio, permanecerá privada de libertad con sus cuentas bancarias congeladas.
No conoce este escribidor a la colega, de manera que lo que va a expresar son meras ideas objetivas, relativas al ejercicio profesional de la abogacía, partiendo del supuesto de que la acusada realmente era corresponsal o representante del bufete panameño, especializado, entre otras actividades, en la constitución de sociedades offshore en distintos lugares, algunos de ellos conocidos como paraísos fiscales, lo que hace suponer que la abogada, en Venezuela, ofrecía los servicios profesionales de la firma panameña a potenciales clientes, y probablemente recibiría alguna retribución económica.
La Ley de Abogados no contempla un delito como el que se le imputa a la indiciada porque para ejercer la profesión, hay que contar con  clientes y, para tenerlos, hay que captarlos. Solamente, en las normas deontológicas del abogado se considera contrario a la ética profesional el que un abogado tenga “agentes” o “corredores” para que le promocionen y “pesquen” clientes; pero no prohíbe que un abogado en Venezuela sea representante de un bufete extranjero, pues varios los hay en el país y por eso no incurren en delitos, de manera que pareciera que, bajo la Ley de Abogados no puede encauzarse a esa abogada por captación indebida.    
En la regulación penal venezolana, la intermediación financiera ilícita requiere dos acciones: de un lado, la captación de recursos; y del otro,  la colocación de los referidos recursos a través de cualquiera de los instrumentos financieros, lo que no ha sucedido en el caso expuesto, ya que la abogada lo que hacía era captar clientes, no recursos o capitales para luego colocarlos en instrumentos financieros.
Por consiguiente, pareciera que el delito imputado a la colega de marras carece de fundamento puesto lo que ella hacía era ejercer la abogacía.   
¿O será que todo este tinglado ha sido organizado por alguien interesado en deshacerse de los “Panama papers” que estarían -perdón, estaban- en los archivos de la abogada?.

LA IMPLORACIÓN DEL PERDÓN PÚBLICO
Desde hace algún tiempo, se ha venido desarrollando la noble costumbre de pedir perdón público por las faltas cometidas contra la humanidad por los antepasados; y un ejemplo ha sido el de la Iglesia católica, a través de su máximo jerarca, cuando pidió perdón  por los desafueros cometidos durante siglos por la Santa Inquisición.
Pero esa imploración, debe tener límites y no puede ser utilizada como la excusa de un gobernante por algún disparate cometido, so riesgo de sufrir tal desgaste que llegue a los extremos de posiciones ridículas y degradantes, y hasta cínicas; y tal es el caso del Presidente Peña-Nieto, de México, quien durante su mandato adquirió una lujosísima mansión por US$ 7 millones, lo que ocasionó una crítica generalizada porque la negociación se hizo con un contratista del gobierno (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36833655).
Resulta que ahora, y con motivo de una legislación anti corrupción, el mandatario mexicano ha dicho a los mexicanos que "Con toda humildad les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que causé", agregando que la adquisición de la llamada "Casa Blanca" afectó “la confianza del pueblo en la Presidencia”, cuando resulta que en el momento en que se denunció la dudosa negociación tanto él como su esposa expusieron numerosas y desconcertantes excusas para justificar la compra.
Como se ve, quien vaya a pedir excusas públicas debe ser muy cuidadoso en su exposición, revelando un sincero arrepentimiento, y no buscando una justificación a lo injustificable.
También hay que tener cuidado con los motivos para implorar misericordia. Si no, vea usted lector que algunos están pidiendo que España pida perdón por la toma de Granada, en 1492, alegando que se trató de un genocidio contra el pueblo andaluz (http://www.mediterraneodigital.com/identitarios/ultimas-noticias-identitarios/identitarios-1/las-bases-de-podemos-exigen-a-espana-que-pida-perdon-a-los-musulmanes-por-la-toma-de-granada.html); y de seguir con tales pretensiones, pronto alguien exigirá a otro que pida perdón por la toma de la Bastilla, o quien sabe Dios por cual otro hecho histórico transcendente.

MUERTE Y RESURRECIÓN DE LOS MAGISTRADOS “EXPRESS
La Asamblea Nacional (AN) dejó sin efecto la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con base en un informe parlamentario preparado por la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia en el que se detallan los vicios incurridos por el ente legislativo en  el proceso de designación en diciembre de 2015.
Como se observa, la AN no ha destituido a los magistrados, porque la destitución implica el juzgamiento de los magistrados a través de un proceso previsto en la Constitución de 1999 en el que se permite el derecho de defensa al sometido al enjuiciamiento, mientras que lo que hizo la AN al sancionar el informe parlamentario el 14 de julio fue dejar sin efecto esas designaciones, por haberse incurrido en las graves violaciones constitucionales constatadas por la mencionada comisión especial; y ese “dejar sin efecto” se fundamenta en el principio de auto tutela administrativa según el cual la administración puede enmendar sus propios errores, que fue lo que hizo la AN al declarar que las designaciones de magistrados que fueron efectuadas no pueden considerarse actos válidos y existentes porque en el proceso se cometieron graves violaciones, como dijo un diputado al afirmar que “cualquier jurista recién graduado en cualquier parte del mundo […] se dará cuenta de la aberración jurídica y fraude constitucional” de esas designaciones(http://www.lapatilla.com/site/2016/07/15/informe-de-la-an-sobre-la-anulacion-de-designacion-de-magistrados-del-tsj-sera-enviado-a-oea/).
Como era de esperarse, el 19 de julio la Sala Constitucional del TSJ anuló  la desafectación de los magistrados “express” aprobada por la AN por “[…] por carecer de validez, existencia y eficacia jurídica” y aprovechó para anunciar que continuará prestando sumisamente sus servicios al Poder Ejecutivo al pedirle a la AN que “[…] respete cabalmente el orden dispuesto en la Constitución […], cuya vigencia y eficacia, ante estos actos que constituyen en definitiva evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales, será protegida de manera irrestricta por este Máximo Tribunal de la República, en tutela del Pueblo venezolano y de los intereses de la Nación”.
Para la AN tampoco ha sido una sorpresa y, de hecho, ha reaccionado sosteniendo que la decisión no tiene las firmas requeridas y, por eso, no es sentencia sino un documento que carece de fuerza vinculante porque las decisiones se toman por mayoría absoluta: Si son 7 magistrados, la mayoría es con 5 integrantes. La sentencia aparente solo tiene 4 firmas, porque los magistrados “express”, es decir, los cuestionados por su ilegal designación, "[…] no asistieron por motivos justificados".
La historia podría no haber terminado.  Los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados y sus respectivos fiscales podrían salir  de su modorra y aprestarse a procesar conforme a las normas de la ética profesional del abogado a quienes, sin tener las credenciales y en conocimiento del fraudulento proceso de sus designaciones, tuvieron la osadía de usurpar las elevadas posiciones de magistrados del TSJ.

LA REVOLUCIÓN A PASO DE VENCEDORES
Un representante del oficialismo ha dicho que “[…] en el pasado tomamos algunas medidas como expropiación de algunas empresas que, lamentablemente, o no las hicimos productivas o incluso fracasaron en nuestras manos" (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/bernal-admitio-que-las-expropiaciones-fracasaron.aspx#ixzz4Ett83q2q).
No extrañaría amable lector, que usted, con una nota de cinismo le  replicara al declarante con ese refrán típico –“tarde piaste, pajarito”- para reprocharle que el reconocimiento de sus malas acciones en política económica es tardío, pero lo haría así porque usted razona desde la óptica del ciudadano que cree en el libre mercado; pero si, por el contrario, usted analiza la frase concienzudamente, se dará cuenta de que toda esa retahíla de palabras son la expresión de un falso arrepentimiento, puesto que verdaderamente son meras manifestaciones de triunfo por el abatimiento del libre mercado que es lo que persigue la economía dirigida y los controles que ésta promueve. En ese caso, usted tendría que felicitarle porque si en algo ha sido eficiente el “proceso”, es en hacer de la expropiación un instrumento para fomentar el caos, la crisis y la pobreza como vías para alcanzar “[…] el derrumbamiento de todo el orden social tradicional” aconsejado por el “Manifiesto comunista”.
Para que no quede duda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Venezuela será el país con el peor desempeño del mundo, con una contracción prevista de 10% este año y una inflación que superaría 700%!. (http://sumarium.com/fmi-preve-que-el-pib-de-venezuela-cerrara-2016-con-caida-de-10/).
Parece que queda claro.

PELIGROSA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS
Informan los medios (http://www.lapatilla.com/site/2016/07/20/golpe-parlamentario-tsj-permite-al-bcv-suscribir-prestamos-sin-autorizacion-de-la-asamblea-nacional/) que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) autorizó el 20 de julio al Banco Central de Venezuela (BCV) a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, alegando que “[…] el Banco Central (BCV) es una persona jurídica dotada de autonomía para el ejercicio de sus atribuciones con eficiencia […]”, lo cual es de “[…] especial interés en el marco del estado de emergencia económica actualmente en vigor”, por lo que “[…] el control previo de la Asamblea Nacional transgrediría la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela”.
No va este escribidor a fastidiar al amable lector con tediosos argumentos jurídicos sobre el fallo porque, como era de esperarse, su contenido ha sido favorable a los intereses del Ejecutivo Nacional, lo nada extraña cuando 17 sentencias anteriores han sido contra las decisiones de las AN y, por ende, en beneficio del Ejecutivo al que sirven los magistrados de la SC_TSJ.
Se trata de poner de manifiesto que la decisión se ha producido para facilitar al BCV la contratación de un préstamo de 1.000 millones de dólares con el FLAR, pero del cual solamente ha recibido unos 400 millones, monto éste equivalente a la reserva aportada por Venezuela al FLAR, con lo cual no compromete sus activos ni su responsabilidad.
Esto significa que el FLAR lo que ha hecho es devolver a Venezuela su aporte pero no ha ido más allá de esa cifra porque con toda seguridad el organismo ha consultado con su equipo de asesores legales, quienes le habrán informado que el procedimiento de contratación de créditos externos requiere de la autorización de la AN.
Esto explica, a su vez, la razón por la cual el BCV acudió a la SC-TSJ para que sentenciara como lo ha hecho porque le permite mostrar al FLAR que, según la decisión, el BCV es autónomo y puede contratar créditos externos sin control legislativo.
Ahora, basta saber si el FLAR va a aceptar esta falacia producto del contubernio de Poderes y a exponer al organismo a que, en el futuro, la contratación de su crédito pueda ser declarada ilegal y, por tanto, inexiste como deuda del BCV.



martes, 5 de julio de 2016

REFLEXIONES A PRIMEROS DE JULIO 2016

ORDEN, CAOS, CRISIS, POBREZA Y DOMINACION
El principio general que debe regir en una sociedad es el orden, es decir, lo que debe entenderse, según el DRAE, como “Ámbito de materias o actividades en el que se enmarca alguien o algo”; y orden público tiene distintas acepciones como “Situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”.
En el orden, y concretamente el orden público, como han sido entendidos por la Real Academia de la Lengua Española, es que pueden funcionar las instituciones dentro de una sociedad democrática; y, como antagonista del orden, y por tanto de la democracia, está el caos, que como dice el mismo DRAE, significa “Confusión, desorden”; y confusión equivale, entre otros sinónimos, a “Dejar a alguien sin capacidad de respuesta en una disputa”, mientras que desorden puede entenderse de distintas maneras cuando del orden social se trata: “Confusión y alteración del orden” o ”Perturbación del orden y disciplina de un grupo, de una reunión, de una comunidad de personas” o “Disturbio que altera la tranquilidad pública”.
Si el orden es lo que permite el normal desenvolvimiento de la sociedad democrática, el caos es la vía para acabar con la institucionalidad. En este sentido, vienen a colación el último párrafo del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels (https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/marx-manifiesto-comunista.pdf) en el cual proclamaban:
Los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos. Proclaman […] que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional […]”.
Este llamado al “derrumbamiento de todo el orden social tradicional” ha sido recogido en Venezuela por las fuerzas gobernantes desde 1999, lo que es público y notorio, por lo que no necesita ser probado, aunque hay frases célebres que no pueden ser olvidadas como las de un ex alto funcionario conocido como el “Monje” (https://saladeinfo.wordpress.com/2013/02/13/los-pobres-tendran-que-seguir-siendo-pobres-los-necesitamos-asi/) que, en su día dijo:
“[…] Esta revolución se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente la forma de pensar y de vivir, y esos cambios sólo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio. El piso político nos lo da la gente pobre: ellos son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, LOS POBRES TENDRÁN QUE SEGUIR SIENDO POBRES, LOS NECESITAMOS ASÍ, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”.
Paralelamente al caos, va la crisis humanitaria, declarada por la Asamblea Nacional (http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/asamblea-nacional-decreto-la-crisis-humanitaria-en-venezuela); y ambos escenarios, caos y crisis, abonan el terreno para que surjan el vandalismo y el pillaje, como ha sucedido recientemente en Cumaná; y todo ello deriva en la pobreza al destruirse numerosos comercios y establecimientos mercantiles que distribuían bienes y servicios a los cumaneses, o también en otras partes del país donde se están generando saqueos y ataques a los comerciantes.
Entonces, si existe un orden, y éste quiere ser destruido mediante el caos para provocar una crisis, la consecuencia es la pobreza y finalmente la dominación en una sociedad que se pretendería construir sobre el derrumbado orden social tradicional en la que los pobres tendrían que seguir siendo pobres para darle piso político.
Parece razonable, pero la realidad puede resultar distinta.
(Publicado en el boletín AIPOP 283 de 27 junio 2016)

UN MENSAJE A LOS VIOLADORES DE LOS DDHH
Informan los medios (http://www.nytimes.com/es/2016/06/28/tras-decadas-de-impunidad-la-familia-de-victor-jara-encuentra-justicia-en-estados-unidos/?em_pos=large&emc=edit_bn_20160628&nl=boletin&nlid=74311758&ref=headline&te=1) que un  Juzgado Federal en Orlando, Florida, concluyó que un antiguo oficial del ejército chileno es responsable de la tortura y la ejecución extrajudicial del cantante Víctor Jara en el Estadio Chile, en Santiago, donde estuvo detenido tras el golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet, en 1973; y por ello, lo condenó a pagar a los herederos de la víctima una gruesa compensación económica.
La noticia tiene importancia porque el demandado reside y trabaja como cocinero en los Estados Unidos y, además, ostenta la nacionalidad norteamericana, con lo cual quedó sujeto a la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura  ("Torture Victim Protection Act" TVPA) de 1992, que permite la presentación de demandas civiles contra individuos que, actuando en su capacidad oficial para cualquier nación extranjera, cometieron torturas y/o ejecuciones extrajudiciales, en este caso el homicidio de Jara, que es el caso por el que este sujeto ha sido condenado por los tribunales chilenos en 2012.
El proceso judicial se inició por una demanda propuesta por “Center for Justice & Accountability”, una organización de derechos humanos de San Francisco, y por una firma de abogados de Nueva York, en nombre de la familia de Jara, logrando que tras un juicio de 8 días con la presencia del acusado, el caso fuera decidido a favor de los demandantes, abriendo la posibilidad de que próximamente el demandado sea extraditado a su país natal.
Para este escribidor, la noticia viene a ser un mensaje para los violadores de DDHH pues de alguna manera se les advierte que, conforme a la ley norteamericana, pueden ser condenados en ese país a indemnizar a las víctimas, pese a que hayan transcurrido años, como en el caso comentado,  cuando el delito se cometió en 1973, o sea, hace 43 años; pero también quienes estén incursos en corrupción y lavado de dinero deberían saber que el cerco anti corrupción se cierra cada día, especialmente con leyes internacionales y otros proyectos que están en proceso de discusión y aprobación legislativa, como es el caso venezolano, donde la AN está estudiando distintos papeles de trabajo como el propuesto por la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JURISTAS (AMJ) bajo el título de LEY ORGANICA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCION, DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE RECUPERACION Y GESTION DE BIENES PUBLICOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, presentado al Presidente de la Comisión de Contraloría el pasado mes de abril.
Como expresó una hija del canta autor chileno a las puertas del Juzgado Federal luego de pronunciada la sentencia:
La cultura de la mentira, el encubrimiento y el matonaje ha sido pulverizada por el peso de la verdad en este tribunal”.

EL APOLITICISMO MILITAR EN LA CONSTITUCION VENEZOLANA
El artículo 328 de la Constitución de 1999 dice:
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de a acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna".
La interpretación ad litteram de esta norma es clara: la Fuerza Armada debe ser una institución apolítica, al servicio del Estado y no de una figura, un partido ni una idea política determinada; y sus integrantes no pueden actuar en actos de propaganda ni proselitismo político, por disposición del artículo 330 de la Constitución, según el cual los integrantes de la Fuerza Armada en situación de actividad “tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley”, pero no pueden “optar a cargo de elección popular” ni “participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
No obstante la transparencia con que se expresó el constituyente sobre el papel militar, un adalid de la  Guardia Nacional Bolivariana ha dicho que "[…] la GNB es y seguirá siendo chavista y mantendrá el legado de Hugo Chávez como doctrina filosófica y militar […] apegada a las leyes y firme en la defensa de la Constitución".
Pareciera que los citados artículos constitucionales son letra muerta o el jefe militar los obvió basándose en la torticera sentencia 651 de la SC-TSJ del 11 de junio de 2014 que, como traje a la medida, hizo una interpretación acomodaticia para intentar justificar la participación militar en las actividades políticas:
La participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica que […] representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad no está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública […], así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su participación se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica de la institución que de ellos se apresta”.
En los tiempos que corren, no extraña que la SC-TSJ interprete como le plazca cuando se trate de complacer a quienes dictan las órdenes a los magistrados, pero el artículo 4 del Código Civil venezolano es claro:
A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador”.
Juzgue usted, amable lector.

Y AHORA LA ZANAHORIA
En las Reflexiones a últimos de junio 2016, este escribidor incluyó una titulada EL ÑAME Y EL PEPINO, en las que aludía a un comentario del  fallecido Arturo Uslar Pietri sobre el uso de las palabrotas y los efectos que produce en quien las utiliza, con motivo de unas expresiones del Presidente Maduro cuando decidió realizarle un regalo bastante particular al presidente de la Asamblea Nacional consistente en un pepino gigante “[…] como un gesto de cariño y amistad […]” ; y agregaba que no era la primera vez que el mandatario hace alusión a algún alimento de gran tamaño, pues ya en una oportunidad anterior, encontrándose en un mercado, tomó un tubérculo y aseguró que “le iban a meter medio ñame a la oligarquía traidora” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015..
Finalizaba la nota diciendo que no se trata de exigir el uso de lenguaje culto, ni pomposo ni adornado de latinazos porque de eso se encarga un ostentoso mujiquita sino de la necesidad de que, sin excepción, se empleen sonidos articulados para manifestar cívicamente lo que se piensa o se siente, en lugar de emitir frases groseras o vulgares porque, como apuntaba Uslar Pietri, “No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces”.
Pero resulta que, como refirió recientemente una nota de prensa (http://www.unbombazo.com/2016/07/02/una-obsesion-nuevo-regalito-envio-maduro-ramos-allup/), algún tipo de fijación tiene el presidente de la República con frutas, verduras y tubérculos porque nuevamente envió otro  “regalito” a la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, que resultó ser en esta ocasión una zanahoria de gran tamaño “[…] .para que le dé un buen uso […] “. 
Este escribidor, modestamente, comparte los comentarios del ilustre intelectual venezolano sobre el uso de palabrotas y los efectos que ocasiona,  sobre todo cuando se trata de la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional, y por ello el empeño en invocar a Uslar Pietri cuando se presentan comentarios tan desagradables y de doble sentido, porque hasta el más lerdo ha entendido lo que ha querido decir el Presidente de la República.

Pero, amable lector, como usted ve, se trata de reflexiones destinadas a elevar la tónica de la discusión, dejando a los especialistas de la conducta y del comportamiento el análisis de las frases alusivas a tubérculos de gran tamaño.

domingo, 26 de junio de 2016

REFLEXIONES A ULTIMOS DE JUNIO 2016

A Gustavo Briceño Vivas, abogado, profesor universitario, precursor del ombudsman en Latinoamérica, activo defensor de los DDHH, preocupado gremialista y buen amigo. In memoriam.

¿LUZ AL FINAL DEL TUNEL?
A la fecha de estas reflexiones, nuevamente la voluntad popular se ha impuesto sobre la provocación, la burla y el irrespeto manifestado por las mujiquitas del CNE al alcanzarse las cifras necesarias para pasar al último filtro que imponen las injustas cuan antidemocráticas normas que rigen el proceso del referéndum revocatorio en Venezuela, cual es la certificación de la eficacia de las firmas verificadas en el proceso de validación dentro de los plazos previstos para que el acto revocatorio se ejecute en el segundo semestre de 2016.
Pero esa voluntad popular y ese deseo de cambio que se ha manifestado en la gran concurrencia para la recolección de firmas y su validación tiene que mantenerse y ampliarse porque está más que demostrado que la “revolución llegó para quedarse” (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/314587/la-derecha-debe-acostumbrarse-que-esta-revolucion-llego-para-quedarse/) Por tanto, se hace necesario que a un comando unificado de la oposición se incorporen otros sectores de la vida nacional como los gremios empresariales y de trabajadores, representantes de los colegios profesionales, las Academias y universidades para que mantengan la presión sobre el cumplimiento de la normativa legal.
Si la “revolución llegó para quedarse”, quienes la defienden harán todo lo que esté a su alcance para sabotear el cumplimiento de las restantes etapas del referéndum revocatorio, como han intentado hasta ahora vanamente a través de inventados pasos y normas como el famoso y descarado “rebanado” de firmas bajo los pretextos más insólitos.
Los problemas de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos y, para ello, es precisamente el referéndum revocatorio cuando se quiere remover del poder a un funcionario electo por el voto; pero cuando los ciudadanos se ven atropellados por los designios del Poder Ejecutivo, excepción hecha del Poder Legislativo, aquellos tienen todo el derecho de acudir a las instancias internacionales para solicitar el apoyo necesario para que el funcionamiento del Estado de Derecho se haga efectivo.
Solo así se verá la luz al final de túnel, logrando el referéndum revocatorio antes de finalizar el 2016.

EL CERCO A LA CORRUPCION EN LA JUSTICIA INTERNACIONAL
La lucha contra la corrupción ha sido siempre un tema tratado por este escribidor en las REFLEXIONES desde hace ya casi cuatro años; y es que este delito constituye un inmenso crimen contra la humanidad no solamente por los efectos que causa sobre la economía mundial al movilizar ingentes sumas de dinero por las rutas del lavado de dinero, sino también en los aspectos sociales y morales de la sociedad que, muchas veces, atónita ante la ostentación de la riqueza mal habida por parte de los corruptos y de la impunidad de la que gozan, termina por aceptarlos en su seno y hasta calificarlos de honorables ciudadanos.
En ese proceso de enfrentamiento a la corrupción han participado innumerables personas que, responsablemente, han asumido posturas claras y definidas a lo largo de los años, y han surgido normativas internacionales y nacionales destinadas a castigar los delitos vinculados a la corrupción que se aplican o se intentan aplicar para obtener los castigos correspondientes y la devolución de los dineros mal habidos, como es el caso reciente de la Asociación Mundial de Juristas que ha presentado a la Asamblea Nacional venezolana el proyecto de LEY ORGANICA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCION, DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE RECUPERACION Y GESTION DE BIENES PUBLICOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, presentado al Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el pasado mes de abril.
Igualmente, y a nivel privado, COALICION PARA LA RECUPERACION Y RECONSTRUCCION A .C. (CORRE) es un proyecto de ONG  que cuenta con un Consejo Consultivo integrado por los abogados venezolanos Cecilia Sosa Gómez, Ana Lucina Garcia Maldonado. Roman J. Duque Corredor, Paciano Padrón, Franklin Hoet Linares y este escribidor, organización que tendrá por objeto, entre otros, enfrentar el flagelo de la corrupción y el terrorismo, mediante procesos legales justos y garantes del derecho a la defensa; promover en los ciudadanos la noción de que la lucha contra la corrupción y el terrorismo corresponde tanto a ellos como a las autoridades; combatir la impunidad de los delitos antes señalados, buscando desactivar los móviles que incentivan su comisión; coadyuvar en la repatriación de los activos y dineros ilegítimamente adquiridos a favor de los Estados que sufrieron su perjuicio, promoviendo su uso a las causas más nobles en cada uno de ellos; coadyuvar en la creación de instituciones fuertes y eficientes para el combate de la corrupción y el terrorismo. 
En medio de esta tarea ha llegado una buena nueva para alegría de los defensores de la causa de la transparencia administrativa -y para tristeza y temor de los corruptos-, y es que un Tribunal de Luxemburgo ha ordenado la repatriación  al Perú de dinero de Vladimiro Montesinos que se encontraba escondido en cuentas bancarias en ese país europeo.
Independientemente del derecho que tiene el ex asesor de Fujimori de recurrir de la sentencia, la importancia de este caso radica en que ha sido la justicia de Luxemburgo la que se ha pronunciado en favor de la petición hecha por el Estado peruano y, por ello, se ha afirmado que se trata de un fallo histórico porque el retorno del dinero mal habido se ha dado dentro de un proceso judicial y no como resultado de un tratamiento directo ni de cooperación de Estado a Estado.
Como se observa, la justicia a veces es lenta y por eso se dice coloquialmente que “tarda, pero llega”; y, dentro de este tortuoso y difícil camino contra la corrupción, la sentencia referida debe ser considerada como un claro precedente judicial internacional conforme al principio stare decisis, según el cual las decisiones precedentes sobre idénticas cuestiones deben ser seguidas por los tribunales.

LA IMPUTACION DE LOS AGENTES REPRESORES
Desde que en Venezuela se ha impuesto como práctica la represión violenta de las manifestaciones populares se observa cómo se van incrementando los daños personales a los manifestantes desde lesiones hasta la muerte, dando origen a las investigaciones pertinentes que, en algunos casos, terminan con las identificación de los autores de los crímenes, a quienes se inician los respectivos juicios.
Si se observan los hechos de la manera expresada, es probable, amigo lector, que usted termine diciendo que, a pesar de que algunos no han sido identificados, al menos los que fueron conocidos probablemente reciban su castigo con privación de la libertad porque, intencional o no, causaron lesiones y hasta la muerte  de quienes pacíficamente ejercían el derecho a manifestar; pero, piensa este escribidor que no parece razonable que la sanción alcance solamente a quien accionó un arma o una porra para herir a otros, por demás en las condiciones desiguales que magistralmente Rodolfo Izaguirre (http://www.el-nacional.com/rodolfo_izaguirre/Basura_0_868113278.html) describe al referirse a la fuerza pública: “Hay ferocidad, dureza y agresión en los uniformes de combate y en los enfrentamientos: las botas, las corazas y escudos y armas de gases y perdigones o balas de goma o plomo y porras”.
En efecto, los agentes de la represión generalmente son humildes soldados o policías, muchos de ellos sin el debido entrenamiento -otros son asesinos probablemente adiestrados por mercenarios de la dictadura más antigua y sanguinaria del Caribe- embutidos en trajes tipo “robocop” y dotados de escudos y sofisticado armamento; y es allí, cuando se presenta el uso indebido de la fuerza y de las armas que ocasionan las víctimas inocentes, al acatar la orden de avanzar.
Por tanto, si bien los autores materiales tienen que ser imputados, el castigo, conforme a la normativa de DDHH, debe alcanzar hasta sus superiores como responsables de la represión que ocasione víctimas porque no es justo ni  razonable que el ejecutor reciba la sanción y quien lo ordenó se quede tan campante al amparo del manto de la impunidad.

EL ÑAME Y EL PEPINO
El fallecido Arturo Uslar Pietri, en una de sus intervenciones a la largo de su existencia, dijo:
"La palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán, terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción".
Trae este escribidor a colación la sabia frase del intelectual venezolano con motivo de unas expresiones del Presidente Maduro cuando, en cadena nacional, decidió realizarle un regalo bastante particular al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, consistente en un pepino gigante “[…] como un gesto de cariño y amistad […]”  (http://notitotal.com/2016/06/17/pepino-gigante-le-pidio-maduro-una-yaracuyana-ramos-allup-video/).
Como dice la nota de prensa, no es la primera vez que el mandatario hace alusión a algún alimento de gran tamaño, pues ya en una oportunidad anterior, encontrándose en un mercado, tomó un tubérculo y aseguró que “le iban a meter medio ñame a la oligarquía traidora” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015; pero, habiéndole sido adverso el resultado electoral en ese proceso, habría que preguntarle adónde fue a parar el desproporcionado ñame.
No se trata de exigir el uso de lenguaje culto, ni pomposo ni adornado de latinazos -de eso se encarga un ostentoso mujiquita- sino de la necesidad de que, sin excepción, se empleen sonidos articulados para manifestar cívicamente lo que se piensa o se siente, en lugar de emitir frases groseras o vulgares porque, como apuntaba Uslar Pietri, “No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces”.

¿Será por eso que un alguien ha dicho que el Presidente debe conectar la lengua con el cerebro? ((http://www.noticierodigital.com/2016/06/henri-falcon-el-presidente-debe-conectar-la-lengua-con-el-cerebro/).